El Estado interino: el efecto de décadas de improvisación y precariedad que ahora pasa factura a los contribuyentes
El Tribunal Supremo acaba de poner orden en uno de los disparates laborales de la Administración española al cerrar la puerta a convertir automáticamente en fijos a empleados públicos temporales que hayan encadenado contratos años sin superar una oposición, aunque reconoce que, cuando se usan interinos para cubrir necesidades estructurales, debe existir una consecuencia.
La ironía es evidente porque el mismo Estado que exige certificados, formularios, citas previas y paciencia ha mantenido a miles de trabajadores en puestos permanentes como si fueran temporales, de manera que hospitales, colegios, juzgados y ayuntamientos han funcionado con personas que llevaban una década haciendo el mismo trabajo bajo una etiqueta laboral, la precarización. Unas personas que llevan todos esos años viviendo en una montaña rusa, con el miedo a ser cesados y tener que esperar meses a volver a ser llamados, sin saber si es para unos días, unos meses o quizás años.
Lo llamativo no es solo que haya interinos cronificados, sino que ocurra en un país con muchos empleados públicos y un aparato administrativo enorme, porque España cuenta con 3,7 millones de empleados públicos en ministerios, comunidades, diputaciones, ayuntamientos, organismos, empresas públicas, agencias e institutos cuya utilidad exigiría investigación.
Por ello, la comparación con el sector privado resulta inevitable, porque mientras las empresas viven sometidas a ventas, impuestos y riesgo de desaparecer, la Administración engorda y se mueve protegida por el presupuesto. Una pyme que se equivoca cierra, un autónomo que no factura deja de ingresar y una empresa que no se adapta pierde clientes, mientras una estructura pública se reorganiza.
El Supremo dice algo razonable, que, si hay abuso, debe sancionarse, pero no puede corregirse una irregularidad creando otra y haciendo fijo a quien no accedió al empleo público mediante mérito y capacidad. Si hay indemnizaciones no las pagará quien no convocó plazas, sino el contribuyente, en vez de los responsables políticos.
La verdadera cuestión es si España puede permitirse una Administración cada vez más grande, cara y compleja, pero que planifica mal sus recursos, mide poco la productividad y donde sobra improvisación en un Estado que confunde tamaño con eficacia, plantilla con servicio y presupuesto con buena gestión, porque lo irónico no es que hubiera temporalidad en la Administración, sino que hasta la temporalidad pública haya acabado siendo indefinida.