Diputados reciben reformas de Sheinbaum para crear secretarías de la Mujer, de Tecnología y la Agencia Digital

Para modificar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, que fue anunciada desde el arranque del nuevo gobierno, la Cámara de Diputados recibió hasta este viernes 1 de noviembre un nuevo paquete de iniciativas de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La propuesta también modifica la denominación de Secretaría de la Función Pública por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El documento, remitido al presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, por medio de la Secretaría de Gobernación, establece, entre otros cambios, el sustituir el término presidente de los Estados Unidos mexicanos por la persona titular del Ejecutivo Federal.

¿Qué dice la iniciativa de las nuevas reformas de Sheinbaum?

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, señala que con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Estado garantizará la definición, articulación y coordinación de las estrategias con diversas secretarías en materia de investigación humanística y científica del país.

Expone que esa sinergia permitirá potenciar proyectos innovadores que establecerán agendas de investigación prioritaria para incidir en el entendimiento y búsqueda de soluciones a los retos nacionales en materia de salud, energía, agua, alimentación, seguridad humana, vivienda, educación y cultura, entre otros, añade.

Establece la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres por la Secretaría de las Mujeres, lo que permitirá una mejora en el rango institucional, estructural y operativo, y abonar de manera más efectiva las violencias y desigualdades históricas y estructurales que enfrentan las mujeres en México.

Es decir, ampliar y fortalecer las atribuciones que tenía el Inmujeres para dotar a la nueva Secretaría de las herramientas adecuadas para alcanzar sus objetivos.

Además, modifica la denominación de la Secretaría de la Función Pública por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Está concepción abarca la tarea de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, con lo que se da mayor enfoque a los procesos y controles que la misma realizará y que aseguran la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público, fundamental para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique la carrera del servicio público.

Señala que la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones debe ser considerada como un elemento esencial del Estado mexicano para poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas, para que de una manera inmediata ejerzan y exijan sus derechos.

El objetivo, explica, es poner la tecnología al servicio del pueblo de México.

También, pretende inscribir el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de facilitar su ámbito de actuación.

En cuanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, plantea reformas para asegurar una mayor presencia de México en foros internacionales, reafirmando el compromiso de nuestro país como un líder global y un socio clave en la solución de desafíos internacionales.

Respecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, busca que se encargue de formular y conducir la política nacional en materia de residuos sólidos y de economía circular, en coordinación con las instancias que correspondan; regule, autorice y vigile las actividades forestales productivas, así como que coordine programas de conservación, aprovechamiento sostenible y restauración de los suelos forestales y sus ecosistemas.

En lo que concierne a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural plantea actualizar de forma integral y homogénea el marco jurídico de actuación de la Secretaría, el cual no ha sido actualizado de manera integral desde 1976, así como fortalecer sus atribuciones, al incluir de manera clara la soberanía alimentaria como eje rector de agricultura, y adicionar facultades para producir y comercializar semillas, además de emitir Normas Oficiales Mexicanas del sector agroalimentario.

Los cambios en la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes plantean que tenga facultades para alinearse a la visión transformadora.

En la Secretaría de Salud busca consolidar su rectoría en la política nacional en materia de salud pública, asistencia social, atención a la salud y salubridad, lo que permitirá coordinar, concentrar y unificar las acciones y esfuerzos de las instituciones prestadoras de servicios de salud para la transformación del sistema de salud identificando factores de riesgo, promoviendo la prevención universal de enfermedades y proporcionando atención oportuna y de calidad.

Sobre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, busca reformarla para precisar el término de “normatividad agraria” e “institución de las leyes agrarias”, lo que permitirá distinguir la Ley Agraria, sus reglamentos y demás disposiciones, reforzar su facultad de asesorar a las entidades federativas y municipios en la modernización y vinculación informativa de sus registros públicos de propiedad y sus catastros, así como diseñar y apoyar los proyectos de modernización de los mismos.

También, incluir el desarrollo comunitario y fortalecer los instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales para su prevención y mitigación, en colaboración con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

También, se designa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar de la Secretaría de la Función Pública, como la encargada de establecer disposiciones de carácter general sobre el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas de las dependencias y de las entidades paraestatales.