¿Hay alguien en el Gobierno a quien Trump no pueda despedir? Por qué Humphrey’s Executor puede estar en peligro
La purga del presidente Donald Trump en agencias independientes está poniendo en la mira un precedente de casi 100 años de la Corte Suprema de Justicia que protege a ciertos funcionarios de los caprichos políticos de la Casa Blanca.
Desde que asumió el cargo hace cuatro semanas, Trump despidió rápidamente a un miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, a dos comisionados encargados de hacer cumplir las leyes de derechos civiles en el lugar de trabajo y, más recientemente, al principal funcionario federal que se ocupa de las denuncias de los trabajadores del gobierno.
Algunos de los funcionarios que Trump tiene en el punto de mira gozan de protecciones de la legislación federal que prohíben su destitución sin causa justificada. Pero a muchos conservadores -incluidos algunos que forman parte de la Corte Suprema- les molesta la idea de que un presidente no pueda despedir a su antojo a los miembros del poder ejecutivo.
Es casi seguro que el litigio ponga en cola un caso de la Corte Suprema que desafía un precedente clave de 1935, Humphrey’s Executor Vs. EE.UU., que permite al Congreso exigir a los presidentes que muestren una causa -como la mala conducta- antes de destituir a los miembros de la junta que supervisan las agencias independientes.
Anular esa sentencia daría a los presidentes un inmenso poder para barrer del servicio a los funcionarios que hacen cumplir las leyes antimonopolio, las normas laborales y los requisitos de divulgación de información para las empresas que cotizan en bolsa.
“En un horizonte de cuatro años, creo que Humphrey’s Executor está destinado al cementerio”, pronosticó Dan Wolff, que dirige la práctica de litigios de derecho administrativo en el bufete Crowell & Moring. “No creo que me esté arriesgando al decir que es probable que haya una mayoría dispuesta a anular Humphrey’s Executor en el caso adecuado”.
El rápido ritmo de despidos parece diseñado para forzar la mano de la Corte Suprema, de la misma manera que Trump parece ansioso por desafiar otras normas legales de larga data como la ciudadanía por derecho de nacimiento y el poder del presidente para exigir gastos.
Hampton Dellinger, el abogado especial del Gobierno, es el último funcionario independiente que lucha contra el despido por parte de la Casa Blanca. En una demanda presentada este lunes ante un tribunal federal de Washington, Dellinger señaló la decisión de 1935 en el caso Humphrey’s Executor como un “precedente vinculante de la Corte Suprema” que, según él, debería impedir su despido por parte del presidente.
Dellinger, que cumplía un mandato de cinco años, fue nombrado por el presidente Joe Biden y confirmado por el Senado a principios del año pasado.
La Oficina del Asesor Especial no está relacionada con los asesores especiales que el Departamento de Justicia ha utilizado en los últimos años para investigar a Trump, Biden y otros. El papel de Dellinger era hacer cumplir las leyes federales de denuncia de irregularidades que protegen a los funcionarios públicos que denuncian problemas dentro de las agencias.
A última hora de este lunes, una juez federal permitió temporalmente a Dellinger volver a su trabajo mientras estudia su demanda.
En los últimos años, la Corte Suprema, donde los conservadores tienen una mayoría de 6-3, ha mostrado su escepticismo sobre las protecciones que el Congreso incluye a veces para los funcionarios del poder ejecutivo.
Hace cuatro años, los conservadores del tribunal sostuvieron que tales protecciones para el jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor violaban los principios de separación de poderes. El poder del presidente para “destituir -y por tanto supervisar- a quienes ejercen el poder ejecutivo” emana directamente de la Constitución, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, por la mayoría.
“El director de la CFPB no tiene jefe, pares o votantes a los que rendir cuentas”, escribió Roberts. “Sin embargo, el director ejerce una vasta autoridad de reglamentación, aplicación y adjudicación sobre una parte significativa de la economía de EE.UU.”.
Pero la decisión del tribunal (5-4) dejó en pie la de Humphrey, con Roberts señalando que sólo se aplicaba a las agencias independientes dirigidas por un único director en lugar de consejos de varios miembros. El juez conservador Clarence Thomas, acompañado por el juez Neil Gorsuch, habría ido más lejos. Enmarcaron el precedente como una “amenaza directa a nuestra estructura constitucional y, como resultado, a la libertad del pueblo estadounidense.”
“En un caso futuro”, escribió Thomas, “repudiaría lo que queda de este precedente erróneo”.
Los primeros movimientos de Trump parecen diseñados para darle a Thomas ese “caso futuro”.
Quizá el desafío más directo proceda de la decisión de Trump de despedir a Gwynne Wilcox, ex presidenta de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Wilcox demandó a Trump ante un tribunal de distrito estadounidense en Washington, la semana pasada, alegando que el suyo fue uno de una “cadena de despidos abiertamente ilegales en los primeros días de la segunda Administración Trump que aparentemente están diseñados para poner a prueba el poder del Congreso para crear agencias independientes”.
“El despido del presidente de la NLRB (Junta Nacional de Relaciones del Trabajo), más que cualquier otro, establece un desafío directo al Humphrey’s Executor, tanto por el claro lenguaje estatutario que requiere causa para la remoción, como porque la demanda es directamente contra la decisión de remoción”, dijo Jonathan Adler, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve.
El precedente, dijo, “está ahora directamente en el punto de mira”.
El caso Humphrey’s Executor se remonta al Presidente Franklin Roosevelt, quien destituyó en 1933 a un comisario de la Comisión Federal de Comercio nombrado por el Presidente Herbert Hoover. William Humphrey siguió alegando que era miembro de la comisión hasta su muerte en 1934. Su patrimonio trató de recuperar su salario durante el periodo posterior a su despido y la Corte Suprema acordó por unanimidad que su despido fue improcedente.
“Es bastante evidente”, escribió entonces el tribunal, “que no se puede confiar en que alguien que ocupa su cargo solo a voluntad de otro, mantenga una actitud de independencia contra la voluntad de este último”.
Katelyn Polantz, de CNN, ha contribuido a este informe.
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