La dirección de la aerolínea Plus Ultra ha presentado una demanda contra Vozpópuli por “vulneración del derecho al honor” y “ataque a su reputación comercial” por las informaciones publicadas en este diario sobre el polémico rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea.
Plus Ultra, que exige la rectificación de dichas informaciones, reclama 4,6 millones de euros por lo que considera “una campaña mediática de desprestigio” de este diario por las informaciones sobre los vínculos de la aerolínea con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, según un comunicado difundido por la compañía.
Plus Ultra asegura que ha exigido a Vozpópuli la rectificación de las informaciones publicadas desde marzo de 2021 “de manera constante y sistemática” sobre el polémico rescate mientras que este medio habría “ocultado toda información favorable a la aerolínea como –por ejemplo- los recientes éxitos que ha obtenido en sendos procesos judiciales frente a Boliviana de Aviación y Aquatravel”. Algo tan fácil de desmontar como acudir a la hemeroteca: este diario publicó el 11 de noviembre que el Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid condenó a la aerolínea a pagar 63.762 euros a Boliviana de Aviación al estimar parcialmente una demanda en la que se le reclamaba una indemnización de 1,1 millones de euros. Es decir, los magistrados rechazaron imponer el pago millonario a Plus Ultra, tal y como publicó Vozpópuli.
Según la nota difundida hoy, “Plus Ultra Líneas Aéreas considera que se ha perjudicado muy seriamente tanto a la imagen pública de la aerolínea como su propia actividad comercial con el único objetivo de utilizar a la aerolínea como arma arrojadiza en una batalla política”. Por ello, la aerolínea remite a “un informe pericial recabado por Plus Ultra Líneas Aéreas de un experto independiente” que calcula que “el perjuicio ocasionado a la compañía supera ampliamente los cuatro millones de euros” solo por las informaciones desveladas por este medio.
La SEPI rescató a Plus Ultra con 53 millones cuando estaba al borde de la quiebra técnica al considerarla “una empresa estratégica” para el Gobierno español, pese a que solo disponía de dos aviones operativos y operaba el 0,03% de los vuelos con origen o destino España.
En la actualidad, se mantiene abierta la instrucción en un juzgado de Madrid para dilucidar si los funcionarios de la SEPI pudieran haber cometido algún tipo de irregularidad en la concesión de las ayudas a la aerolínea.
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