La catástrofe humana del volcán de La Palma obliga a diseñar un plan de rescate público excepcional
“Lo que hace falta es dinero”. El director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Moncuerde, fue contundente al señalar las necesidades de las personas que han sufrido daños en sus viviendas por los efectos del volcán en La Palma, tras la rueda de prensa celebrada el pasado miércoles. Desde la erupción el 19 de septiembre, la lava se ha extendido por 166 hectáreas y ha destruido 350 inmuebles, según los datos de este jueves del sistema de observación terrestre europeo Copernicus.
El Gobierno de Canarias aún no cuenta con los datos de todas las personas afectadas. “Se está recopilando la información y se requiere de más tiempo para hacer la valoración definitiva, pero hay que actuar ya”, explica el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo regional, Antonio Olivera. Para ello, dice que la administración autonómica trabaja en “estrechísima” colaboración con el Gobierno central para diseñar mecanismos de intervención para dar respuestas “singularizadas” ante “un desastre de esta magnitud, que implica una pérdida total y absoluta de las propiedades o de terrenos”.
Las acciones se anunciarán en detalle este viernes, tras el Consejo de Gobierno, pero Olivera adelanta que en el esquema de partida se ha identificado que “todo lo que hay, no sirve” y el plan se debe diseñar “ex profeso” y “de forma dinámica” para hacer frente a las necesidades que genera una erupción volcánica que sigue activa y se desconoce cuando parará. Por ejemplo, a la hora de establecer compensaciones para personas que han sufrido daños en sus viviendas y no estén aseguradas, la normativa “no permite los importes adecuados”.
El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se hace cargo de cubrir daños causados por hechos extraordinarios, tal y como recoge el Real Decreto 300/2004. De hecho, la Delegación del Gobierno en Canarias ha informado que el organismo ya ha recibido 40 solicitudes de indemnización. Para realizar el trámite, los clientes pueden gestionarlo directamente con el Consorcio (llamando al 900 222 665) o pedir a su aseguradora privada que se encargue del papeleo.
En un comunicado, Liberty Seguros ha informado a sus clientes que se ofrece a tramitar las reclamaciones con el Consorcio y revela que este ya se ha desplazado a la Isla para realizar una primera labor de reconocimiento, fijando un plazo de diez días para contactar con los afectados y comenzar a gestionar las reclamaciones pertinentes. Pero siempre y cuando los propietarios tengan contratado un seguro; de lo contrario, no tienen derecho a este recurso. Y en el campo canario, tradicionalmente no suele contratarse para casas que no requieren hipoteca, sino que han sido construidas por sus propietarios.
“Los mecanismos habituales que se contemplan, de apoyo para la recuperación en caso de desastre, son claramente insuficientes”, incide Olivera, quien revela que “se está buscando una aproximación para que nadie se quede colgado”. El proceso se ha estructurado por fases: primero la de emergencia, habilitando espacios adecuados para las personas desalojadas; otra transitoria, con medidas destinadas a identificar activos inmobiliarios y tener preparada una variedad de alojamientos. De hecho, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ya gestiona la adquisición de 280 inmuebles para hacer frente a la emergencia habitacional. Y la definitiva, “cómo se recuperan las viviendas perdidas y la reconstrucción”, añade Olivera, que aún está en proceso de valoración de daños mientras el volcán sigue activo.
El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, ya ha solicitado fondos europeos de solidaridad, ya que estima que se dan los requisitos necesarios: los daños superan los 400 millones de euros, es decir, la exigencia que fija la Unión Europea para acceder a esta ayuda. En concreto, para las Regiones Ultraperiféricas, especifica que las pérdidas deben suponer el 1% del Producto Interior Bruto (PIB), algo que según Torres se cumple. El dinero que se reciba se empleará, principalmente, para reposición de infraestructuras públicas como carreteras, colegios o redes de agua, pero también alojamientos provisionales o para el sector primario.
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, aseguró el pasado martes que ya se ha pedido que se declare a la isla zona catastrófica, o “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, tal y como recoge la Ley 17/2015. Este mecanismo permite solicitar subvenciones al Ministerio del Interior, pero debe ser declarada por el Consejo de Ministros. Sin embargo, solo se pueden reclamar en el plazo de un mes después de que haya finalizado la emergencia y se evalúen los daños. Los beneficiarios pueden ser unidades familiares o de convivencia; comunidades de propietarios; personas físicas y jurídicas o ayuntamientos y cabildos.
Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha informado que se pondrá en marcha un mecanismo de protección laboral específico para La Palma y para el resto de las islas canarias, que beneficiará a trabajadores, empresas y autónomos. Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, plantea derivar los fondos europeos a la pesca para las ayudas correspondientes a este sector de la isla y, en el caso de los plataneros (con pérdidas de hasta 300 hectáreas), se compromete a cubrir la parte que no aporte Agroseguro.
Cinco días de erupción
Después de cinco días de erupción, el número de evacuados en la isla supera las 6.000 personas, principalmente de los municipios de los Llanos de Aridane y de El Paso. Fue el pasado domingo cuando fueron trasladados hasta el acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja. Y el Cabildo de La Palma ha informado este jueves de que serán realojadas en establecimientos turísticos o en centros sociosanitarios, en el caso de dependientes. También el polideportivo de Los Llanos de Aridane se convirtió desde la noche del 21 septiembre en un gran espacio solidario, después de habilitarse por el incremento de la caída de ceniza en el estadio de fútbol, donde los evacuados permanecían desde el domingo hasta el pasado martes.
Hasta la fecha se han registrado nueve bocas en el volcán, no todas activas. La colada principal avanza a unos 4 metros por hora, por lo que, después de tres previsiones fallidas, insiste el Pevolca que no está previsto que llegue al mar ni este jueves ni el viernes. La ralentización del río de lava se debe a que va perdiendo temperatura conforme se aleja del cono, por lo que aumenta su viscosidad, y también porque tiene que ir atravesando un "gran volumen" de material ya depositado, según ha explicado el Pevolca.
Aún no se ha producido el vaciado de magma en el cráter del volcán, que sigue "en una fase muy explosiva", tal y como ha reconocido la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco. La nube de ceniza que emana del volcán ha alcanzado los 3.500 metros de altura, por lo que ha afectado a las operaciones aéreas durante la mañana de este jueves.