El hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación
Nuevo revés judicial para Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación a su hermano David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por su enchufe en la Diputación pacense en 2017 en un puesto de alta dirección, aunque descarta imponerle también una pena de prisión, como pedían también las acusaciones populares.
La pena también se extiende al derecho de sufragio pasivo, lo que impide al músico ser candidato en cualquier proceso electoral durante ese mismo periodo de tiempo.
La Sala condena a idéntica pena al expresidente de la Diputación, y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y al exasesor de Moncloa Luis Carrero.
La investigación judicial que dirigió la magistrada Beatriz Biedma fue precisamente uno de los principales objetivos de las supuestas "cloacas del PSOE" que investiga ahora el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que intentaron desestabilizar la instrucción y apartarla del procedimiento para desactivar la causa contra el músico.
Las acusaciones populares solicitaban mayoritariamente (salvo Manos Limpias) una condena de seis años de prisión para el músico por tráfico de influencias y prevaricación, mientras que tanto la Fiscalía como su defensa reclamaron al tribunal su absolución, al descartar cualquier indicio delictivo.
Objetivo de "las cloacas del PSOE"
La investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez fue una de las causas que cercan al Gobierno que las supuestas "cloacas del PSOE" de Santos Cerdán y Leire Díez intentaron hacer descarrilar, poniendo en la diana a la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, contra la que se emprendió una campaña de desprestigio que incluyó no solo el intento de apartarla del procedimiento a toda costa, sino también seguimientos personales de la juez y su entorno más próximo.
Durante su declaración ante el tribunal, David Sánchez negó haber ejercido influencia alguna en la Diputación de Badajoz porque él, insistió, no tenía "capacidad de decidir nada".
El músico se sentó en el banquillo acusado -no por la Fiscalía- de tráfico de influencias, prevaricación y aceptación de nombramiento ilegal -aunque la Sala declaró prescrito este último delito, castigado solo con pena de multa- por su supuesto enchufe en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios, una plaza que en octubre de 2022 mutó sin concurso alguno en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Además, se le imputaba otra supuesta colocación a dedo: la del exasesor de Moncloa Luis Carrero, que se dirigía a él habitualmente como "hermanito", quien a finales de 2023 fue designado jefe de sección de coordinación de centro y de actividades transfronterizas y trabajó codo con codo con él meses antes incluso de incorporarse al puesto.