No es fácil elegir el mal menor. O damos por buena una Administración de Justicia abocada al colapso, dirigida por interinos y sostenida por jubilados, o nos conformamos con una clase política incapaz de mantener como Dios manda la estructura institucional del Estado. Es verdad que el PP ha cambiado de criterio innumerables veces, en una suerte de baile de la yenka que deslegitima su última postura, y que debería sentirse obligado a respetar una ley -la vigente- nacida del pacto que impulsó en 2001 un ministro de su escudería. Pero también lo es que a quien pagamos para que resuelva los problemas patrios no es a la oposición, sino al Gobierno elegido en las urnas. Sánchez sabe que la...
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