Gobierno defiende necesidad de 5 empresas ejecutoras para crédito de $700 millones

Contraloría advirtió de que el modelo de ejecución del crédito del BCIE es complicado y que su diseño tiende a incrementar los costos; directivo del Banco Central dijo que el formato le provocaba ‘angustia’.

A pesar de las preocupaciones externadas por la Contraloría General de la República (CGR) y la Junta Directiva del Banco Central (BCCR), el gobierno defiende la necesidad de contratar cinco empresas para ejecutar el crédito por $700 millones con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE).

Estas empresas tendrán la responsabilidad de coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar los 502 proyectos de infraestructura que serán restaurados con los recursos del empréstito. Las obras incluyen carreteras, vías ferroviarias, puentes y escuelas.

El subcontralor general, Bernal Aragón Barquero, advirtió el pasado 5 de diciembre, a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, de que el modelo es “complicado” y que su diseño “incrementa los costos operativos” de administración.

El plan impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves contempla dedicar $20 millones, de los recursos del crédito, para la contratación de las cinco empresas, las cuales operarán bajo la figura de Firmas de Implementación (FI).

Cada Firma estará ligada a una de las instituciones públicas que tienen asignados los proyectos: Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah); Ministerio de Educación Pública (MEP); Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Ante una consulta de La Nación, Casa Presidencial argumentó que la selección del modelo fue una decisión “consensuada entre las instituciones involucradas en procura del mejor modelo de implementación”.

La CNE tendrá un doble rol en el modelo de ejecución, porque, además de tener proyectos bajo su cargo, fungirá como el organismo ejecutor coordinador, labor que desarrollará con el apoyo de una Firma de Implementación General (FIG).

Igualmente, el plan habilita al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), para que se puedan desempeñar como organismos coejecutores del Mivah.

‘Angustia’ de que obras no se concluyan

El gran número de actores también despertó preocupación en la Junta Directiva del Banco Central (BCCR), por el efecto que este diseño podría tener para la conclusión de las obras.

Por esta razón, los directivos del BCCR incluyeron una recomendación al gobierno, en el dictamen favorable de mayoría emitido desde el 9 de marzo del presente año.

Llamaron a “tomar medidas adicionales” para fortalecer el mecanismo de seguimiento de la FIG, con el fin de “asegurar una adecuada coordinación con el resto de firmas de implementación y órganos ejecutores; en procura de mejorar la ejecución del Programa según los tiempos previstos”.

El entonces directivo José Pacheco Jiménez fue uno de los más críticos del modelo de ejecución. En una de sus intervenciones, expresó “angustia”, ya que, en su opinión, un diseño de este tipo “suele conllevar problemas de coordinación tan grandes que pasan los años y el país termina por no ejecutar”.

Aseguró que el país ya ha tenido experiencias previas “donde hay multiplicidad de instituciones públicas que no están necesariamente interconectadas entre sí”, lo que podría traer serios problemas de ejecución que terminan afectando no solamente el fin último, que es la creación de la infraestructura, sino que también cargan sobre el Estado costos adicionales.

Este medio preguntó a Casa Presidencial, si la recomendación del Banco Central había sido acogida, pero solo respondió que, para la fiscalización de los proyectos, “se cuenta con Firmas de Implementación reguladas en el contrato de préstamo, lo cual es consecuente y de acuerdo con la normativa vigente en la materia”.

Preocupaciones hacen eco

Los cuestionamientos expresados por la Contraloría y el Banco Central, hicieron eco en los diputados de la Comisión de Hacendarios, por lo que el pasado 14 de diciembre, incorporaron nuevas medidas de control para la ejecución del préstamo.

Una de ellas quedó plasmada en el artículo 6 del expediente legislativo 23.635. Al final de la redacción, se añadió una instrucción a la Tesorería Nacional para que se abran subcuentas a cada firma implementadora del proyecto.

La Contraloría había hecho esta solicitud en su comparecencia a inicios de diciembre.

“Esto podría favorecer la transparencia y la trazabilidad de los recursos: cuentas en Caja Única, no solo una, sino un poco más desglosado para llevar un mejor control”, señaló Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas (FIP) de la CGR.

Asimismo, los parlamentarios aprobaron la adición un nuevo artículo, instruyendo a la Auditoría Interna de la CNE, para que efectúe informes semestrales incluyendo el desempeño de las firmas implementadoras como uno de los puntos que deben ser evaluados.

Gobierno se contradice

El Banco Central había hecho otra recomendación al gobierno, para que incluyera la información de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) que administra el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

La solicitud obedeció a que el Poder Ejecutivo emitió un decreto para excluir del BPIP las obras financiadas con el empréstito.

Al respecto, Presidencia indicó que, el 14 de diciembre, se aprobó una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios para que los proyectos de peligro inminente sean registrados de forma básica (para que se incorporen los detalles físicos y financieros de estos) en el banco de inversión del Mideplán.

La respuesta del gobierno contradice las posturas tomadas por los ministros durante las audiencias en la Comisión y la asumida por la misma fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quienes en reiteradas ocasiones estuvieron en contra de incorporar los proyectos al BPIP.

Más recientemente, en la sesión del 12 de diciembre, para sustentar su oposición a la medida, la diputada Ada Acuña, del PPSD, aseguró que la ministra de Mideplán, Laura Fernández, había expresado que los estudios de preinversión estaban tomando un año y medio, por lo que no se podría cumplir la meta de completar las obras en 18 meses.