La Junta de Castilla y León ha enviado este viernes un requerimiento formal al Gobierno para reclamar los 8,8 millones de euros asignados a Castilla y León para compensar los daños provocados a los ganaderos por parte del lobo. Adopta esta medida antes de acudir a los tribunales, al no haberse abonado lo acordado en la Conferencia Sectorial del pasado 28 de julio, según informaron fuentes del Ejecutivo en un comunicado. En ese sentido, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio espera tener en los próximos días una respuesta a este requerimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). De no ser así, interpondrá recurso contencioso administrativo al no haberse formalizado la asignación de 8,8 millones, el 44,26 por ciento del total distribuido a nivel nacional. Estas partidas estaban previstas para compensar a las ganaderías que están sufriendo daños y perjuicios por los ataques del lobo en el medio rural , así como para la financiación de medidas preventivas. Al respecto, Medio Ambiente señaló que que el Gobierno no ha transferido esta cantidad a las comunidades que votaron en contra de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo –además de Castilla y León, también Galicia y Cantabria, que aglutinan más del 90 por ciento de los ejemplares de España. Sin embargo, sí lo ha ha hecho a las comunidades que votaron a favor de dicha estrategia. De otro lado, la Junta recordó que sigue abordando con fondos autonómicos los casi dos millones de euros anuales de compensación de daños a los ganaderos e implementará, con cargo al PEPAC, líneas de ayudas para prevención de daños, sin que llegue ninguno de los fondos prometidos por la ministra Teresa Ribera. Con independencia a la modificación del estatus del lobo, según la Junta, se aprobó en la reunión del 28 de julio un acuerdo «específico e independiente» del de la estrategia, que Castilla y León apoyó con su voto favorable, sobre los criterios y distribución territorial entre las comunidades de los créditos presupuestarios relativos a los fondos correspondientes para paliar los daños producidos por el lobo a la ganadería extensiva, así como la distribución territorial entre las comunidades autónomas de los créditos presupuestarios relativos a los fondos correspondientes a la realización de medidas preventivas para la gestión del lobo, anualidad 2022. En concreto, el reparto territorializado de fondos asigna a Castilla y León las cuantías de 4,85 millones de euros de una dotación total de 10,5 millones para medidas preventivas, y 3,99 de un total de 9,5 para indemnización de daños. En total se asignaron a Castilla y León 8,85 millones, de un total de 20 millones, lo que representa el 44,26 por ciento del total distribuido a nivel nacional. La Junta denunció la «sorpresa» con la que junto a otras comunidades contrarias a la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo -como Galicia y Cantabria, recibieron el 5 de agosto un escrito del secretario de Estado , por el cual se exige a la Junta de Castilla y León el compromiso por escrito de esta administración de «aplicar y velar por la aplicación de la estrategia en todos sus elementos» para la transferencia de las partidas correspondientes. El 16 de agosto, Medio Ambiente contestó a la Secretaría de Estado y manifestó la discrepancia con el criterio definido por este departamento ministerial, adelantando ya la posibilidad de acudir a la vía judicial para recurrir aquellos aspectos de la Estrategia no ajustados a derecho. De esta forma, indicó, las transferencias de fondos correspondientes se materializaron el pasado 28 de agosto a algunas comunidades autónomas, pero no a la de Castilla y León, a la que el secretario de Estado exigía previamente «el compromiso por escrito de aplicar y velar por la aplicación de la Estrategia», con la que públicamente mostró su desacuerdo. Ante esto, la Junta reiteró nuevamente al secretario de Estado mediante un escrito del 7 de octubre que procediera transferir los fondos previstos, para «planificar los créditos y llevar a cabo las urgentes actuaciones necesarias para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo». Así, el 10 de octubre la Junta recibió contestación del secretario de Estado a la carta enviada por la Junta en agosto, negando nuevamente la transferencia a Castilla y León en tanto no se procediera al compromiso escrito de velar por la aplicación de la estrategia, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación a la segunda misiva de la Junta. Medio Ambiente consideró que resulta «pernicioso» que se exija por escrito a la Junta de Castilla y León la aplicación de la estrategia «en todos sus elementos», máxime cuando la Comunidad en los trámites de consultas previas a la aprobación de la propia estrategia reiteró al Ministerio que la inclusión de un procedimiento para la extracción de lobos como documento técnico anejo a la estrategia no se ajustaba a derecho. Este protocolo, incluido en la Estrategia, desarrolla, según la Junta, las normas previas hasta tal punto que se establecen nuevas obligaciones y trámites administrativos «preceptivos» por las comunidades autónomas sin que -insistió- «tengan el correspondiente respaldo jurídico». De otro lado, el importe ya destinado íntegramente por la Junta para el abono de los daños por lobo asciende a un importe próximo a los 1,9 millones anuales, de los cuales 1,2 son en concepto de pagos compensatorios y 700.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial correspondientes a más de 2.600 ataques y más de 4.200 cabezas de ganado muertas al año.
