Órdago del Govern: publica informes sanitarios que avalan suspender el 14-F por "fuerza mayor"
El Ejecutivo catalán prepara una serie de datos sanitarios que irán haciendo públicos a partir de esta tarde para justificar el aplazamiento electoral
El Gobierno de la Generalitat ha decidido reaccionar esta misma tarde a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de suspender provisionalmente el aplazamiento electoral. Según informan fuentes gubernamentales a Vozpópuli, en breve harán públicos los informes y datos sanitarios que sirvieron de base para aprobar el nuevo decreto que anulaba las elecciones del 14 de febrero.
"Vamos a defender con criterios sanitarios el aplazamiento electoral. También la base jurídica del decreto", explican las fuentes consultadas. Pero antes de hacerlo en el proceso de alegaciones que establece el tribunal catalán, lo harán de manera pública: difundiendo para los medios la serie de informes elaborados por el Institut Català de Salut y el Procicat para justificar su decisión.
Desde el Govern son conscientes de las divergencias que ha causado su decreto, donde no se ha logrado el consenso político entre las principales formaciones políticas y, en consecuencia, ha acabado en las manos de la justicia a través de las reclamaciones presentadas por distintas entidades y partidos políticos.
Por esta razón, buscan defender su decreto de "interferencias" políticas. En ERC acusan al PSC y a Moncloa de estar detrás de la mayoría de los recursos contencioso-administrativo y su objetivo ahora es disipar cualquier duda de que la decisión de aplazar las elecciones se haya tomado por motivos políticos. Sino por una cuestión de "fuerza mayor" sanitaria que, según confirman los juristas consultados, justificaría demorar la cita electoral siempre y cuando se refleje en el decreto.
¿Nuevo decreto?
La estrategia hasta el próximo jueves, cuando el TSJC resuelva el primer recurso, es "defender todo lo que se pueda el decreto de suspensión". Antes de dictar un nuevo decreto, esperaran conocer los argumentos de su impugnación para en caso de un nuevo decreto esté suficientemente motivado.
En caso de que el tribunal catalán anule el decreto, el reloj se pondría a cero. Sería una oportunidad para tratar de lograr el consenso con el resto de partidos y redactar un nuevo decreto que evite una nueva impugnación sobre la base de argumentos epidemiológicos y con indicadores que establezcan qué datos de contagio son asumibles o no. Asimismo, el Ejecutivo catalán debería no solo tomar medidas preventivas para combatir las proyecciones de contagios sino explicitarlas al resto de partidos para garantizar que se trabaja para poder celebrar elecciones en la fecha estipulada.
Diferencias con el País Vasco y Galicia
Los principales puntos débiles del decreto impugnado son por la falta de competencia -al no haber presidente tras la inhabilitación de Quim Torra- y que legalmente solo es viable la demora de elecciones por causa de fuerza mayor. Pero esta causa de fuerza mayor debe estar justificada en el decreto.
El aplazamiento electoral en el País Vasco y Galicia se hizo mediante una suspensión -no anulación- del decreto de convocatoria. Es decir, para poder "reactivar" más adelante el proceso electoral. En el caso catalán, en cambio, el decreto anulaba la convocatoria electoral y, textualmente, hablaba de que se iba a proceder a una nueva convocatoria de elecciones.