Las constructoras piden una revisión excepcional de precios: "La ejecución de contratos públicos se está complicando"
La construcción vuelve a la carga en su exigencia de que los contratos públicos se revisen por la subida de los precios provocada por la guerra de Irán. La patronal de las compañías no cotizadas ANCI ha advertido hoy de que la nueva espiral inflacionaria provocada por el conflicto "está complicando la ejecución de los contratos públicos, a la vez que genera incertidumbre sobre los contratos futuros".
Según esta organización, desde el inicio del conflicto, los materiales de construcción básicos, como hormigones, áridos, acero, ladrillos o plásticos, registran subidas de entre el 10 y el 25%, destacando muy especialmente el betún, cuyo precio se ha incrementado entre un 30 y un 40%. Una situación que, asegura, ha agravado la tensión que ya vivía el sector en los últimos años por la crisis inflacionaria provocada por la invasión rusa de Ucrania.
Ante esta situación, ANCI ha reclamado disponer de un mecanismo "estable, automático, ágil y efectivo, que permita adecuar las variaciones en los precios a la realidad de la ejecución de los contratos públicos".
La patronal considera de gran relevancia la propuesta de CEOE para garantizar la estabilidad económica de los contratos del sector público, aprobada esta misma semana y que articula dos tipos de medidas. Con carácter estructural, una reforma normativa que recupere la obligatoriedad de la revisión de precios para todos los contratos públicos y que incluya el coste de la mano de obra entre los conceptos revisables.
Con carácter coyuntural y urgente, la reactivación del mecanismo de revisión excepcional de precios establecido en el Real Decreto-ley 3/2022, mediante una reforma de su redacción que permita su utilización, de manera automática y eficiente, para atender el actual shock de precios derivado de la crisis en Oriente Medio.
Preservar la competitividad
ANCI considera que estas medidas son "imprescindibles para preservar la competitividad de un sector estratégico para la economía española, garantizar la prestación de los servicios públicos y proteger el interés general".
Esta patronal se suma así a la reclamación ya realizada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que también pidió a comienzos de marzo cambiar la Ley de Contratos del Sector Público y revisar la Ley de Desindexación con el objetivo de que no se aplique a los contratos públicos, ya que la falta de actualización de precios -incluidos los costes energéticos- "pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras, tanto de viviendas como de infraestructuras", según advirtió.