El Gobierno gastará 2.500 M€ más en bonificar el desempleo
La reforma del subsidio para los parados que agotan la prestación «está lejos de incentivar» la búsqueda de un puesto de trabajo, según Fedea
La sospecha de que el subsidio de desempleo era un elemento desincentivador en la búsqueda de un puesto de trabajo era tan fundada que hasta la propia ex vicepresidenta económica y responsable ya del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, había puesto en el punto de mira dicha prestación. Sin embargo, tras su nombramiento europeo y su inminente salida del Ejecutivo, Calviño decidió dar la batalla por perdida y dejar en manos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la reforma del subsidio, con el consiguiente engorde del mismo.
Así pues, entre los dos objetivos de la ayuda –la cobertura de las necesidades de las personas en desempleo y su incentivación para acceder a un empleo, intentando evitar la creación de trampas de la pobreza o el uso ineficiente de los recursos públicos, ha primado el reforzamiento de la prestación «sin tener en cuenta en exceso el conjunto de prestaciones existentes dirigidas a las personas en desempleo de larga duración». Así lo estima Fedea en un papel firmado por Miguel Ángel García Díaz, en el que se evalúan las ventajas y desventajas de la reforma, elaborada para cumplir con el componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia, que forma parte de los compromisos exigidos para cobrar el cuarto plazo (10.000 millones de euros) de los recursos financieros asignados a España.
En su análisis, el investigador de Fedea considera que la pretensión del Gobierno de mejorar la empleabilidad de los perceptores del subsidio «parece lejos de cumplirse» debido al «desequilibrio entre los muy definidos derechos (aunque de difícil cumplimiento en la práctica por los servicios públicos de empleo) y las poco concretas obligaciones de los perceptores de las prestaciones». Además, Fedea remarca las «severas deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para cumplir con su función de orientación e intermediación debido a su escasa relación con las empresas (perfilado efectivo de oferta y demanda), y el desalineamiento de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos».
El Gobierno aprobó la semana pasada cambios en este subsidio, que se pasa a recibir cuando se agota la prestación contributiva, que se eleva a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes desde los 480 euros vigentes y que será compatible con la activación laboral, al permitir durante 180 días el cobro del salario junto con una parte del subsidio, uno de los aspectos positivos en la reinserción al mercado de trabajo, según el documento.
Al margen de esto, se encuentra el sobrecoste que supondrá el nuevo diseño del subsidio. Fedea calcula que la ampliación del número potencial de perceptores (menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores agrícolas), de la duración de la prestación en algunos casos y de la cuantía del subsidio hará crecer las necesidades financieras en 2.500 millones de euros (0,17 puntos de PIB) tomando la hipótesis de 400.000 nuevos perceptores de la ayuda y teniendo en cuenta que cada 100.000 nuevos beneficiarios con una cuantía media de 510 euros al mes en doce pagas, aumenta el gasto en 612 millones de euros.
Sumados ambos conceptos, el gasto adicional y la nula mejora de la empleabilidad, se deduce que el Ejecutivo estaría «bonificando» el paro, por lo que Fedea propone replantear de nuevo este subsidio para alinearlo con el resto de las prestaciones económicas existentes dirigidas a personas en desempleo, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas autonómicas.
En este sentido, se apuesta por mejorar la cuantía de la prestación contributiva limitando el cobro del paro a 12 meses, para luego disponer de un subsidio por desempleo por un periodo máximo de 18 meses y, en caso de mantenerse la persona en desempleo, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital, actuando las rentas autonómicas como completo de los colectivos con mayores necesidades. «Todas las prestaciones deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo», concluye Fedea.