Carmelo Cattafi: Anticorrupción entre estado de derecho y desigualdad
La VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dejó muy poco espacio a la lucha anticorrupción, aunque en un proceso de concertación abarcó desde distintos ámbitos la desigualdad como denominador común. Esto a pesar de la ilusoria Declaración Conjunta emanada de la IV Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción del noviembre de 2020 donde se apreciaron otras premisas de unidad y compromiso para erradicar la corrupción y la impunidad en América Latina y el Caribe. Este 18 de septiembre de 2021 los buenos propósitos chocaron con las reales diferencias estructurales de los integrantes de la CELAC y las agendas personales de quienes asistieron. Si de una parte se pudo notar el liderazgo de México, de la otra aparecieron episodios contradictorios entre apapachos y golpes a los eventuales aliados sin importar si se tratara de Estados u Organismos Internacionales.
Demostrar voluntad de enfrentar el problema de la corrupción significa también querer entender la terminología que se utiliza en la materia incluyendo por supuesto el significado del respeto de los derechos humanos, del estado de derecho y de qué es un régimen democrático. Una vez sentadas estas bases sigue entender que la lucha reducida a la persecución de los culpables como fin en sí misma, sin la resiliencia en el fomento de la educación a la cultura de la legalidad es un vano intento de ganar confianza a través de publicación de escándalos sin visión de largo plazo.
Una de las características más importantes para la coordinación de las acciones de políticas públicas anticorrupción es la inteligencia organizacional. Esto significa elaborar y compartir estrategias exitosas para reducir la impunidad, transparentar la gestión pública y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, las compras gubernamentales y las ayudas internacionales. Significa fortalecer las estrategias para la protección a los denunciantes y a los whistleblowers (informantes sobre actos corruptos) y para impulsar en el sector público y privado una conducta ética que realmente incorpore integridad y responsabilidad social, más allá de los códigos escritos.
Cuando el denominador común de ciertas comunidades es la desigualdad, urge la distribución eficiente de los recursos públicos en aras de garantizar servicios de bienestar social cuyas carencias generalmente afecta a las personas más vulnerables.
Más allá de la teoría y del marco legal, asegurar la libertad en un estado social de derecho que promueve desarrollo y bienestar, es contar con la voluntad de generar cultura de transparencia, de rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales.
Un Estado respetuoso de la ley tiene que respetar primordialmente las libertades y las necesidades de la ciudadanía ya que paradójicamente, hemos heredado de los gobiernos más corruptos las mejores leyes en materia electoral, de transparencia y de anticorrupción. Leyes que nos envidian mundialmente y que podrían sentar las bases para el desarrollo, pero al mismo tiempo se generaron mecanismos que las obstaculizan, además se propiciaron golpes con daños que la falta de coordinación amplificó en los niveles locales.
El espíritu de las leyes se vuelve vano por las simulaciones capaces de corromper los procesos y boicotear su ejecución. La implementación chueca del estado de derecho ha generado un sistema que se auto captura y sigue tolerando la corrupción. Ahora que se instalaron las nuevas comisiones en los Congresos Estatales, hay que evitar retrocesos, y si realmente se quieren cumplir las repetidas promesas de campañas ligadas a combatir la pobreza, las desigualdades y las injusticias hay que empezar con algo que depende de factores internos: combatir la corrupción denunciando actividades ilegitimas que a veces son encubiertas bajo la sombra de la legalidad. En esto la comisión anticorrupción de la nueva legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León tiene una oportunidad sin precedentes. Tal vez es la comisión más afortunada de la historia, porque nace sabiendo que será muy difícil empeorar la situación que dejó la legislatura anterior. No se le pide más que hacer funcionar el Sistema Estatal Anticorrupción y encargarse seriamente, sin distracciones, de los asuntos relacionados con hechos de corrupción.
El autor es Doctor en Ciencias Sociales, miembro del SNI-Conacyt, especialista en Derecho Internacional, Política Internacional y Participación Ciudadana. Profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.