Sánchez cierra filas con Iglesias y permite a Podemos avivar su cruzada contra los jueces
El presidente del Gobierno mantiene el apoyo a su vicepresidente para sostener la coalición, a pesar de que algunas voces del PSOE creen que debilita la posición del partido frente a los casos que afectan al PP
La continuidad de Pablo Iglesias en el Gobierno no peligra. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha respaldado a su vicepresidente segundo. Y ha dado manga ancha a Iglesias para avivar su cruzada contra los jueces en el pulso que Poder Judicial y Ejecutivo mantienen desde hace semanas.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al líder de Podemos por denuncia falsa o simulación de delito, revelación de secretos "con agravante de género" y delitos de daños informáticos cometidos en el caso Dina.
Sánchez ha dicho que no le preocupa el futuro judicial de Iglesias. Y ha recurrido a la fórmula que usa habitualmente cada vez que los tribunales dan un aviso a Podemos, un hecho que sucede cada vez con más asiduidad. "Respeto absoluto a la Justicia". Así lo ha expresado en una conversación informal que ha mantenido con periodistas antes de viajar a Argelia.
El presidente del Gobierno sostiene que la coalición PSOE-Podemos es sólida y ha conversado con Iglesias después de conocerse la petición del magistrado. El vicepresidente seguirá en el Consejo de Ministros. La única salida de un ministro morado se producirá si Sánchez sigue adelante con el plan de reducir sus 22 ministerios. El presidente perfila una crisis de Gobierno después de aprobar los Presupuestos, en la que prevé recortar carteras, reordenar competencias y relevar a algunos ministros.
"Poderes profundos del pasado"
Mientras tanto, Iglesias y Podemos seguirán, con el respaldo tácito del presidente del Gobierno, en su campaña contra esos "poderes profundos que nos quieren devolver al pasado". Es la expresión que ha utilizado Iglesias en la tarde del miércoles. El vicepresidente segundo ha comparecido junto al resto de vicepresidentas del Gobierno para hablar de la parte correspondiente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, opacado por el estallido del caso Dina.
El Gobierno de coalición libra un pulso con el Poder Judicial por su renovación. Sánchez ha sugerido un cambio en la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el concurso del PP, que ahora es imprescindible. El punto álgido de este enfrentamiento se vivió con el veto a la presencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.
La exposición razonada del juez ha venido a dar combustible a la formación morada en este enfrentamiento. Los portavoces de Podemos han arremetido contra el escrito de García Castellón. Pablo Echenique lo ha calificado de "disparate". Y los dirigentes morados sugieren que no hay responsabilidad alguna de Iglesias, sino una campaña orquestada por otros motivos que tampoco aclaran.
Iglesias arruina el 'show' de Sánchez
El complicado horizonte judicial de Iglesias ha arruinado el despliegue mediático de La Moncloa para vender su plan de recuperación, que exige Bruselas para liberar los 140.000 millones del fondo de rescate europeo. Fuentes del Gobierno admiten que la petición del juez "monopoliza el telediario" por delante de la presentación de este programa. Sánchez ha presentado las líneas maestras del mismo en un acto en La Moncloa con centenares de empresarios e invitados conectados por internet y la actuación del pianista James Rhodes.
El cierre de filas de Sánchez con Iglesias se ha seguido a rajatabla por los ministros socialistas del Gobierno y los principales dirigentes del partido. Pero eso no quiere decir que guste a todos. Fuentes del PSOE admiten que el cerco judicial a Iglesias debilita su posición a la hora de arremeter contra los casos de corrupción del PP.
"Es artillería para el PP", admiten estas fuentes. "No sólo para relegar la presentación de los fondos europeos, sino también para minimizar los casos que les afectan a ellos".
Tumbar el suplicatorio
El horizonte judicial de Iglesias queda en manos del Tribunal Supremo y de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. De ellos dependerán los siguientes pasos para decidir si el vicepresidente, aforado, será procesado por los delitos que se le imputan. La Fiscalía anticorrupción ya se posicionó en contra de la imputación de Iglesias.
Pero, en caso de que el Supremo prosiga con la causa, la coalición se vería abocada a un test de resistencia más complicado. El Congreso de los Diputados deberá levantar o no la inmunidad a Iglesias para que sea juzgado. El bloque de la investidura tiene mayoría suficiente para tumbar el suplicatorio del vicepresidente.