La confiscación de la libertad
El historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze (EK) ha sido una de las primeras voces en alzarse contra la confiscación de la sede de El Nacional (EN), “uno de los escasos medios críticos en activo que quedan en Venezuela" según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Lo que enfrenta a este diario con el Gobierno de Caracas es haber sido — durante los más de 20 años de la revolución—crítico pertinaz de los abusos del régimen, tiempo en que ha ido eclipsándose el periodismo independiente. Este medio —-cuya edición en papel dejó de circular en 2018— sobrevive en formato digital, desde su improvisado exilio en Madrid, donde sigue resistiendo.
Conocí hace años a Krauze, en una cena compartida con el añorado Plácido Arango, gran amigo del intelectual mexicano, en Casa Gerardo (Prendes) catedral de la fabada, tradición mantenida cada año tras la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor. Gran conocedor de los meandros meridionales, EK nos brindó su punto de vista sobre lo que llevaba tiempo ocurriendo en Venezuela, así como las perspectivas que cabía esperar de las entonces incipientes irradiaciones y contagios, mas allá de sus fronteras. Se han cumplido las aprensiones en toda su extensión.
En su ensayo, de lectura recomendable, El delirio americano, Carlos Granés disecciona ese populismo de izquierda —que nace, florece y llega hasta nuestros días— como muestra del espíritu paradójico y delirante de América Latina. En respuesta al arrebato judicial de un diario orgullo de la prensa latinoamericana, Krauze no ha desaprovechado la ocasión: “Es la consolidación de una de las más brutales y destructivas dictaduras de la historia latinoamericana”.
Y, desde la solvencia moral, advierte: “La Unión Europea no puede cruzarse de brazos. Debe protestar y aplicar todos los mecanismos que estén a su alcance para denunciar este hecho y sancionarlo. Lo mismo deben hacer los países democráticos de América, la Organización de Estados Americanos, y lo mismo debemos hacer todos los demócratas del mundo”.
Apertura de investigación judicial
El despojo empezó hace seis años con la publicación en un diario español, de una noticia — replicada en 80 periódicos, entre ellos El Nacional y The Wall Street Journal — según la cual un fiscal de Nueva York había abierto una investigación al vicepresidente del Gobierno venezolano, por presuntos nexos con el narcotráfico. En base a esa indagación, la DEA estableció una recompensa de 10 millones de dólares para quien colaborase.
En mayo de 2021, tras una demanda a instancias del investigado, alegando “daño moral”, el régimen embargó el edificio de EN. En febrero de 2022, al término de un proceso judicial, considerado opaco y arbitrario, una jueza de Caracas —hermana del contralor general de la República— convocó un procedimiento, estimado irregular y clandestino, que quebrantaba las reglas procesales, en el que se formalizó un remate judicial de la propiedad, sin haberse respetado los canales regulares de información pública. La magistrada adjudicó directamente al demandante la propiedad de la sede de EN y los lotes de terreno sobre los que está construida, a lo que el agraciado pronto encontró destino: la creación una universidad dedicada a la comunicación.
El Tribunal Supremo de Justicia condenó a pagar 13,2 millones de dólares a EN —una “suma surrealista”, según RSF —por causar al demandante un ‘grave daño moral’. El monto de la condena definitiva —inverosímil e inusual — se produjo justo en el momento en que el litigante era designado presidente de la comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano.
Cabe recordar que una de las primeras medidas que Hugo Chávez, tras jurar —de acuerdo a sus propias palabras— “sobre una Constitución moribunda”, en 1999, reorganizó el poder judicial, para hacerlo a imagen y semejanza al poder ejecutivo. Para Reporteros sin Fronteras, la confiscación de bienes de El Nacional se enmarca en una estrategia de control de la información del Gobierno y ha criticado que los abogados del diario no pudieran asistir a la audiencia del tribunal, al no ser notificados.
Desactivar un medio de comunicación —hasta su extinción física— porque molesta al poder, merece una condena ejemplar como la que exige Krauze
La incautación de una propiedad privada, usando la justicia a su antojo, sin mediar un proceso judicial en condiciones, es un acto muy grave en cualquier país, latitud o hemisferio. Desactivar un medio de comunicación —hasta su extinción física— porque molesta al poder, merece una condena ejemplar como la que exige Krauze, que añade: “Salvo el caso de la confiscación general de la libertad, hace 60 años, después de la revolución cubana, no conozco caso igual más grave, más terrible, al que en estos días ha perpetrado la dictadura venezolana en contra de ese diario”.
Atropellar un bien tan fundamental como la libertad de expresión y de información, sienta un precedente peligroso, en tanto que sirve de antesala a la impunidad acariciada por cualquier aprendiz de tirano para perpetuarse en el poder sin estorbo alguno.
La exuberancia y la desmesura resultan nocivas en el universo de la política. Ya dijo Orwell: "El periodismo es imprimir lo que alguien no quiere que se imprima: todo lo demás son relaciones públicas".
El siguiente en la lista: La Patilla, medio digital venezolano crítico con el régimen, ya está avisado de la suerte que va a correr: "En la clandestinidad, remate judicial”.