Corte Suprema colombiana condenó a exgobernador por vínculo con paramilitares
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a casi ocho años de prisión al exsenador y exgobernador del departamento de Antioquia (noroeste) Luis […]
Colprensa / El País
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a casi ocho años de prisión al exsenador y exgobernador del departamento de Antioquia (noroeste) Luis Alfredo Ramos por vínculos con el paramilitarismo.
La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal determinó condenar a Ramos por el delito de concierto para delinquir con el fin de promover grupos armados ilegales.
“Un elemento esencial que estructura el concierto para delinquir lo constituyen los acuerdos a los que llegaron, con los propósitos mencionados, políticos del departamento de Antioquia, entre ellos el aquí acusado, con jefes de grupos paramilitares y sus estructuras delincuenciales que hicieron presencia en la región con gran influencia proselitista”, precisó la Corte.
Ramos fue acusado de haber concertado con grupos de autodefensa para recibir apoyo económico y electoral para ser elegido senador y gobernador a cambio de, por ejemplo, intermediar para quitarles la presión de la fuerza pública.
La corte determinó que “los acuerdos a los que llegó el acusado con comandantes de grupos de autodefensas, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado y a la Gobernación de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007”.
Según la decisión, Ramos, gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, participó en actividades y se reunió con varios miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal, así como recibió dinero de grupos ilegales para el financiamiento de sus campañas políticas.
“En particular, se le indilga haber sostenido relaciones con el Bloque Metro y el ‘cartel de la gasolina’ de los que recibió apoyo económico a cambio de intermediar para quitarles la presión de la fuerza pública entre los años 2000 y 2001”, consideró la Corte.
DINERO Y APOYO ELECTORAL
También se le acusó de recibir dinero del exjefe paramilitar Juan Carlos “el Tuso” Sierra, por los dineros que los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil entregaron para financiar sus campañas electorales entre los años 2001 y 2007, y por el apoyo de Miguel Arroyave cuando era comandante del Bloque Centauros de las autodefensas.
El alto tribunal determinó que Ramos contribuyó “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural en el que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.
Por este mismo caso, el exgobernador, militante desde el 2013 del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), estuvo privado de la libertad tres años y tres meses.
La Corte ordenó su libertad condicional en noviembre de 2016 pero siguió vinculado al proceso por el que ha sido investigado desde hace una década por sus presuntos nexos con Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, quien fue jefe del Bloque Central Bolívar de las AUC.
Las reuniones con comandantes paramilitares habrían ocurrido entre 2004 ó 2005 durante las negociaciones de la Ley de Justicia y Paz con la que se desmovilizaron oficialmente las AUC en 2006.
RAMOS SE DEFIENDE
El exgobernador respondió a la decisión de la Corte en una declaración en la que reiteró que es “inocente” y afirmó que continuará “dando la cara a la justicia”, confiado en que se reconozca su inocencia en segunda instancia.
“He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia. Apelaré a la segunda instancia donde se demostrará mi inocencia”, afirmó en un video en el que también recordó que estuvo “injustamente privado” de su libertad por tres años y tres meses.
EFE