El Gobierno valenciano notifica que no prorrogará las concesiones de las ITV por las que se investiga a Zaplana

"Le comunico, en tiempo y forma, como empresa concesionaria actual del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana que, en uso de la facultad conferida por la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, el contrato finalizará una vez cumplida su duración inicial, 25 años. Por tanto, mediante la presente comunicación se efectúa la denuncia formal prevista en el expediente contractual y le comunicamos que no existirá prórroga".

Así reza la notificación (documento completo al final de la información) que la Conselleria de Economía, en cumplimiento de uno de los mandatos del Pacto del Botánico, ha remitido este lunes a las empresas concesionarias de las 25 estaciones fijas de la Comunitat Valenciana.

Tal y como ha venido informando elDiario.es, el Gobierno valenciano no prorrogará los contratos, por lo que a partir de diciembre de 2022, la Generalitat Valenciana tendrá vía libre para recuperar el control y la gestión de las estaciones al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997 por el ejecutivo autonómico que presidió Eduardo Zaplana y por el que el ex presidente está imputado en el marco del caso Erial.

El aviso por parte del departamento que dirige Rafael Climent debía llegar a las diferentes empresas un año antes de que caduquen los contratos, es decir, antes del 5 de noviembre, y ha sido este martes cuando se ha hecho efectivo. El documento remitido a las concesionarias deja constancia de que no se aplicará la opción de la prórroga de 10 años prevista en los contratos.

Según la carta a la que tenido acceso elDiario.es, "el informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto, para la reversión a la Administración del servicio público de ITV analiza las posibles formas de gestión y las diferencias económicas entre modelos de gestión del servicio público de inspección técnica de vehículos, concluye que prorrogar la concesión actual otros 10 años es la opción económicamente más desfavorable para la Generalitat".

En consecuencia, "hay que considerar cumplida la exigencia de valorar las repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Como recuerda el mencionado informe sobre las actuaciones, "el debate sobre las formas de gestión de los servicios públicos y la eventual recuperación de su gestión es un juicio de oportunidad no jurídico o, al menos, esencialmente político, aunque lógicamente tendrá que tomar en consideración los problemas jurídicos”.

La carta se remite en este punto al acuerdo del Botánico donde se establece que “ante la finalización de la concesión en la próxima legislatura, trabajaremos para devolver a la gestión pública directa el servicio de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para las personas usuarias y una gestión transparente y eficiente”.

Por lo tanto, concluye que "es voluntad del actual Consell de la Generalitat finalizar el vigente régimen de concesión administrativa de la prestación del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana".

A partir de ese momento, se articulará un procedimiento muy parecido al que se ha llevado a cabo para recuperar la gestión pública del departamento de salud del hospital de Alzira en 2018 y de Torrevieja. Este último se hará efectivo el próximo 15 de octubre.

Precisamente, desde Economía se acogen al aval que recientemente otorgó en una sentencia el Tribunal Supremo a la recuperación pública de la gestión del hospital de Alzira, una vez caducado el contrato.

Así, Economía deberá trazar ahora una hoja de ruta para dar continuidad al servicio mediante dos opciones. La primera y más probable pasaría por recuperar la gestión pública del servicio a través de una empresa pública que asumiera a los 1.200 empleados de las estaciones. La segunda opción sería volver a sacar el servicio a concesión mediante un nuevo concurso público con condiciones más ventajosas para la administración, aunque esta posibilidad está prácticamente descartada, puesto que el Pacto del Botànico prevé la reversión de este servicio.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) solicitó la semana pasada a Climent la apertura de la mesa de diálogo anunciada hace unos meses para conocer de primera mano la intención de la administración: "No tiene sentido revertir un servicio que está funcionando bien para la administración, para los trabajadores y para la seguridad vial", afirmaron.

El caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.

Un informe anterior de la UCO concluyó que el reparto posterior de las comisiones fue de 10,5 millones para la trama internacional liderada por Eduardo Zaplana; 11,3 para el que fuera director de la policía con Aznar Juan Cotino y 580.000 euros para el expresidente de Bancaja y de la Generalitat José Luis Olivas.