Las claves económicas de 'Alcarràs' que se repiten en todo el campo español y viajan a los Oscar
Desde una butaca de una sala de una gran urbe podría escurrirse la verdadera dimensión de la película Alcarràs. La candidata española en la carrera a los Oscar es mucho más que un drama o un extraordinario retrato íntimo de lo rural y sus problemas. La película de Carla Simón aborda, oportunamente, los principales conflictos económicos que sufren actualmente la agricultura y su convivencia con las energías renovables.
El eco de un lema como el “solar sí, pero no así” lleva años rebotando en los montes de la España vaciada. También el “eólicos aquí non” y el “el capital nos echa del rural”, que intentan calar en muchos pueblos de Galicia, Burgos, Soria o Aragón. Son piedras de una batalla contradictoria contra las grandes empresas energéticas, como Iberdrola, la italiana Enel o Naturgy, y sus mega proyectos eólicos y solares.
Una batalla que enfrenta, por un lado, la necesaria y urgente búsqueda de la independencia energética y la apuesta por la generación verde de electricidad, en plena crisis por la invasión rusa de Ucrania. Y, por la otra parte, la amenaza a la soberanía alimentaria, el paisaje, la biodiversidad, la agricultura de proximidad… Incluso el turismo. Y por tanto el autoempleo, las medianas y pequeñas empresas y en definitiva las vidas de todo el campo español.
“Que quede claro que no estamos en contra de las energías renovables”, incide André Abeledo, vecino de Anca, una aldea de Neda, que junto a otros vecinos cercanos a Ferrol está luchando contra “el mega proyecto del parque eólico de Cabeiro”.
“Pero si se lleva a cabo va a transformar nuestras vidas”, lamenta. Las transformará como la granja solar de Alcarràs, en Catalunya, cambió para siempre la vida de la familia que eligió la directora Carla Simón en su película, que ahora podría extender su denuncia a la alfombra roja de Hollywood, el barrio de Los Ángeles que es uno de los ejemplos más sangrantes de la desigualdad brutal que existe en las grandes ciudades.
“No estamos en contra de la energía eólica, pero sí de que se busque el mínimo coste y el mayor beneficio”, continúa este gallego, que considera que “las últimas leyes han simplificado los trámites para estos mega proyectos” y que “no se está estudiando bien su impacto”.
“Estos proyectos hacen imposible que aquí se vuelva a trabajar en el campo, las viviendas pierden… y habrá mucha gente que no quiera vivir cerca de un parque eólico, con molinos de 200 metros de altura a medio kilómetro de las casas”, observa André. “Las empresas se lanzan como buitres a por las ayudas y no se piensa en las vidas de los vecinos, que en muchos casos son de edad avanzada, y pocos, y no pueden defenderse”, añade.
Álvaro Paez es un joven agricultor de Pezuela de las Torres, un pueblo que se sitúa al este de Madrid y que hace frontera con Guadalajara. En su zona, son varios los proyectos que están en marcha “y claro… por la parte del agricultor todas las tierras que llevas en renta las pierdes, porque lo que pagan estas empresas es muy superior a lo que podemos pagar nosotros”, reflexiona.
“Si la agricultura se está perdiendo y está en crisis [sufre por la escalada de los costes (carburantes, fertilizantes...), por los bajos precios que cobran los productores, y es evidente en los últimos datos del Banco de España, como se puede ver en el gráfico], esto lo que hace es darle la puntilla”, advierte Álvaro, quien amplía la perspectiva: “Queremos dejar de ser dependientes energéticamente [como país], pero vamos a volvernos más dependientes de las materias primas de la agricultura”.
En el corto plazo, “el pequeño agricultor ni se lo piensa” y cede ante las ofertas de las energéticas. Otra cosa es quien “tiene muchas tierras en renta, un agricultor más profesional, con más maquinaria: primero, toda su vida de inversiones se tambalea, y nadie quiere dejar su forma de vida así porque sí, pero, al final, tienes que tener un rango muy grande, moverte en muchos sitios para, si el día de mañana en tu zona se aprueba una macrogranja solar, poder seguir”.
"Alcarràs es el mejor retrato de la agricultura familiar que se ha hecho en el cine español", asegura Diego Juste, portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). "Se nota que conoce cómo vive una familia que se dedica a la agricultura de hueso, donde lo personal se mezcla con lo profesional, que vive con la amenaza de las alternativas de inversiones más rentables".
Un trasfondo de realismo y de crudeza donde la cuestión esencial es la "estructura de la propiedad", el equilibrio entre "quienes tienen tierras y los agricultores, que no son dueños pero que las trabajan. Los primeros buscan la rentabilidad y es un tema que hay que trabajar para que haya un reparto más justo", añade.
En este sentido, el portavoz de UPA señala que las tierras que se emplean para la agricultura tienen que tener algún tipo de protección, más aún en un momento como el actual donde se ha vuelto a plantear la soberanía alimentaria como prioridad estratégica. "No tiene sentido quitar la producción de alimentos para poner placas solares", concluye.
Y, por supuesto, hay alternativas. Las distintas voces (vecinos afectados directamente, ecologistas, científicos...) que denuncian la amenaza que suponen los macroproyectos de energía eólica o solar apuntan, en primer lugar, a un estudio más cuidadoso de su impacto o, incluso, a un reemplazo por iniciativas de autoconsumo verde, individual o colectivo, en edificios y terrenos de las propias ciudades o industrias, que son las principales demandantes de energía, con el ahorro en transporte que añaden. También a explorar nuevas tecnologías como el hidrógeno. Y, sobre todo, a abrir el debate.
"Utilizan nuestras emergencias, la climática y la económica, como excusa para justificar un negocio, ahora pintado de verde, que, además de no solucionar la crisis climática, agudizará otros problemas de la crisis global que vivimos, como la pérdida de biodiversidad y el despoblamiento rural", defienden en Aliente (Alianza Energía y Territorio). "Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, describe en pocas palabras esta visión: 'La transición climática es una oportunidad de inversión histórica'. Con esta declaración de intenciones, ¿no estaremos entrando en una nueva burbuja especulativa que acabaremos pagando la ciudadanía?", añaden.
"Por eso, [no nos manifestamos] contra las energías renovables, sino que hacemos una defensa de la verdadera oportunidad que representan. Se trata de evitar que las prisas y la falta de planificación por parte de las administraciones se lleven por delante territorios ricos en biodiversidad, suelo cultivable y sectores productivos sostenibles, que ya están contribuyendo al desarrollo rural, la lucha contra la despoblación y la conservación de espacios naturales, ahora amenazados por el despliegue al galope de macroproyectos energéticos invasivos, con sus aerogeneradores, paneles solares, pistas de acceso, subestaciones y tendidos eléctricos", concluyen desde un grupo de presión que reúne a distintas organizaciones y asociaciones.
"Claro que es verdad. En mi zona están arrancando viñas de denominación de origen Cariñena para poner paneles solares", explica a elDiario.es Antonio Latorre, agricultor de Almunia (Zaragoza). "Es comprensible. Yo tengo 17 hectáreas y, si me pagasen 25.000 euros al año por no tener que hacer nada, pues está claro lo que haría", añade.
Antonio cultiva pera williams, cereza, melocotón, nectarina, algo de paraguayo y ciruela. Reconoce que el último año en su zona ha sido complicado sacar adelante las cosechas, pero, en el área de Alcarràs, más aún. "Por esa zona es mucho más difícil. Llevan dos años de heladas totales y aquí llevamos uno". De hecho, esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, visitó dos empresas ubicadas en la provincia de Lleida dedicadas a la explotación de fruta de hueso y afectadas por las heladas del pasado mes de abril. Unas heladas que activaron ayudas por importe de 12 millones de euros; la mitad, para afectados en Catalunya.
Sin embargo, Latorre es muy crítico con el modo en el que se canalizan ese tipo de ayudas, y critica que dejen fuera a afectados que carecen de seguro agrario. Además, no solo apunta al papel que están jugando alternativas de uso para la tierra, como las plantas fotovoltaicas, sino también los grandes fondos que están adquiriendo terrenos para especular. "Hay fondos de inversión interesados en la almendra o en el pistacho; y multinacionales que están levantando compromisos de compraventa de fincas", indica.
No son los únicos productos que atraen el interés de los grandes inversores, también las frutas tropicales, como el mango o el aguacate; o los cítricos, como la mandarina, que pueden llegar a rentabilidades del 50% de la inversión, mientras la del aguacate es del 14%.
"Son productos con proyección de consumo que dan seguridad sobre la inversión, porque hay una creciente demanda de alimentos saludables, de origen local y que dejan menos huella de carbono y de agua", explicaba la consultora CBRE en un reciente informe titulado 'Agribusiness en la Península Ibérica'. Esta firma ahondaba en que hay un creciente interés por parte de grandes inversores institucionales en terrenos productivos de España y Portugal, que han tomado el relevo de otras zonas más maduras, como California (EEUU) o Australia.
“Las subvenciones también son una pieza clave del juego y no se pueden pasar por alto. Las subvenciones de la UE se han incrementado un 56% desde la última vez que se destinaron fondos a agricultura para resolver problemas”, recogía el informe de CBRE.
De vuelta a Galicia, los vecinos de Lamas de Feás, del Concello de Calvos de Randín, en la provincia de Ourense, han presentado más de mil alegaciones frente al proyecto de Greenalia en varias parroquias de su zona. “Si hacen el proyecto va a ser un desastre total para todos”, se queja Cristina López.
Las abejas son primordiales para la polinización de las plantas y para la vida humana. Cristina López y su pareja Víctor Alonso se dedican a la apicultura. Tienen más de 150 colmenas. En el proyecto se ven afectadas todas ellas porque, según ellos, construyen los aerogeneradores al lado. El gran problema está en que para levantar los molinos de viento hay que “deforestar el monte”, es decir, talar los árboles. “Y de ellos depende la supervivencia y la alimentación de las abejas”, puntualiza López. Además, “los campos magnéticos y las líneas eléctricas de los molinos son perjudiciales. Las alteran, incluso para la reproducción de las abejas reina”, detalla López. “El efecto medioambiental sería devastador en todos los sentidos”.
Todo ello reduce el número de colmenas y la producción de miel. Con el proyecto, expropian las tierras de Víctor Alonso, quien es propietario del terreno donde está la explotación apícola. Para él, “la oferta es irrisoria”. “Si finalmente lo hacen me arruinan. Tendría que alquilar otras tierras y mover los asentamientos del equipo a otros sitios”, lamenta el apicultor.
“Somos un sector al que ya nos está afectando el cambio climático”, detalla Alonso. “Si ya cuesta ahora, imagínate produciendo menos y pagando más costes de producción”. Él y Cristina López se quejan de la falta de información de las instituciones: “Nos enteramos por el periódico y luego llegó todo a cuentagotas”. “Llevando estos proyectos adelante solo consiguen que cada vez más gente abandone el pueblo por falta de oportunidades”. Por ahora, sus alegaciones siguen sin respuesta y lamentan la incertidumbre en la que viven.
“Si el proyecto sale adelante, tendríamos que cerrar”, se apena Olga Dorado, autónoma agraria ecológica y apicultora en Sanguñedo (Ourense) afectada por un futuro proyecto eólico que se construiría donde tiene las colmenas y parte de su huerta. “No podemos trabajar con la contaminación que traen los parques… El problema es que no tenemos donde ir. Llevamos trabajando aquí toda la vida”, lamenta Dorado.
Pero no solo tiene consecuencias económicas, sociales o forestales, también paisajísticas y medioambientales. Sobre ello, Manuel Mel, vecino de Rairiz de Veiga, al sur de la provincia de Ourense, es claro: “No quiero que el monte se llene de molinos”. Mel es campesino y critica que con la deforestación se pueden destruir manantiales: “Esto afectaría a los sistemas de regadío, teniendo que gastar más en agua, con efectos negativos para nuestra economía y para el medio ambiente”. “Tenemos un bosque lleno de piñeiros que limpian el exceso de carbono y quieren talarlo. No tiene sentido”, se queja. Y, respecto al paisaje, “no es agradable tener un molino a un kilómetro de casa como algunos proyectos plantean”.
“No estamos en contra de la energía renovable, pero si para construirla destruyen los montes es más un nuevo problema que una solución”, argumenta Mel. Para él la responsabilidad está en las administraciones “que permiten el expolio medio ambiental”. “Desde los años 90 han preferido apostar por la concentración de capitales y el oligopolio en las explotaciones intensivas. Esto hizo que mucha gente abandonase el campo. Con menos habitantes en el rural es mucho más fácil que lleguen las empresas y construyan, y se están dando concesiones a 50 años”, explica. “Estamos enriqueciendo a las empresas que acaban con el monte”, censura. “Si permiten esta situación es porque importa más el beneficio económico a corto plazo que la salud y la calidad de vida de las personas”, destaca Cristina López.