Diputados dictaminan préstamo de $700 millones de BCIE para infraestructura
Incorporación de nuevas medidas de control permitieron que el crédito de $700 millones del BCIE lograra el respaldo de las distintas fracciones legislativas.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron positivamente este martes, de forma unánime, el préstamo de $700 millones del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), que se destinará a restaurar infraestructura en riesgo como puentes, carreteras y escuelas.
La iniciativa logró el respaldo de las distintas bancadas legislativas luego de que este martes se incorporó una adenda que ajusta las tasas de interés que cobrará el BCIE, además de las medidas de control aprobadas el pasado 15 de diciembre, las cuales limitan la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el uso de los recursos y en la definición de los proyectos que pueden ser financiados con el empréstito.
El préstamo cuenta con una tasa de interés ponderada estimada en un 7,65%.
Originalmente, la tasa era del 8,87%, pero se redujo por presiones de los diputados de la Comisión de Hacendarios, quienes cuestionaron el elevado monto que el país tendría que desembolsar en intereses en el primer escenario.
Ante la inconformidad de la oposición, el BCIE aceptó que $42,8 millones del monto total se financien con una tasa de interés fija de un 1,5% a 20 años.
Asimismo, el KfW Banco de Desarrollo de Alemania cofinanciaría $66,7 millones, lo que generará una reducción del 0,75% de la tasa de interés sobre el margen aplicable.
El resto de los recursos, $590 millones, tendrían una tasa de interés del 8,64%.
El plan del Poder Ejecutivo incluye 502 proyectos de reconstrucción. Del total de las obras, 299 están bajo la categoría de riesgo inminente y 203 corresponden a decretos de emergencia.
En diciembre, la Comisión aprobó estas otras cinco medidas:
- Incluir en el proyecto de ley el listado de los proyectos que se van a financiar.
- Se estableció la obligatoriedad de inscribir estas obras en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) que administra el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
- Se exigió al gobierno abrir subcuentas para cada una de las cinco empresas o firmas implementadoras que tendrán a cargo la ejecución de las obras, para mejorar la trazabilidad de los recursos.
- A la auditoría interna de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) se le instruyó la elaboración de informes semestrales que evalúen el avance de los proyectos.
- Mediante una modifición al artículo 5 del expediente 23.635, se estableció que los recursos del crédito se deben incorporar al Presupuesto de la República mediante un presupuesto extraordinario, autorizado por la Asamblea Legislativa.
Discusión de última hora
Esa última medida generó una discusión en la sesión de este martes, pues el gobierno buscaba eliminarla.
La redacción original, presentada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, autorizaba al Poder Ejecutivo a incorporar el dinero en los presupuestos ordinarios y extraordinarios mediante decreto ejecutivo, librándole de obtener el visto bueno del Congreso.
La diputada oficialista Pilar Cisneros alegó que un funcionario del Ministerio de Hacienda interpretó que la medida de control aprobada en diciembre obligaría al Ejecutivo a asistir a la Asamblea Legislativa “cada vez que se necesitara un desembolso, lo cual hacía inviable el proyecto”.
Cisneros intentó revertir la moción de control presupuestario. Sin embargo, la apreciación fue descartada por José Rafael Soto González, jefe del departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa.
El funcionario explicó que, históricamente, los créditos externos se incorporan por una única vez al presupuesto nacional y el plan de desembolsos no tiene nada que ver con la incorporación al presupuesto.
“Es para que entren a Caja (Única del Estado) y estén ahí disponibles, nada más, pero la incorporación, reitero, se hace en una certificación a lo que va a generar la ley que aprobó la Asamblea Legislativa”, añadió.
Soto indicó que tanto la dirección de Crédito Público de Hacienda como el Contador Nacional habían confirmado que así se manejan los créditos externos.
La diputada Cisneros aceptó la explicación de Soto, “al haberse aclarado la confusión”, y una moción de ella fue finalmente rechazada por la Comisión.
Diputados defienden controles
Por su parte, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), acotó que la modificación no impedirá que las obras se efectúen de manera eficaz, en vista que la incorporación al presupuesto no se tiene que realizar desembolso por desembolso.
Igualmente, recordó que la Asamblea Legislativa aprobó la norma de ejecución presupuestaria 25, vigente para el año 2024, que obliga al Gobierno a incorporar los recursos de los créditos externos en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigencia de sus respectivas leyes y no a partir de los desembolsos, porque lo que se incorpora es lo que está certificado, a partir de la ley.
La presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, agregó que esta norma presupuestaria tiene como fin dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR), que había detectado que los créditos tardaban mucho tiempo en ser incorporados a los presupuestos nacionales.
Asimismo, destacó que la medida permite al Congreso tener mayores controles sobre los recursos y para la fiscalización sobre su uso, de forma tal qoe no haya atrasos mientras que el país continúa pagando intereses.
“No se redactó con el fin de ocasionar algún atraso”, reiteró la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).