Juez dictamina que el Gobierno de Trump debe repatriar a solicitante de asilo de Guatemala deportado injustamente
La administración Trump recibió órdenes de facilitar el retorno de un guatemalteco que fue deportado injustamente a México en febrero, tras haber expresado a las autoridades su temor a sufrir violencia y tortura al otro lado de la frontera.
Este caso marca al menos la tercera vez que se ordena al Gobierno repatriar a un migrante que deportó injustamente.
El guatemalteco, identificado como “O. C. G.”, solicitó asilo en Estados Unidos en 2024, tras sufrir múltiples ataques violentos en Guatemala, según documentos judiciales.
De camino a Estados Unidos, O. C. G. declaró haber sido violado y retenido a cambio de un rescate en México, un detalle que reveló a un juez de inmigración antes de que este dictaminara que no debía ser devuelto a su país natal, según los documentos.
Sin embargo, dos días después de obtener el estatus migratorio, las autoridades migratorias obligaron al hombre a subir a un autobús con destino a México, sin que tuviera la oportunidad de explicar los detalles de su caso ni de contactar a su abogado. Las autoridades mexicanas lo deportaron a Guatemala, donde, según los documentos, vive “con el temor constante de sus atacantes”.
La deportación de O. C. G. a México y posteriormente a Guatemala probablemente “faltó al debido proceso”, declaró el juez federal de distrito Brian Murphy en su fallo emitido este viernes por la noche. Durante su proceso migratorio, O. C. G. declaró temer ser enviado a México, pero el juez le indicó que, dado que México no es su país natal, no puede ser enviado allí sin medidas adicionales en el proceso, según el fallo.
“Esos pasos necesarios, y las peticiones de ayuda de O. C. G., fueron ignorados. Como resultado, O. C. G. fue entregado a México, que luego lo envió de regreso a Guatemala, donde permanece escondido hoy”, declaró Murphy.
“Nadie ha sugerido jamás que O. C. G. represente algún tipo de amenaza para la seguridad”, señaló Murphy. En general, este caso no presenta hechos ni circunstancias legales especiales, solo el horror banal de un hombre que fue subido injustamente a un autobús y devuelto a un condado donde supuestamente fue violado y secuestrado.
El fallo de Murphy se produjo días después de que un tribunal de apelaciones denegara la solicitud de la administración Trump de suspender una orden que le exigía facilitar el regreso de un migrante venezolano de 20 años deportado injustamente a El Salvador a principios de este año.
Cristian, como se le identificó en los documentos judiciales, se encontraba entre un grupo de migrantes que fueron deportados a mediados de marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una amplia autoridad del siglo XVIII en tiempos de guerra que Trump invocó para acelerar las deportaciones de individuos que, según afirma, son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Durante una audiencia a principios de este mes, la jueza federal de distrito Stephanie Gallagher declaró que los funcionarios no habían hecho prácticamente nada para cumplir con su directiva de “facilitar” el regreso de Cristian a Estados Unidos desde el CECOT, la megaprisión en El Salvador a la que fue enviado para que se pudiera resolver su solicitud de asilo.
En un caso similar, la administración Trump ha estado en conflicto con otra jueza federal en Maryland por su orden de facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un hombre que fue deportado por error en marzo.
Ábrego García también fue enviado a la prisión de El Salvador, conocida como CECOT, en violación de una orden judicial de 2019 que establecía que no podía ser deportado a ese país.
La jueza federal de distrito Paula Xinis, quien supervisa el caso, se ha enfrentado a constantes obstrucciones por parte del Departamento de Justicia y miembros de la administración Trump, quienes han seguido obstaculizando una búsqueda acelerada de información para obtener respuestas sobre las medidas que están tomando las autoridades para facilitar su regreso de El Salvador.
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