La Agencia Tributaria gasta 1,7 millones en traducir sus cartas al catalán, gallego y valenciano
Si no le vale con el castellano, usted puede recibir sus cartas de la Agencia Tributaria en catalán, gallego o valenciano, a elección. Este servicio lo garantiza el artículo 15 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y al Estado le cuesta 1.745.454 euros. Así lo ha comprobado Vozpópuli accediendo al documento de licitación del contrato, donde además se desprende que Hacienda ha engordado este presupuesto en más de 300.000 euros respecto al anterior.
Los servicios de traducción que busca la Agencia Tributaria (AEAT) también deberán servir para el inglés, el francés y el alemán. Desde el año 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, la AEAT cuenta con un servicio de traducción asistida telemático externo para la obtención en diferentes lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano) de las comunicaciones escritas que envía a los contribuyentes.
En 2014, ya con Rajoy en la Presidencia y Montoro en el timón de Hacienda, se amplió la traducción a los contenidos servidos desde la Sede electrónica de la AEAT. Ahora bien, Hacienda señala que desde 2017 se ha producido un "incremento considerable en las traducciones, puesto que hasta ese momento únicamente se traducían de forma estándar los documentos de Renta, pero debido a que la LPAC obliga a traducir todo tipo de documentación dirigida al contribuyente, ha aumentado la demanda de estos servicios".
"Por la continua integración en la Comunidad Económica Europea y la participación en organismos internacionales se han incrementado considerablemente las traducciones a inglés, francés y alemán", añaden.
Estas razones estarían detrás del aumento del gasto en traducciones de documentos tributarios desde los 1,4 millones del anterior contrato, a los 1,7 millones de este. En total, la Agencia Tributaria aumenta su inversión en traducciones en 305.454 euros.
Glosario tributario en lenguas cooficiales
El departamento público justifica este gasto apuntando que su "objetivo es mantener la producción multilingüe de las comunicaciones escritas dirigidas a los contribuyentes y de determinados contenidos de la Sede Electrónica y del Portal de la AEAT que no deben ser traducidos mediante traducción automática por requerir la traducción un compromiso de calidad y responsabilidad".
Más allá de las traducciones, quieren contratar un servicio que elabore y mantenga un glosario terminológico por cada una de las lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano), además de inglés, francés y alemán. No solo eso, también quieren que desarrollen unas guías con las normas de estilo y comunicación de cada uno de estos idiomas. Por último, la empresa contratada -aun por asignar- deberá hacer seguimiento online de las traducciones. La AEAT quiere contar con este servicio durante cuatro años más (dos y otros dos de prórroga).
BOE en cuatro idiomas
La licitación de Hacienda se produce la misma semana que el PdCat ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados donde solicita al Gobierno que el Boletín Oficial del Estado se traduzca al catalán, vasco, gallego y valenciano.
Hasta octubre de 2020, un convenio permitía la traducción del BOE al catalán, con un coste repartido al 50% entre el Gobierno español y la Generalitat. Sin embargo, el último convenio caducó en octubre de 2020, sin ser renovado. Desde entonces, Cataluña paga el 100% de la traducción del BOE al catalán. Esto no le ha parecido justo al PdCat, que quiere que el boletín estatal se pueda leer en catalán, pero sin que el dinero salga de sus bolsillos.
Por ello, la PNL pide que el Estado español pague íntegramente la traducción del BOE al catalán y al resto de lenguas cooficiales porque "en un Estado plurinacional como el español, debe ser la Administración General del Estado (AGE) la que garantice la publicación de las disposiciones generales en las lenguas cooficiales y la que asuma cualesquiera gastos necesarios para dicha publicación". Todavía no se ha votado esta PNL, pero lo que parece claro es que al Gobierno le espera una buena inversión en traductores.