Un prófugo en libertad

La inesperada detención de Carles Puigdemont por la Policía italiana y su posterior puesta en libertad -sin limitación alguna y hasta que declare el próximo 4 de octubre- ha puesto de manifiesto los diversos frentes abiertos en la situación jurídica del expresidente de la Generalitat. En todo caso, conviene mantener la perspectiva del proceso instado desde la Sala Segunda del Supremo para definir correctamente la situación de Puigdemont y no sucumbir a los mensajes distorsionados de su equipo de abogados, ni de la propaganda del separatismo catalán. Puigdemont ha sido detenido, fundamentalmente, porque es un prófugo y tiene dos órdenes de detención activas: una de ámbito español y otra, europea. Es un prófugo detenido. En contra de lo que se ha difundido, la orden de detención europea dictada por Pablo Llarena nunca ha sido suspendida, ni desactivada. Lo reiteró ayer este magistrado en un oficio dirigido al representante español en la red europea de Justicia, José de la Mata. Además, Puigdemont es un parlamentario europeo sin inmunidad, tal y como declaró el Tribunal General de la UE en su resolución de 30 de julio pasado. Y sin inmunidad, un parlamentario europeo puede ser detenido, más aún si su detención se produce por orden judicial y con motivo de un desplazamiento ajeno a su actividad oficial. La presencia de Puigdemont en Cerdeña nada tenía que ver con sus funciones en el Parlamento Europeo. Iba a asistir a un festejo identitario en una localidad sarda donde aún se habla catalán y existe un fuerte sentimiento independentista.


Estas condiciones no dejan lugar a duda sobre la legalidad de la detención practicada por la Policía italiana -y así lo entendió el juez encargado del caso-, que se produjo por el normal funcionamiento del espacio Schengen, en el que está operativo un sistema de alertas con las euroórdenes vigentes. El equipo defensor de Puigdemont y el Gobierno catalán volvieron a mentir sobre la situación del expresidente: España no ha engañado a nadie, ni a los jueces o policías italianos, ni al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Ha funcionado la normativa que las instituciones comunitarias dieron a los Estados miembros para que realmente la Unión Europea fuera un espacio de colaboración leal entre sus tribunales para el castigo de los delitos cometidos en su territorio. ¿Acaso es sorprendente que a un fugado de la Justicia lo detenga la Policía?


Lo que distorsiona en parte este planteamiento legal es la serie de consideraciones que el TGUE hizo el pasado julio, al afirmar que la cuestión prejudicial planteada por el magistrado Pablo Llarena ante el Tribunal de Justicia de la UE suspendía la tramitación de las órdenes de detención. Pero tal cosa es una interpretación del TGUE, o de quien se dirigiera a él en nombre del Estado español, que en ningún caso aparece en las resoluciones del magistrado Llarena. A este criterio del TGUE se aferra la defensa de Puigdemont para lograr que se le conceda de nuevo la inmunidad parlamentaria. Si fuera así, el TGUE estaría haciendo un flaco favor a la euroorden y, en general, a la confianza recíproca entre Estados miembros y sus tribunales, que ya han llevado a España a ser ridiculizada en varias ocasiones.


En el plano político, la detención de Puigdemont se ha estrellado en el maltrecho escenario catalán. Los independentistas de Junts se ven reafirmados contra la política pactista del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien no tendrá más remedio que extremar su discurso frente a Pedro Sánchez para no verse superado por sus socios de Junts y la CUP. Entre tanto, la mesa de diálogo corre el riesgo de naufragar, porque la nueva detención de Puigdemont la deja sin máscaras ni imposturas. Si, como dijo ayer Aragonès, no hay más solución al ‘conflicto’ que la amnistía y el derecho a la autodeterminación, el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar la mesa por clausurada, porque nada de eso se puede negociar. El riesgo de perder el apoyo de ERC en plena negociación por los Presupuestos puede llevar al Gobierno a no hacer todo lo necesario para conseguir que Puigdemont sea entregado a la Sala Segunda del TS para su enjuiciamiento por los delitos de sedición y malversación. Sánchez se comprometió en 2019 a traer a Puigdemont a España. Lo que ha hecho ha sido indultar a los que fueron condenados por el 1-O, deslegitimar la legislación penal española ante Europa, tachándola de desproporcionada, y dando trato de socio preferente al partido que instó la sedición de Cataluña contra el orden constitucional español. Hay muchas incógnitas abiertas sobre lo que puede suceder en el plano jurídico y político. Pero hay una certeza fundamental: Puigdemont es un prófugo cuya vuelta a España solo es posible para ser juzgado por sedicioso y malversador. Y el Estado español no debe ni puede dejar de hacer todo lo posible por conseguir ese objetivo.