Los jueces de Castilla y León, Extremadura y Madrid se revuelven contra el Gobierno por su plan de reforma del CGPJ
Manifiestan su "rechazo y preocupación" por una modificación normativa que supone "una merma de la independencia judicial"
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se suma a las críticas vertidas por los jueces contra el Gobierno por su proyecto de reforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contar con el apoyo parlamentario de tres quintos en el Congreso y el Senado.
En un comunicado, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León manifiesta su "rechazo y preocupación" por una modificación de la norma que supone "una merma de las garantías de independencia judicial".
La Sala apuesta por que la renovación del Poder Judicial se realice mediante la designación directa de los doce vocales judiciales por los propios jueces y magistrados, en línea con lo que propone el Partido Popular, que exige apartar a Podemos del proceso de negociación.
Asimismo, el tribunal urge al "inmediato desbloqueo" de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que arrastra un retraso de dos años, y pide que se deje a un lado "cualquier confrontación política que pueda ofrecer una apariencia de contaminación que comprometa su necesaria independencia”.
Críticas de Extremadura y Madrid
Este movimiento se suma al del Tribunal de Justicia de Extremadura, que ha compartido un comunicado idéntico, y el de los jueces madrileños.
En concreto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha expuesto en una nota su "profunda" preocupación ante la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al considerar que la propuesta "no se ajusta" a la Constitución al eludir "el necesario consenso parlamentario" y dejar en manos de "la mayoría política la formación del órgano llamado a velar por la independencia judicial", han informado fuentes jurídicas.
A estas críticas se suman, asimismo, las palabras del presidente del TSJM, Celso Rodríguez, que afirmó en declaraciones a Europa Press que "desde el respeto que en un sistema democrático pueden acoger las iniciativas parlamentarias", la reforma en la elección de los vocales del CGPJ que plantea el Gobierno es "técnicamente contraria a la Constitución".
El magistrado fundamenta esta afirmación en la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional contra la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo en el año 1986. El Tribunal Constitucional dictó en esta sentencia que el sistema de elección de vocales sería acorde a la Constitución si lograse evitar que se convirtiera en "un mecanismo de traslación de lo que es el mapa de mayorías parlamentarias".
Rodríguez recordó además que la mayoría de tres quintos "garantiza la necesidad de consenso" a la vez que evita "la imposición de una mayoría parlamentaria determinada". El magistrado reflexiona que con este dictamen, el Tribunal Constitucional mostró "una clara intención" de "evitar todo aquello que pueda parecerse a un intento de politización del Consejo General del Poder Judicial".