El adelanto electoral en Galicia pilla a la JEC en funciones, consumido el plazo para ser renovada por el Congreso
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El adelanto de las elecciones autonómicas en Galicia, que se han convocado para el próximo 18 de febrero, ha sorprendido a la Junta Electoral Central (JEC) con la composición de la pasada legislatura y sin haber sido renovada por el Congreso, que tenía un plazo de noventa días que acabó hace semanas.
La JEC, el órgano superior de la Administración Electoral con sede en el Congreso, está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo designados por sorteo y cinco catedráticos en activo de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología designados por el Congreso a propuesta conjunta de los partidos. También asiste, con voz pero sin voto, el director de la Oficina del Censo Electoral y ejerce como secretario de la JEC el secretario general del Congreso.
Es el único órgano electoral que tiene carácter permanente, ya que las juntas de zona, provinciales y autonómicas se crean expresamente para cada proceso electoral, pero sus integrantes no son cargos vitalicios, sino que han de ser renovados en cada legislatura.
90 DÍAS QUE ACABARON EN NOVIEMBRE
Concretamente, la LOREG obliga al Congreso a renovar a la JEC en los noventa días siguientes desde la constitución de las Cortes, y ese plazo arrancó el pasado mes de agosto y ya se ha superado ampliamente sin que la Mesa del Congreso haya recibido ninguna propuesta de los partidos con representación parlamentaria.
Quien sí ha hecho sus deberes ha sido el Poder Judicial, ya que el Consejo General (CGPJ) comunicó a principios de noviembre los nombres de los ocho magistrados del Supremo que se integrarán en la nueva JEC, elegidos por insaculación. De entre ellos saldrán las personas que ocupen la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta esta legislatura.
Se trata de tres magistrados de la Sala de lo Penal --Carmen Lamela, Javier Hernández García y Miguel Magro Servet--; dos de Contencioso-Administrativo --Angel Ramón Arozamena y María Isabel Perelló--, otros dos de la Sala de lo Social --Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste--, y uno de la Sala de lo Militar: Fernando Martín Castán.
LA JUEZ QUE INVESTIGÓ A TRAPERO
En esa lista hay nombres que han gestionado causas muy conocidas. Carmen Lamela, cuando estuvo en la Audiencia Nacional, dirigió la investigación judicial contra el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que finalmente fue absuelto. Ángel Ramón Arozamena Laso fue uno de los dos magistrados que emitieron un voto particular contra la admisión a trámite de los recursos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox contra los indultos concedidos a los condenados por el procés.
Aemás, Isabel Perelló Doménech fue una de los jueces que barajaron en su momento los vocales progresistas del CGPJ para convertirse en miembro del Tribunal Constitucional, mientras que el magistrado Vicente Magro Servet fue senador del PP por Alicante entre 1996 y 1997 y años después, en 2001, se convirtió en presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, un cargo que ocupó hasta 2016.
Lo que faltan son los cinco catedráticos que debe nombrar la mesa del Congreso a propuesta de los partidos, un reparto que suele atender al peso de los distintos grupos parlamentarios. Los actuales fueron propuestos por el PSOE (dos vocales), el PP, Vox y Unidas Podemos, con uno cada uno). Tras las elecciones del 23 de julio, lo previsible es que ahora sea el PP quien proponga dos nombres y el PSOE sólo uno.
Cuando el Congreso apruebe su propuesta, los cinco catedráticos deberán pasar examen ante la Comisión Consultiva de Nombramientos para que la Cámara dé su plácet, un trámite del que se libran los ocho vocales de carrera judicial.
Mientras esa renovación no se produzca, la actual Junta Electoral Central que preside el magistrado Miguel Colmenero seguirá ejerciendo sus funciones y supervisando los procesos electorales en curso. En el caso de las elecciones gallegas, el grueso de las labores d administración electoral lo realizarán las juntas provinciales y autonómicas, pero la JEC debe estar preparada para los recursos que puedan llegar a Madrid.