El presidente de la patronal de promotores de vivienda, favorable a blindar la protección de las VPO construidas con ayudas públicas
El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Xavier Vilajoana, se ha mostrado favorable a que las viviendas de protección oficial (VPO) construidas con ayudas públicas mantengan su protección de forma permanente y no puedan descalificarse. «Es algo pagado por todos y, por tanto, el régimen debería ser permanente», ha expresado este miércoles en una jornada sobre el problema de acceso a la vivienda organizada por Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE), en la que todos los ponentes han coincidido en recalcar la necesidad de fomentar la construcción para atajar la crisis habitacional.
Vilajoana ha respaldado así el planteamiento del Gobierno de blindar los pisos levantados con recursos públicos. En un desayuno informativo en Bilbao, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha insistido este miércoles en esta reivindicación, ya que las competentes para decidir sobre esta cuestión son de las comunidades autónomas. «Reivindico al resto de comunidades autónomas que aún no tienen en sus normas el blindar el parque público de vivienda, que lo haga como lo hizo ya hace dos décadas el País Vasco, para calificar siempre de protegida la vivienda que hayamos construido con fondos públicos», ha reclamado, enfatizando que el Estado no pondrá «ni un euro ni un suelo» para iniciativas que no garanticen esa protección a perpetuidad. «Que lo que nace público permanezca público», ha subrayado.
Para el presidente de la patronal de promotores, en el caso de las VPO construidas con ayudas públicas, la postura es clara, aunque ha reconocido que el debate «no es fácil» cuando este tipo de inmuebles son promovidos íntegramente desde el sector privado. «Puedo entender tanto a los que argumentan que no [ha de ser permanente la protección] como a los que sí», ha admitido. «Al final hay alguien que se beneficia de un precio por debajo de mercado y no tendría por qué tener una plusvalía al cabo de 20 o 30 años. Desde ese punto de vista, lo puedo entender. Pero también entiendo que es un sacrificio a nivel de rentabilidad para el promotor al que no se ha dado ninguna ayuda», ha planteado, reclamando a las administraciones públicas una mayor implicación para ampliar el parque de viviendas protegidas.
Vilajoana ha defendido que la solución al problema de la vivienda pasa por construir más para aumentar la oferta de pisos y tratar de cubrir la elevada demanda, un diagnóstico que ha compartido el coordinador del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, que ha agregado que la producción de obra nueva tiene un impacto positivo sobre el PIB y genera «riqueza» y empleo. «Hoy, para poder dar satisfacción a la demanda, se necesitarían más de un millón de viviendas, pero estas no se van a producir ni en uno ni en dos años. Es imposible. El sector no tiene capacidad instalada suficiente para poder hacerlo», ha advertido.
«Estamos bastante preparados, pero milagros no podemos hacer», ha respondido el presidente de la patronal, que ha insistido en la necesidad de movilizar suelo y ha denunciado que los desarrollos urbanísticos tardan de media 16 años. «¿Por qué se tarda 16 años en transformar un suelo? Porque se producen impugnaciones que acaban en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no tiene otra posibilidad que, si se incumple algo, declarar la nulidad pleno derecho del plan urbanístico y retroceder al momento inicial», ha explicado Salcedo.
Para acortar esos tiempos tanto el economista como el presidente de la patronal reclaman el desbloqueo de la reforma de la ley del suelo. Hace una semana el Congreso rechazó empezar a tramitar la iniciativa impulsada por el PSOE -y presentada por el PNV-. También el PP ha registrado su propia propuesta. Para ambos expertos los dos planteamientos son «prácticamente iguales» pero son prisioneros del «juego de la política». «Que nadie piense que con esta ley de seguridad jurídica se acaban los problemas», ha advertido Salcedo, que ha abogado por liberalizar suelo para aumentar la superficie urbanizable. «Hay cosas que se pueden hacer mañana», ha añadido Vilajoana, que ha reclamado flexibilizar el uso de los suelos para evitar que se infrautilicen.
También el director del Programa de Investigación de Ciudades del Instituto de Economía de Barcelona, Jordi Jofre-Monseny, ha participado en el debate organizado por Fedea y el CGE. El profesor de la Universidad de Barcelona ha sacado a colación los últimos estudios del Banco de España y ha subrayado que desde mediados de la década de los 90, el precio de las viviendas en compra ha crecido más que los ingresos de las familias. «A eso se suma que, desde la crisis, se han endurecido las condiciones para acceder a un crédito hipotecario, con lo cual ha habido un incremento de las dificultades para acceder a la vivienda en propiedad y el resultado es que ha crecido la demanda en alquiler y con ello los precios», ha explicado, recordando que el 40% de los hogares que viven arrendados destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el techo.
«Lo que es más urgente se concentra en el mercado del alquiler y especialmente en las grandes áreas urbanas y en las zonas turísticas», ha añadido Jofre-Monseny, que ha reclamado políticas específicas para este mercado, como regular las viviendas de uso turístico, un mejor tratamiento fiscal para el alquiler residencial y seguros públicos contra impagos. El investigador ha abierto la puerta incluso a «alguna forma moderada» de control de rentas. «En el contexto en el que estamos sería bueno que los precios de los alquileres estuvieran regulados en el sentido de que no crecieran mucho más que la inflación», ha planteado, al mismo tiempo que ha calificado de «deficiente» la experiencia de Cataluña al haber producido un trasvase de oferta desde el alquiler tradicional hacia el de temporada.