Evaluación por la pandemia y en desviación de recursos

Por su forma arbitraria de actuar, lejos de lo que señalan las leyes respectivas que norman la actuación de los servidores públicos, muchos de ellos, creen que el encargo es permanente y no se ponen a pensar que un día dejarán sus puestos y entonces vendrán las consecuencias por la toma de decisiones erróneas que no solo causaron un daño patrimonial a la Nación, sino cobraron vidas humanas.

Sin importar el nivel del cargo y responsabilidad que ello conlleva, desde el presidente de la república hasta el subsecretario de Salud, serán medidos por ese racero y seguramente serán llamados a cuentas.

Veamos el caso de las víctimas que ha cobrado la pandemia de Covi-19. Son más de 600 mil personas que debido a los efectos de los embates del virus y de la fallida estrategia que ha llevado a cabo el gobierno federal, perdieron la vida.

Hasta la fecha, el máximo responsable del gobierno para enfrentar desde el frente sanitario y de salud, Hugo López Gatell, no atina a explicar con claridad, por ejemplo, las razones para no vacunar a los niños y adolescentes y menos una justificación sobre la incapacidad de la infraestructura hospitalaria para atender a todos los pacientes enfermos de Covid o de otros padecimientos graves.

En esta semana se presentó en la Cámara baja, una iniciativa de reforma constitucional que es digna de tomarse en cuenta, de Salomón Chertorivski Woldenberg, diputado por Movimiento Ciudadano, en el sentido de facultar al Congreso para crear una comisión de expertos independientes, no de legisladores, que evalúe el trabajo de las autoridades del sector salud y del Consejo de Salubridad General, en casos de emergencia sanitaria.

Propuso conformar una comisión especial, dentro de la Cámara de Diputados, que tenga por objeto reconstruir y comprender lo sucedido durante la pandemia de Covid-19 desde el primer momento de la crisis hasta el presente proceso de vacunación.

“Para corregir el rumbo, para prever en el futuro, México necesita el libro blanco de la gestión pandémica. Esta comisión especial debe ofrecer una triple certeza sobre la responsabilidad de instituciones y personas, sobre la manera en que este país va a encarar riesgos similares en el futuro y, sobre todo, la reconstrucción de hechos para conocer la verdad”, manifestó.

Ambas propuestas fortalecen el papel del Poder Legislativo en tanto poder de control y seguimiento; y ofrecen a las y los mexicanos la posibilidad de conocer la historia de meses, que han sido dramáticos y que no tuvieron por qué ser así.

La Iniciativa del diputado de MC plantea reformar el artículo 73 de la Constitución Política.

También en San Lázaro, se pretende legislar sobre el impedimento para tomar recursos etiquetados al sector salud para otros fines y aunque ya está considerado en la legislación actual deben modificarse varios preceptos constitucionales.

Veamos el caso del pago a Cuba por la visita de personal médico. Hasta ahora no existe una explicación coherente que justifique el pago de 255.8 mdp al gobierno cubano con recursos del Insabi a los supuestos médicos cubanos que vinieron a pasearse a México, en tareas consideradas más de espionaje que médicas.

Las explicaciones dadas por Claudia Sheinbaum, responsable de autorizar el pago, para justificar la entrega de recursos públicos a la dictadura cubana, son de risa y de gran desprecio a las instituciones de México y el orden jurídico.

El asunto de la desviación de recursos está perfectamente documentado y ante autoridades imparciales no habrá pretexto para juzgar a los responsables.

Los recursos etiquetados del sector salud, no deben usarse para otro propósito que no sea atender a los enfermos que requieren los servicios médicos del Estado.

Desde San Lázaro, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) propuso reformar los artículos 77 Bis 17 y 77 Bis 29 de la Ley General de Salud en materia de enfermedades que causan gastos catastróficos.

Explicó que con estos cambios se puede garantizar la suficiencia, transparencia y certeza jurídica de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.

Con la reforma, dijo, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tendrá prohibido canalizar recursos a otros fines distintos a los establecidos en la ley, deberá garantizar la transparencia, rendición de cuentas y certeza jurídica de los recursos acumulados en dicho Fondo.