Claves y plazos para la entrega de Puigdemont
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Hay dos opciones para que un país como Italia entregue a otro como España un fugado como Puigdemont. La primera, que esté acusado por alguno de los 32 delitos que todos los estados de la UE reconocen como motivo suficiente para la entrega automática siempre que impliquen penas de cárcel superiores a 3 años. Sin embargo, en este catálogo no aparecen la sedición o la malversación por las que la Justicia española reclama a Puigdemont, sino otros delitos como pertenencia a organización delictiva, corrupción, estafa, chantaje, extorsión o fraude.
La segunda vía es la doble incriminación: que el delito en cuestión este tipificado como tal y sea similar en los dos países afectados. Y es ahí donde el Código Penal italiano sí incluye varios artículos que encajan en el caso del ex president fugado. Por ejemplo el 241, que prevé penas de al menos 12 años de prisión para «los atentados contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado» y al que además la legislación trasalpina añade agravantes si se comete por parte de un cargo público y violando los deberes inherentes a sus funciones, como la de máximo responsable de la Generalitat que ostentaba Puigdemont entonces.
Más coincidente todavía es el artículo 655, que especifica que «debe considerarse sediciosa la conducta que revela rebelión hacia los poderes públicos y hacia los órganos del Estado», lo cual parece encajar con las acusaciones que pesan sobre Puigdemont en España, en cuyo caso se cumpliría esa condición de la doble incriminación para que Italia, donde fue detenido ayer, activará la euroorden y lo entregara a nuestro país.
Un par de semanas o más de dos meses
Según la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, que regula la aplicación de la euroorden entre sus estados miembros, la Justicia italiana tiene 60 días desde la fecha de la detención para decidir si la aplica, pero si Puigdemont acepta ser entregado, ese margen se reduce a 10 días. A partir de ahí, la entrega debe realizarse a la mayor brevedad en la fecha que acuerden ambos países antes de otros 10 días.
Por tanto, si finalmente se ejecuta esta euroorden, dependerá del propio Puigdemont primero y de los Gobiernos italiano y español después la fecha concreta en la que se produzca la entrega, que puede oscilar así entre un par de semanas en el mejor de los casos y más de dos meses si se agotan los tiempos.
Por último, en este caso no concurren ninguna de las excepciones a las que podría acogerse Puigdemont para evitar la aplicación de la euroorden, como que ya haya sido juzgado por los mismos delitos, que tuviera otras causas pendientes en Italia, que España hubiera aprobado una amnistía para esos mismos delitos (como reclama el secesionismo catalán para los presos de 'procès') o que éstos hubieran prescrito. Además, el ex president tampoco puede acogerse a la inmunidad que le retiró recientemente el Parlamento de la UE.