Magistrada: ‘Que se sepa quiénes son los que están dándole el abrazo a la criminalidad y que no es el Poder Judicial’
La eliminación de una norma presupuestaria que destinaba recursos adicionales al combate contra la delincuencia desató una fuerte reacción en la Corte Plena, donde magistrados advirtieron sobre un eventual debilitamiento deliberado del Poder Judicial.
La decisión fue tomada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que aprobó el primer presupuesto extraordinario de 2026 sin el respaldo de la oposición. Con esa votación, se suprimió la norma 10 del Presupuesto Nacional, una disposición incorporada por la Asamblea Legislativa anterior que obligaba a trasladar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio de Seguridad Pública los recursos correspondientes a plazas vacantes entre enero y junio.
Para magistrados de distintas salas, la medida no es aislada. La magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Vargas, indicó durante la sesión de Corte Plena: “Que se tenga claro quiénes son los que están dándole el abrazo a la criminalidad y que no es el Poder Judicial quien lo está haciendo”.
Agregó que la medida oficialista forma parte de una “seguidilla de acciones” que apuntan a restringir financieramente a la institución. “Ya nos avisaron claramente que quieren cerrar el Poder Judicial”, afirmó.
La magistrada vinculó estas declaraciones con manifestaciones del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien durante una conferencia posterior al Consejo de Gobierno por la Anexión de Nicoya preguntó: “¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?”.
¿Amenaza de cierre?
A criterio de Vargas, las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Hacienda buscan “ahogar el presupuesto institucional” y debilitar la capacidad operativa del sistema judicial. “El día que tengamos que ponerle candado a estas oficinas no será por gusto de esta institución”, añadió.
También cuestionó que mientras el país enfrenta retos crecientes en materia de criminalidad organizada, no exista un esfuerzo conjunto entre poderes del Estado. “Todos deberíamos estar preocupados por la delincuencia organizada, por trabajar en conjunto, pero pareciera que no, que este es un interés exclusivamente del Poder Judicial”, señaló.
La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, coincidió en que el impacto de la eliminación de la norma es directo sobre las áreas encargadas de la persecución penal. “Los recursos que se nos eliminan donde más impactan es en el OIJ y en el Ministerio Público, abocados al combate abierto contra el crimen organizado”, advirtió. Además, alertó que la situación podría derivar en un “cierre técnico” del Poder Judicial.
Desde la Sala Primera, el magistrado Jorge Leiva describió la medida como parte de una serie de decisiones que afectan la capacidad institucional para enfrentar al crimen organizado. “Es tristemente sorprendente ver la creatividad que hay en materia de afectación en la lucha contra el crimen organizado”, expresó.
Leiva comparó la situación con un partido de fútbol en el que los investigadores deben enfrentar al crimen sin las herramientas necesarias. “Es como si estuviéramos jugando contra el crimen organizado y nuestros delanteros tuvieran que meter goles, mientras otros miembros del equipo les esconden los tacos y las espinilleras”, ilustró.
Además, detalló que esta sería la tercera afectación en un corto plazo, sumada a la exigencia de recortes millonarios en el presupuesto y a restricciones en la programación financiera que limitan el uso de recursos ya asignados.
Responsabilidades constitucionales
Por su parte, el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, elevó el tono jurídico del debate al recordar eventuales responsabilidades del Poder Ejecutivo. Sin emitir un juicio de valor —dado que el tema podría llegar a conocimiento de la Sala IV—, citó disposiciones de la Constitución Política que establecen responsabilidades del presidente y sus ministros.
Entre ellas, el artículo 149, que señala responsabilidad cuando se “impidan o estorben” las funciones propias del Poder Judicial o se limite la libertad de los tribunales para juzgar.