La Educación no consigue recuperarse de los recortes que el PP impuso por decreto hace una década
La lista es larga y sus consecuencias lo fueron más aún: subieron las ratios, se aumentó la jornada lectiva a los docentes, se dejaron de cubrir las jubilaciones y de convocar oposiciones y se pusieron trabas a las sustituciones por baja; se esquilmó la red de formación; se desplomaron los presupuestos. En la Universidad también se prohibió sustituir a quienes se retiraban, se subió la docencia mínima y, sobre todo, se dispararon los precios públicos y se redujeron las becas.
Este curso se cumplen diez años desde la aprobación del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que auspició el exministro José Ignacio Wert y firmó Mariano Rajoy. Un sector que ya se veía afectado por los recortes generales, que empezaron en 2010 de la mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que congeló salarios y suspendió las oposiciones a funcionario público. La Educación sufrió de tal manera los tijeretazos que proponía el decreto que todavía hoy intenta recuperarse de algunas de sus secuelas. Una década perdida. Y contando: "No ha habido una recuperación generalizada de los recortes", asegura Maribel Loranca, responsable de la sección educativa de UGT.
Un ejemplo: el gasto educativo en el año previo al decreto, 2011, fue de 50.631 millones de euros. No era el pico de inversión; la cifra ya venía retrocediendo de ejercicios anteriores, pero no se volvió a llegar a ella hasta 2018. Hoy está en 55.000 millones, un 10% más que en 2010, pero prácticamente el mismo dato que en 2009, hace 13 años. Y con un par de matices: hoy hay casi 100.000 profesores más que entonces, una subida del 14%, y además ganan un 10% más que hace diez años, por lo que el gasto en salarios ha subido. Una inflación acumulada del 19% en los últimos diez años acaba de dibujar el bocado que ha sufrido la inversión en Educación.
El efecto sobre las familias fue inmediato. Como se puede ver en el siguiente gráfico, en paralelo a la caída del gasto público se dio un incremento del gasto privado para compensar. Entre 2010 y 2012 la inversión particular en Educación subió un 15%. En los siguientes cinco años lo haría otro 10% más.
Pero no todo fue negativo. Laura Julià, por aquel entonces profesora y hoy directora de un IES en València, recuerda de aquellos años que el "varapalo" del decreto de Wert sirvió para unir a un colectivo que hasta entonces no tenía esa sensación de pertenencia a un grupo. "Considerábamos que era un desprecio a nuestra labor docente", rememora. "No ya solo por el salario, también por el desprestigio que se nos daba, especialmente a los funcionarios. Aquello despertó la lucha colectiva". Familias y alumnado se unieron. Había nacido –también contra la incipiente Lomce, que se gestaba en esos meses– la Marea Verde.
Técnicamente el RD se firmó en abril, pero las ratios o las jornadas lectivas no se cambian en primavera, a mitad del curso. Sus efectos más perniciosos llegaron en el curso siguiente –del que se cumplen ahora diez años–, cuando a partir de septiembre el profesorado llegó a sus centros para trabajar más horas, tener más alumnado al que atender y menos tiempo para prepararse. Un curso en el que las direcciones de colegios e institutos hacían equilibrios con unos presupuestos menguantes. Para acabar de precarizar la situación, a los recortes a nivel estatal se sumaron los particulares de cada comunidad.
"Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable", defendía el Partido Popular en la exposición de motivos del Real Decreto. Menos dinero y peores condiciones laborales iban a optimizar el funcionamiento de los centros educativos, mágicamente.
El RD planteaba alcanzar "una mejor prestación del servicio" –solo aplicable a centros públicos o privados sostenidos con fondos públicos– con cuatro medidas fundamentales para la educación no universitaria: se permitía a las comunidades autónomas subir un 20% las ratios de alumnos por aula; se ampliaba la jornada lectiva del profesorado a 25 horas en Primaria y 20 en Secundaria y Bachillerato; se alargaba hasta los diez días el plazo mínimo de baja de un docente para enviar un sustituto; se retrasaba la implantación de una reforma de la FP que estaba en marcha.
Julià recuerda "el desgaste". "Unas ratios más altas implican una convivencia en el aula más complicada; el agotamiento repercute en que tienes menos paciencia, eres menos resolutivo y el alumnado está peor atendido", enumera.
Loranca, de UGT, hace hincapié en la la atención a la diversidad, al alumnado con necesidades específicas de atención educativa. "Las políticas que peor paradas salieron fueron las de equidad, los programas de compensación de desigualdades, la educación compensatoria, las aulas de enlace", rememora. Sin docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL), los estudiantes con necesidades eran sacados del aula, lo cual derivaba automáticamente en la etiqueta. Estos servicios, coinciden todas las fuentes, nunca se volvieron a recuperar como estaban. También se perdió por el camino la medida que tenían algunas comunidades por la que los alumnos con necesidades de apoyo educativo contaban como dos personas a la hora de establecer las ratios, de manera que se conformaban grupos más pequeños.
Estos recortes se sumaron a los que afectaron a todo el país: tijeretazos en los presupuestos, salarios de funcionarios congelados y la tasa de reposición a cero. No se podían sustituir las jubilaciones de los empleados públicos. "Aquello supuso un claro empeoramiento de las condiciones de trabajo de los centros en todos los sentidos", recuerda Raimundo de los Reyes, por aquel entonces director de un instituto público (IES) en Murcia.
De un curso para otro, a cada profesor le cayó de media un grupo más. El que tenía por ejemplo seis clases, pasó a tener siete. Según la materia que impartiera, podían ser hasta dos grupos extra, entre 30 y 60 alumnos más que atender para docentes que ya tenían unos 125 estudiantes cada uno.
Y además, con menos tiempo para gestionarlo. Los profesores pasaron de sus 17 o 18 horas semanales de clase a 20 (en Primaria eran 25), lo que supuso una merma en sus horas complementarias, las que no se dedican a la docencia puramente sino a reuniones de coordinación o a preparar clases. "Pero no puedes acortar el tiempo de corregir trabajos o no reunirte con tu compañero", explica una profesora, "por lo que se acabó traduciendo en más trabajo fuera de la jornada laboral, en nuestro tiempo libre". Mercedes Palatucci, jefa de estudios en un instituto madrileño, explica que por el camino ha quedado la dedicación de muchos profesores a actividades de centro como la radio del instituto o el periódico. "Ya no están en los espacios comunes, normalmente cada uno se queda en su departamento trabajando en sus cosas", lamenta.
Aunque algunas comunidades sí ofrecieron soluciones para esta falta de tiempo: además de la jornada lectiva aumentaron la jornada semanal. Al menos Andalucía, Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y Murcia pasaron a una semana de 37,5 horas.
Los interinos sufrieron especialmente, recuerda Loranca. Palatucci fue una de ellas. Su caso es extremo, pero a la vez real: los recortes forzaron que se cambiara de especialidad. Palatucci era profesora interina de Filosofía. Al aumentar las horas lectivas del profesorado, donde antes cabían 2,5 profesores pasó a haber uno. Ella, que el año anterior había conseguido trabajar pese a estar cerca del número 100 en la bolsa de trabajo, vio cómo se quedaba sin plaza estando ese curso la número 35.
"Me cambió la vida, muchos interinos nos quedamos sin trabajo", recuerda. "Iba viendo cómo empeoraban mis condiciones: primero empecé con sustituciones, luego conseguí una jornada completa, pero [llegó la crisis y] luego media y después nada. Empecé a pensar que me quedaba sin futuro, así que me puse a estudiar Filología Hispánica", cuenta. Se tuvo que volver a presentar a unas oposiciones.
Otra consecuencia de los recortes fue un envejecimiento de la plantilla docente. Como no entraba gente por abajo, al no haber oposiciones, los cuerpos de maestros y profesores pasaron de tener en 2010 un 12,6% y un 5,1% de menores de 30 años a un 6,7% y un 4,2% en 2020, respectivamente. Los mayores de 50 siguieron la evolución contraria: del 32% en Primaria y el 30,7% en Secundaria se ha pasado a un 32,3% y un 40%.
El empeoramiento de las condiciones laborales y materiales educativas sirvió para cumplir con el ajuste presupuestario que el gobierno impuso. O viceversa. A la Educación como sector le quitaron el 15% de los fondos entre 2010 y 2013, un golpe del que tardó años en recuperarse. Cada comunidad complementó este ahorro –se dice que cada euro invertido en Educación devuelve 20– con sus propias medidas.
En Andalucía se recortó un 25% la partida de mantenimiento y conservación; Aragón limitó la adquisición de nuevos materiales a los supuestos "estrictamente necesarios"; Baleares suspendió el derecho al complemento retributivo a la productividad; Canarias "readaptó" el servicio de préstamo gratuito de libros; Cantabria eliminó las reducciones de jornada para los mayores de 55; Castilla-La Mancha quitó el complemento por actividades educativas fuera del centro; Castilla y León ahorró en limpieza y seguridad. Son algunos ejemplos, varios de ellos compartidos por otras comunidades.
Al profesorado le recortaron los salarios un 5% a nivel estatal, seguido de congelaciones salariales, tijeretazo que algunas comunidades autónomas complementaron con otras medidas remunerativas, según recogió un informe de UGT. Andalucía y Madrid eliminaron complementos adicionales; Catalunya, Castilla-La Mancha y también Madrid redujeron un 10% el complemento específico de destino; muchas fueron las que dejaron de pagar las vacaciones de verano a los interinos, que eran despedidos a final de curso y contratados al inicio del siguiente; Valencia y Baleares eliminaron los sexenios por antigüedad. El sindicato calcula que entre unas y otras el profesorado perdió un 13% de su poder adquisitivo desde 2010.
En cuanto a medidas no directamente económicas, los Gobiernos regionales prácticamente suprimieron la red de formación, hoy en día en el centro del debate público ante las necesidades formativas que impone la Lomloe y no acaban de llegar; Murcia, Baleares, Andalucía, Aragón, Madrid y otras recortaron los días de asuntos propios del profesorado; también se redujo el número de representantes sindicales.
Otra consecuencia, recuerdan los docentes, les cayó a profesores y estudiantes de Ciencias: los recortes se llevaron por delante los laboratorios. Se acabaron las prácticas, sobre todo en Biología.
Direcciones y profesorado pensaron que sería una cosa coyuntural que se revertiría rápido. No lo fue tanto. Formalmente, la mayoría de las medidas incluidas en el Real Decreto 14/2012 fueron derogadas siete años después, mediante la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito no universitario. Esta norma básicamente se limitaba a derogar los artículos 2, 3 y 4 del RD de Wert, donde aparecían los recortes. Pero con un matiz importante.
La ley derogatoria no obligaba a nada, explica el director De los Reyes, solo permitía. El RD de los recortes tampoco obligaba, pero todos los Gobiernos regionales se acogieron a él. No fue así con el paso contrario: igual de cierto es que hubo comunidades que no deshicieron los recortes como que había Gobiernos regionales que se habían anticipado a ellos, por ejemplo en el tema de las ratios.
Una comparativa del sindicato Anpe muestra que Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y el territorio que depende del Ministerio de Educación, Ceuta y Melilla, mantienen las 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria que propuso Wert. Solo la Comunitat Valenciana, La Rioja y Euskadi han quitado dos horas en cada una de las categorías para quedarse en 23 y 18 (17,5 para Secundaria en Euskadi). Entre medias, con alguna rebaja (sobre todo en la ESO) están el resto de comunidades.
Palatucci cree que la actual falta de profesorado es heredera de aquellos recortes. La paralización de la oferta docente y el envejecimiento de las plantillas no está siendo cubierto en algunas especialidades, explica, de manera que se sustituye a quien se va jubilando, pero no se recuperan los puestos perdidos. Ni siquiera el aspecto de los centros es el mismo. "Las bibliotecas escolares han dejado de existir, y si lo hacen es por la voluntad de algunos profesores o a base de soluciones imaginativas de los equipos directivos", describe la realidad al menos de la Comunidad de Madrid. "Diría que no se parece tanto un centro de entonces al de ahora, al menos en ese sentido", cierra.
Gráficos de Carmen Martínez Vidal