ERC confía en que la "judicialización" de las elecciones catalanas queme el 'efecto Illa'

Los independentistas creen que derivar a los tribunales una decisión del Gobierno de la Generalitat puede movilizar el voto a su favor y en contra del PSC

El goteo de recursos que se prevé que lleguen ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en contra del aplazamiento electoral del Govern puede convertirse en una oportunidad para ERC de apagar el efecto que tuvo el nombramiento de Salvador Illa como candidato del PSC a la Generalitat. 

A la espera de si el TSJC decide en las próximas horas tomar alguna medida cautelar contra el nuevo decreto, las fuentes de ERC consultadas por Vozpópuli consideran que la mera "judicialización" de una decisión que ha tomado el Gobierno de la Generalitat puede convertirse en una arma arrojadiza para los intereses del PSC. Es decir, pasar del efecto Illa al efecto bumerán.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado directamente al PSC de "presionar" a su entorno y "maniobrar" para que otras entidades o partidos afines les "hagan el trabajo sucio" de impugnar el nuevo decreto electoral. Por esta razón, los independentistas van a denunciar por activa y por pasiva que detrás de este intento de "interferir" en las decisiones políticas catalanas está Madrid. En resumen, Moncloa y los tribunales. 

En el fondo de esta estrategia está movilizar a los independentistas a las urnas. Dejar en un segundo plano la "gestión" de la crisis sanitaria -que también ha pasado factura a ERC por tener las consejerías más relacionadas con la pandemia- y centrarse en el hecho de que el PSC es quien "obliga" a votar en medio de una pandemia. 

"Un nuevo 155"

Para ello, desde ERC no dudan en volver a hablar de "un nuevo 155" que, a su juicio, tiene el fin de boicotear las decisiones tomadas por el Gobierno de Cataluña. De hecho, los de Oriol Junqueras acusan a los socialistas de ser los responsables de que no se haya logrado el consenso político para aplazar las elecciones y creen que se debe a una actitud "cínica" y "frívola" de priorizar sus "intereses partidistas".

El PSC, por su parte, se avino a posponer elecciones hasta marzo con el objetivo, dijeron, de lograr el consenso entre todos los partidos. Más allá de esta fecha, sin embargo, consideraban que no estaba justificado demorarlas y, como avanzó este medio, amagaron con una posible impugnación. 

Illa, de perfil

El candidato del PSC y ministro de Sanidad se decanta de momento por la cautela. A diferencia de otros compañeros de su partido, como el diputado José Zaragoza, que habló de "pucherazo" electoral, no ha querido entrar en un enfrentamiento con el Ejecutivo catalán. 

En declaraciones de este lunes a La Sexta, se limitó a afirmar que "me tengo que atener a lo que dicen los responsables que han tomado la decisión. Tengo que creerme lo que han dicho". Illa es consciente de que mostrar una mayor beligerancia contra la decisión del Govern puede girársele en su contra. Sobre todo, siendo también el máximo responsable de Sanidad y quien más debe estar sensibilizado con los datos de contagios, que siguen al alza en Cataluña.

La elección de Illa como presidenciable sacudió el tablero político catalán. Desde ERC y los comuns empezaron a ver en sus sondeos internos que el ministro atrae votos no solo de Ciudadanos sino también de independentistas moderados y cansados con la actual paralización de las instituciones catalanes. Y, por el otro, de votantes de Podemos que ahora verían en Illa el voto útil contra cualquier pacto con la derecha de JxCat. 

La llegada de los primeros recursos en el TSJC ha acentuado la pugna política. Y la decisión que tome la justicia, sea cual sea, también será aprovechado por los partidos de cara a la campaña. Sobre todo, entre los que aspiran a formar parte del próximo Gobierno catalán.

Debilidades legales del decreto

Los recursos presentados consideran que la suspensión de las elecciones no es procedente por la falta de competencia del Govern cuando el Parlament está ya en mínimas funciones -con la Diputación Permanente en activo-. Además, dicho aplazamiento no lleva la firma del presidente ni justifica con datos sanitarios concretos el motivo para posponerlas. 

Asimismo, y según coinciden también diversos juristas y politólogos, del decreto firmado el viernes por Pere Aragonès solo se desprende la posibilidad de que las elecciones se convoquen el 30 de mayo. Pero podrían demorarse en función de la situación epidemiológica en que se encuentre Cataluña. Esta situación abocaría a la región a la inseguridad jurídica al poder posponerse de nuevo y con el Parlament disuelto.

La disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones se rige por el artículo 67 del Estatuto de Autonomía que prevé la disolución de la Cámara y la convocatoria inmediata de elecciones cuando no hay candidato a la presidencia de la Generalitat. En este caso porque Quim Torra había sido inhabilitado.

Pese a que el vicepresidente Aragonès ejerce las funciones de president, no puede disolver el Parlamento ni convocar elecciones. Sin embargo, el Gobierno catalán se arrogó con su decreto no solamente la competencia para desconvocar las elecciones sino para convocar las siguientes. 

Se trata, no obstante, de una situación sin precedentes. Nunca antes se tuvieron que aplazar unas elecciones por criterios sanitarios y sin un presidente al frente del Govern. En este sentido, es difícil de prever la interpretación que hará el TSJC. 

Comisión de Venecia

En paralelo, el hecho de que la decisión del Govern conduzca a una nueva convocatoria electoral cuando las condiciones lo permitan comporta que hay que volver a empezar de cero. Es decir, que se anulan, por ejemplo, los avales recogidos por varios partidos extraparlamentarios o las listas ya presentadas. Y ello podría vulnerar, más allá del Estatut, apartados del informe de la Comisión de Venecia “sobre las medidas adoptadas en los Estados miembros de la UE como resultado de la crisis de la covid-19 y su impacto en la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales”.

El artículo 117 y los cuatro artículos siguientes del informe de la Comisión de Venecia precisan la importancia de que estas decisiones se adopten con un amplio debate y un amplio consenso. Sin embargo, el debate se ha limitado únicamente a los partidos parlamentarios, excluyendo los otros partidos que podían participar en el proceso, y con la oposición de al menos un partido parlamentario importante, como es el PSC.