Villarejo, el atentado y los independentistas
La historia siempre se repite. Hace años que Cataluña vive en un bucle político que ha provocado la decadencia de una comunidad que, otrora, fue referente de la modernidad en España. No obstante, las causas de esta decadencia parece que se van repitiendo una y otra vez.
La semana pasada fuimos testigos de una de las mentiras más inverosímiles e inmorales de los últimos tiempos. El comisario jubilado José Villarejo, conocido por su implicación en turbios asuntos y causas de corrupción, acusó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de estar detrás de los desgraciados atentados del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona, atentados donde fallecieron 16 personas.
Al hilo de semejantes barbaridades, el independentismo aprovechó la ocasión para montar la enésima campaña de desprestigio a España. Pero no una más. En este caso ha sido la campaña más vil que uno puede recordar. Dar pábulo a un mitómano ególatra que es, probablemente, el personaje más oscuro de los episodios recientes de la corrupción española es vergonzoso. Pero hacerlo utilizando un atentado con víctimas mortales e intentar venderlo como un ataque del Gobierno de la Nación a Cataluña, es repugnante.
Un atisbo de decencia
Sin ética y sin principios, casi todos los líderes independentistas han querido hacer sangre aprovechando las palabras de Villarejo, y han quedado, de esta manera, atrapados en el alambre de la inmoralidad. Hasta el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se vio arrastrado por el odio de la turba y reclamó acciones legales para esclarecer los hechos del 17 de agosto de 2017. No sé si fue su sentido del ridículo, pero, días después, pudimos vislumbrar un atisbo de decencia y respeto a la verdad al reconocer el propio presidente que “la credibilidad del personaje es la que es, se define por sí misma”
Recordemos el caso de Banca Catalana, cuando Jordi Pujol se envolvió en la senyera para tapar aquel episodio de corrupción, con sus tan recordadas palabras: “Es un ataque del Gobierno de España contra Cataluña”
Casualmente, estas declaraciones de Villarejo y las acusaciones del independentismo coinciden con un escándalo que ha pasado casi desapercibido para la opinión pública. El Gobierno de la Generalitat, tras cesar al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, reubicó a Toni Rodríguez, que dirigía la Comisaría General de Investigación Judicial, a una comisaría de Rubí. Los encargados de investigar la corrupción del Govern de la Generalitat eran purgados por el propio Govern.
Alejando el foco de este asunto concreto, no es una historia nueva. Recordemos el caso de Banca Catalana, cuando Jordi Pujol se envolvió en la senyera para tapar aquel episodio de corrupción, con sus tan recordadas palabras: “Es un ataque del Gobierno de España contra Cataluña”. Décadas más tarde, Artur Mas camufló los recortes y la corrupción de la extinta Convergencia i Unió, con una huida hacia adelante en la archiconocida etapa de decadencia catalana llamada ‘procés’.
El denominado procés ha llevado a Cataluña a la decadencia política más absoluta, de la mano de nacionalistas y populistas, valga la redundancia, que no buscan gobernar para mejorar la vida de los catalanes, sino para echar gasolina al fuego del proyecto identitario. También están arrasando económica y culturalmente con la Comunidad, donde la fuga de empresas y proyectos culturales y la pérdida de inversiones ha sido exponencial desde el inicio del delirio nacionalista. Y socialmente, la decadencia ha sido de magnitud tal, que ha conducido a la fractura de la comunidad, al destrozo de la convivencia, poniendo en evidencia que aquello del “un sol poble” (un solo pueblo) no era más que un eslogan barato.
Pero hay una consecuencia aún más preocupante, si cabe, que todas las mencionadas. Una decadencia que ha corrompido a una gran parte de la sociedad catalana incluyendo los líderes que la gobiernan. La decadencia moral. En Cataluña muchos catalanes ya no diferencian el bien del mal. La moralidad se ha convertido en un concepto voluble y maleable al servicio del fin político que se persigue.