El Gobierno admite que "se desconoce el precio real de un megavatio de origen nuclear" en plena guerra eléctrica
El Gobierno reconoce que no tiene respuesta a la pregunta de cuánto cuesta producir un megavatio hora (MWh) nuclear teniendo en cuenta todos los costes de esta tecnología. Lo ha hecho en plena guerra con las principales compañías del sector por las medidas adoptadas para drenar la espectacular subida de la luz.
"En la actualidad se desconoce el precio real de un MWh de origen nuclear", dice el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria fechada el 8 de septiembre, una semana antes de que el Consejo de Ministros aprobara su plan de choque para abaratar el recibo.
Con un Real Decreto-Ley, el Gobierno ha asestado a las eléctricas un recorte de 2.600 millones de euros para rebajar drásticamente los cargos de la factura de los consumidores, en especial, hogares y pymes. Las principales afectadas van a ser la hidráulica y la nuclear, a las que se van a detraer durante seis meses los beneficios extraordinarios que, asegura el Ejecutivo, reciben esas tecnologías, que considera amortizadas, por la histórica escalada del precio mayorista de la electricidad a causa del encarecimiento del gas en los mercados internacionales.
En su respuesta, el Ejecutivo argumenta que no impulsa la nuclear porque, entre otras razones, las centrales "utilizan un combustible que, una vez gastado, se convierte en un residuo de alta actividad y muy larga vida (miles de años), del que es imposible precisar el coste de su gestión definitiva, dado que, hasta ahora, esta no se ha llevado a cabo en ningún país occidental".
Si bien "los titulares de las centrales pagan a la empresa pública Enresa una prestación patrimonial destinada a la financiación de la gestión de estos residuos y el desmantelamiento de las centrales", esa falta de experiencia "hace que sea el Estado el que, finalmente, haya de asumir las incertidumbres económicas existentes en relación con el coste final de su gestión", recuerda el Ejecutivo.
Desde 2005 los reactores pagan una tasa para financiar la gestión de los residuos y el desmantelamiento, que hasta entonces se cargaba al recibo de la luz. Esta tasa, que en 2020 recaudó unos 480 millones, se incrementó a finales de 2019 un 19% (llevaba sin revisarse desde 2010), hasta 0,798 céntimos de euro por kilovatio hora generado, en el marco del cierre escalonado de los reactores entre 2027 y 2035 que pactó el Gobierno con las eléctricas.
Ahora las empresas, que dicen que los llamados beneficios caídos del cielo son un mito, aseguran que ese calendario está en peligro tras la aprobación de un decreto calificado de "intervención del mercado" por el sector, que "hará que numerosas centrales de generación incurran en pérdidas económicas significativas", según la patronal Aelec.
Las compañías han amenazado con un cierre unilateral y "desordenado" de los reactores, que dejarían de nutrir al fondo que financia a Enresa y pondrían en peligro los objetivos de descarbonización, por el papel de estas centrales (que no emiten CO2) como respaldo de las renovables mientras no exista una solución para almacenar la energía.
A cierre de 2020, el fondo que gestiona Enresa acumulaba algo menos de 6.600 millones, frente a los más de 23.000 millones en los que la empresa pública estima el coste de gestionar los residuos y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares hasta 2100. Esa cifra incluiría la construcción del almacén temporal para guardarlos. Enresa ha asegurado recientemente que su plan "sigue siendo disponer de un ATC" y ha avisado del posible "lucro cesante" para las eléctricas si no hay donde guardarlos en 2026 y las centrales tuvieran que parar.
La última estimación del coste de generación de las centrales nucleares españolas son los 56,1 euros/MWh que Endesa facilitó a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en una reciente visita de los técnicos de ese organismo a España. Esa cifra incluía 21,4 euros de lo que la eléctrica califica como "impuestos y tasas a los residuos nucleares" y 11,1 euros de "coste de capital".
Cifras que expertos como Eloy Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y revisor experto del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consideran infladas. "Es un dato de la industria que no está auditado externamente", dice. Sanz recuerda que las nucleares españolas, que llevan décadas en operación, no están amortizadas desde el punto de vista contable por decisión de sus titulares. Cree que el coste real de esta tecnología estaría no en esos 56,1 euros sino "en torno a los 45 euros/MWh".
Las nucleares lamentaban el año pasado que operaban a pérdidas porque el MWh en el mercado mayorista estaba históricamente bajo (se situó de media por debajo de 34 €/MWh). Ahora que los futuros para el último trimestre del año han llegado a superar esta semana los 175 euros, las eléctricas sostienen que han vendido la mayoría de la producción de esas centrales con contratos bilaterales a precios muy inferiores a los actuales, por lo que la minoración por la subida del gas les va a llevar a pérdidas.
Foro Nuclear ha asegurado que, para funcionar sin perder dinero, y una vez esté en vigor un proyecto de ley para restarles los ingresos extra por la subida del CO2 (que no soportan y que este año también se ha disparado), el precio del mercado mayorista "no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas", aseguran.
Este lobby ha reclamado un precio fijo para esta tecnología, en la que no hay libertad de entrada (no se van a construir más nucleares en España). La vicepresidenta Teresa Ribera lo ha descartado porque dice que ese precio fijo es contrario a la normativa europea. El presidente de esa asociación, Ignacio Araluce, reclamó en verano que se situara en torno a 57 euros, muy por encima de los 18 euros que, según Ribera, llegó a plantear Podemos como horquilla mínima en su propuesta para sacar las nucleares del pool antes de la aprobación del plan de choque del Gobierno.
Además de esa minoración temporal, el decreto prevé, junto a la prórroga de la bajada del IVA, la reducción al mínimo del Impuesto a la Electricidad y otras medidas, obligar a nucleares e hidráulicas ceder su energía a otras comercializadoras y a grandes consumidores mediante un sistema de subastas.
Las eléctricas han advertido de que la norma va contra la normativa española y la europea, aunque no pueden recurrirlo directamente. Necesitan que se plantee un recurso de inconstitucionalidad, algo que solo pueden plantear, entre otros, las comunidades autónomas o al menos cincuenta diputados. Un posible candidato es Vox, único grupo que hoy defiende abiertamente que se construyan más nucleares en España.
Una posibilidad que casi todo el arco parlamentario desechó tras el desastre de Fukushima y el Gobierno rechaza de plano basándose "en la defensa de los intereses públicos". Al coste de gestionar los residuos y el desmantelamiento se suma que la posibilidad de accidente nuclear "es remota", pero "en el caso de que este se produzca, y sin perjuicio de la responsabilidad civil que están obligados a asumir los titulares de las centrales nucleares, la experiencia ha demostrado que es también el Estado el que finalmente ha de hacerse cargo de gran parte del coste de los daños que se produzcan".
Además, según el Ejecutivo, "en la actualidad, ninguna empresa eléctrica estaría interesada en poner en marcha una central nuclear, ni ninguna entidad financiera dispuesta, en su caso, a financiarla, dadas las incertidumbres de todo tipo que se ciernen sobre este tipo de proyectos".