Uno de los vocales progresistas 'rebeldes' del CGPJ: "Hemos hecho lo que había que hacer"
"Estar en funciones no prohíbe nombrar jueces, nunca se ha presentado este problema", dice Rafael Mozo, que apela a la "responsabilidad" del Consejo pese a la "anomalía" de llevar dos años en funciones
Rafael Mozo Muelas es uno de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que defiende seguir nombrando jueces a pesar de estar en funciones. "Es una responsabilidad", dice. Designado en su día para sentarse en el órgano por decisión del PSOE, discrepa de la opinión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y los planes del Gobierno de limitar las competencias de la institución mientras no se renueve.
“La relación entre nosotros es cordial”, relata antes de dar su opinión sobre los últimos acontecimientos vividos esta semana. Se refiere al trato entre el bloque conservador, mayoritario en el CGPJ desde los tiempos de la victoria electoral de Rajoy, y el progresista, que estos días vota dividido. El órgano de Gobierno de los jueces decidió desatender las peticiones del Ejecutivo y nombró a cuatro nuevos jueces para plazas clave de la carrera horas después de que PSOE y Podemos impulsaran una proposición de Ley que trata de impedirlo.
Estos nombramientos salieron adelante con 18 votos. Tres vocales progresistas decidieron no participar y votaron en blanco como forma de demostrar que no están de acuerdo con que el Consejo siga nombrando tras dos años en funciones. “Los que tienen otra opinión y votan en blanco, allá ellos, hay dos o tres que entienden que no se puede hacer y votan en blanco, respetabilísimo”, dice.
"¿Cómo estaría la Sala Segunda?"
La mayoría del bloque progresista, en cambio, se sumó a esta rebelión contra el Gobierno y se unió a la mayoría para seguir actuando como los dos últimos años en los que se han designando 63 nuevas plazas de magistrado. El CGPJ nombra a los puestos clave de la carrera, como los jueces del Supremo, los presidentes de las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, entre otros.
Mozo cuenta con 35 años de carrera y siempre ha estado en la jurisdicción, menos los siete años que lleva en el Consejo. En su caso, además, forma parte de la Comisión Permanente, por lo que le exige dedicación exclusiva. “Imagina que interpretamos estar en funciones en el sentido que se hace por ciertos sectores. En dos años que llevamos en funciones, si no hubiésemos hecho nombramientos ¿cómo estaría la Sala Segunda?”, se refiere a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encargó de juzgar a los líderes del procés, analizar el caso Delcy o más recientemente las querellas contra el Gobierno por la gestión de la covid.
El presidente de la Sala Segunda es el conocido Manuel Marchena, quien fue elegido el año pasado por un Consejo en funciones. “¿Sabes que nos quedan nombramientos en Canarias que lleva un año en funciones?, el mandato del presidente ha caducado, hay plazas de jueces que se jubilan”, insiste Mozo.
"Cuando te llaman los compañeros"
“Yo lo veo como una responsabilidad y eso que estuvimos sin hacer nombramientos desde noviembre del 19 hasta que sacamos para la Sala Segunda, que era la que tenía más urgencia”, insiste Mozo, quien comparte la sensación que les trasladan otros jueces: “Cuando te llaman los compañeros y los presidentes y te dicen: 'Oye, ¿no vais a sacar la plaza?' Estar en funciones no prohíbe que hagamos nombramientos, nunca se ha presentado este problema. El Consejo de 2001-2008 estuvo dos años en funciones”. En ese periodo fue vocal el ahora ministro Campo.
“Nunca se ha establecido como si fuera el único problema nacional”, se queja este vocal, consciente de que el CGPJ se ha situado en los últimos meses en el centro del enfrentamiento partidista entre el Gobierno y la oposición. “Hacer nombramientos es una responsabilidad que hemos cumplido. No había otra solución. Lo más cómodo es no nombrar. Cuando haces nombramientos, ejerces la responsabilidad y eliges a uno y no a otros”, añade.
Prefiere no hacer valoraciones sobre la proposición de ley impulsada por el Gobierno a través de sus grupos parlamentarios: “Yo ahí no entro en valoraciones. Una cosa es la cuestión política y otra la judicial y no valoro lo que hacen los grupos”. Este jueves tuvo lugar el Pleno del Consejo en el que, además de los nombramientos, una mayoría de 16 jueces emitió un texto en el que se pedía al Congreso de los Diputados que le pidiese un informe sobre la limitación de competencias que pretende.
En este caso, Mozo sí se alejó de la mayoría. Rechazó este texto y apoyó otra iniciativa impulsada por cinco vocales progresistas que planteaba una dimisión en bloque en el Consejo para forzar al PP y PSOE a negociar su renovación.
“Hemos hecho lo que tenemos que hacer dada la anomalía de no renovar el Consejo. Si es uno o dos meses no hubiese pasado nada pero dos años… hemos estado muchos meses sin hacer nombramientos ante la proximidad de la renovación. La renovación se tendría que haber producido. Sí que hemos intentado que fuesen nombramientos con mucho consenso y que se representaran todas las sensibilidades”, comenta.
Dice no sentirse presionado porque en 36 años en la carrera judicial asegura haber decidido siempre “libremente”. Preguntado acerca de si se plantearon dimitir solo los cinco que apoyaron el texto alternativo, explica que “la renuncia es un acto individual y tendría que ser aceptada por el presidente”. Recuerda que “para validar la constitución del Pleno valdría con 11 vocales” y que por eso pidieron que fuese una dimisión en bloque para que tuviera sentido.