Así viven los venezolanos la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS: “Somos perseguidos, una vez más”
Los padres de Cecilia González Herrera vendieron todo lo que tenían en Caracas hace casi una década, huyendo de lo que denuncian fue una persecución política en su Venezuela natal. Buscaban tranquilidad y seguridad y creyeron encontrarla en Florida Central. Pero el fin de programas humanitarios bajo el gobierno de Donald Trump pone en riesgo de deportación a cientos de miles de familias venezolanas, incluida la suya, que ven imposible volver a su país.
Apenas llegaron, solicitaron asilo, cuenta Cecilia a CNN. Han pasado ocho años y todavía esperan una entrevista. Mientras tanto, en 2021, se acogieron al Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso que otorgó el Gobierno de Joe Biden a unos 600.000 venezolanos que les ha permitido vivir, estudiar y trabajar legalmente en Estados Unidos.
“(El TPS) nos dio una capa más de protección dentro de este limbo migratorio que representa vivir en Estados Unidos como inmigrante”, dijo.
Esta semana, la Corte Suprema avaló la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al TPS para ciertos países, entre ellos Venezuela. Para Cecilia, la noticia cayó como un golpe. “Somos perseguidos por otro gobierno, una vez más”, dice.
La joven de 26 años es parte de la demanda que presentó un grupo de ciudadanos venezolanos junto a la TPS Alliance, el grupo que apoya a los migrantes beneficiarios del programa de protección temporal, contra la medida.
El TPS para venezolanos fue instaurado en 2021 y extendido en 2023. La reciente decisión de la Corte Suprema afecta directamente a quienes solicitaron el TPS bajo la designación de 2023, mientras quienes lo solicitaron bajo la designación de 2021 podrán mantener sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación hasta septiembre.
Muchos, como Cecilia, enfrentan un futuro incierto. Sin ese estatus, dijeron a CNN varios venezolanos desde Florida, los sueños que han construido se ven amenazados por la posibilidad de tener que irse a otro país, comenzar de nuevo, o regresar a Venezuela.
“Es algo que puede dejar a muchas familias desprotegidas. Lo primero que nos preguntan: ‘qué siente usted de regresar a Venezuela’. Yo siento miedo”, dice un venezolano a CNN.
Venezuela, que fue una de las economías más fuertes de América Latina, está sumida en una profunda crisis económica y política que ha obligado a millones de personas a salir del país, muchas de ellas rumbo a Estados Unidos.
Cecilia tenía apenas 18 años cuando dejó Venezuela. Sus padres, abogados de profesión, eran servidores públicos en Venezuela y, según cuenta Cecilia, enfrentaban hostigamientos y amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro, dice la joven. Llegaron en 2017 a Florida Central porque querían una vida más tranquila y segura para sus hijos.
“Nadie deja su país por gusto. Realmente emigrar no es fácil ni es bonito. Pero es la difícil realidad que nos tocó enfrentar en aquel momento. Nos mudamos a Estados Unidos, introdujimos un caso de asilo político y empezamos a intentar hacer nuestra vida de nuevo”, cuenta Cecilia.
Los primeros años trabajaba en un parque temático de Orlando y estudiaba por las noches en Valencia College, un colegio comunitario de Orlando donde obtuvo un título asociado en Arte.
Mientras tanto, Cecilia experimentaba de primera mano las fallas del sistema inmigratorio estadounidense, incluidas las demoras en los procesos de asilo. Pero recibir el estatus de TPS en 2021 le permitió a Cecilia construir un futuro que parecía cada día menos incierto al acceder a una universidad.
“Nos dio una capita más de protección. Además, si no tuviese ese estatus de protección me hubiesen considerado estudiante internacional, lo que triplicaba los costos universitarios y creo que hubiese sido imposible para mí haber conseguido un título universitario”, dice Cecilia, quien se graduó recientemente de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida Central.
Ahora, Cecilia trabaja en una organización de derechos civiles en donde se enfoca en defender el derecho al voto y la accesibilidad a la caja electoral. Para ella volver a Caracas tampoco es una opción. “Si a mí me soltaran mañana en Caracas, yo no sé si yo sé echar gasolina, llegar a una dirección, poder conseguir un empleo, cosas básicas, porque nosotros construimos una vida acá enfocada a un futuro, a unos planes”.
En las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, Trump recibió un apoyo significativo de los venezolanos-estadounidenses en Florida, particularmente en un suburbio de Miami, conocido como “Doralzuela”, donde viven más inmigrantes venezolanos que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos.
Los venezolanos-estadounidenses contribuyeron a la contundente victoria de Trump en la ciudad, donde su margen de victoria aumentó aproximadamente 20 puntos porcentuales entre 2020 y 2024. Sin embargo, la decisión de poner fin al TPS ha generado un sentimiento de traición entre la comunidad, que no esperaba que los planes de deportación masiva incluyeran a aquellos con permisos temporales.
“La gente que lo apoyó (a Trump), incluyendo gente de mi comunidad, pensó que todo lo que se refería a los criminales del Tren de Aragua, a los indocumentados… y que no iba a afectar a la gente que tenía documentos, que estaba en el país legalmente”, dijo Adelys Ferro, directora ejecutiva del American Venezuelan Caucus, que aboga por políticas en favor de los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos.
En marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador, acusándolos —sin pruebas— de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. La polémica medida enfrenta actualmente una batalla legal que ha llegado también hasta la Corte Suprema.
Para José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, los venezolanos que votaron por Trump lo hicieron pensando que el mandatario de EE.UU. trabajaría para que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela.
“Lo que no contaban es que en vez de sacar a Nicolás Maduro, iba a sacar a los venezolanos que se encuentran en su territorio”, agregó en una entrevista con CNN.
La Corte Suprema permitió al Gobierno de Trump poner fin al TPS tras una solicitud de emergencia que presentó después de que un juez federal bloqueó su terminación mientras se resolvía el caso, al considerar que parecía estar motivada por prejuicios raciales hacia los venezolanos y violaba la ley que regula el TPS.
“Nos tratan de criminales pero acá el único con 34 cargos penales está sentado en la Oficina Oval”, dijo Cecilia.
Varios beneficiarios del TPS que hablaron con CNN consideran que se trata de una medida injusta para una comunidad que llegó con la promesa de una protección. “En Venezuela realmente no hay democracia en primer lugar. El Estado de derecho no existe y esa es la protección que hay que dar a las personas que vienen de Estados como Venezuela. Es triste”, dijo una venezolana de Florida.
A pesar del sombrío panorama que enfrentan, Cecilia confía en que la justicia va a fallar a su favor. “Yo estoy convencida de que si este país es tan grande y tan bueno como mis papás lo creen, la justicia va a prevalecer al final del día”.
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