La inmigración como chantaje

De entre todas las cesiones del PSOE para lograr la ausencia –siquiera la abstención– de los diputados de Junts en la convalidación de los decretos de diciembre pasado, brilla con luz propia la delegación de competencias estatales de inmigración a favor de la Generalitat catalana. Mientras la UE a duras penas ha conseguido un pacto migratorio que permita la convergencia de políticas estatales, el PSOE ha puesto en marcha en España una dinámica de fragmentación de competencias internas en un asunto que tiene tanto de política social como de política de seguridad. Es una característica estable de los acuerdos del PSOE y Junts: pactar iniciativas contra el sentido europeo de la cooperación y la seguridad jurídica. La cuestión es tan delicada que no habían pasado ni veinticuatro horas desde el acuerdo secreto cuando diversos ministros del Gobierno de Sánchez tuvieron que enfriar los ánimos separatistas y dar largas con la tramitación de la futura ley orgánica que dé cumplimiento al compromiso sobre inmigración. Queda por ver qué entendieron los de Junts que se les había concedido. Sea cual sea la letra pequeña o grande del acuerdo, el PSOE vuelve a tratar cuestiones críticas de Estado con máxima frivolidad. Las competencias sobre inmigración son exclusivamente estatales, según la Constitución, porque es un asunto nacional cuya gestión afecta no solo al conjunto del país, sino a las relaciones con la Unión Europea. La doctrina del Tribunal Constitucional es muy clara al respecto y sus sentencias contra la Generalitad de Cataluña sobre esta misma cuestión garantizan un conflicto jurídico ante dicho tribunal. La cesión de competencias sobre inmigración alimenta lo que el separatismo lleva años ansiando bajo el título de «estructuras de Estado». Hasta ahora, las competencias de Cataluña en esta materia se limitaban a la asistencia social a los inmigrantes, nada que ver con la legalización de su situación en territorio español. No importa, al parecer, la gravedad del problema con tal de que el separatismo catalán sume una competencia estatal, que luego tendrá que gestionar con recursos que no tiene y cuya transferencia a una administración autonómica puede ser fuente de nuevos y distintos conflictos. Durante muchos años, el nacionalismo catalán ha administrado la llegada de inmigrantes como una política secesionista, propiciando la de hablantes de lengua no española, para sumarlos a su régimen de inmersión lingüística. Ese interés parece haber cambiado de sesgo, porque ahora muchos alcaldes de Junts y alguno de la extrema derecha separatista claman contra los inmigrantes que son multirreincidentes en la comisión de delitos y piden su expulsión. Así que no habría que extrañarse de que esta demanda de competencias migratorias se ejecute con el estilo de la mejor xenofobia ultra. Quizá acabe teniendo razón Sánchez cuando calificó a Quim Torra, entonces líder de Junts, como «el Le Pen español». Habrá que saber a dónde los querrán expulsar estos abanderados de la mano dura, porque no parece viable que pongan a los inmigrantes en suelo francés ni en una patera en el Mediterráneo. Aragón y la Comunidad Valenciana ya pueden estar atentos a esta nueva patada de Sánchez y Puigdemont al tablero de la igualdad y la solidaridad, justo cuando el Gobierno español acoge a inmigrantes irregulares que el presidente Biden no quiere en Estados Unidos. Y Coalición Canaria debería de preguntarse si el Ejecutivo 'progresista' no le ha tomado el pelo. Este pacto merece una explicación personal del presidente del Gobierno y no mensajes en redes sociales ni matizaciones de ministros sin crédito.