La Unión Europea pretende imponer cierta firmeza en el desorden legislativo que existe en los veintisiete países miembros, y poner orden en la desigual tipología de sanciones que existe para castigar los delitos de corrupción. Para ello, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, presentó ayer una propuesta de directiva comunitaria que exigirá, entre otros a España, la elevación de las penas para sancionar la malversación de caudales públicos, el cohecho y los sobornos, o el tráfico de influencias. Читать дальше...