Junts y ERC buscan cómo incluir el delito de terrorismo en la amnistía y apretar así las tuercas al PSOE
Los posconvergentes exigen ampliar el plazo de actos amnistiables al 1 de noviembre de 2011
El proceso parlamentario de la amnistía se puede haber enredado con las enmiendas. Y por dos motivos: el primero, porque Junts se ha descolgado de las enmiendas que ha presentado el PSOE, una señal de que no ha habido acuerdo y las relaciones se pueden envenenar nuevamente; y, segundo, porque tanto los posconvergentes como ERC buscan cómo incluir los delitos de terrorismo en la amnistía. El delito de terrorismo ha cobrado mucha fuerza desde noviembre porque la Audiencia Nacional ha solicitado al Tribunal Supremo imputar a Carles Puigdemont por esa figura penal en la causa de Tsunami Democràtic. Esa solicitud se cursó a principios de noviembre, poco antes de que la proposición de ley de amnistía se registrara en el Congreso, y eso ha hecho que ahora Junts y ERC busquen cómo aplicar la amnistía también al delito de terrorismo.
En concreto, Junts ha presentado doce enmiendas, mientras que Esquerra, cuatro. Los republicanos, eso sí, han pactado once enmiendas con los socialistas, aunque casi todas tienen un aspecto esencialmente técnico, sin ánimo de introducir cambios sustanciales en el contenido de la proposición de ley. En todo caso, el PSOE tiene ante sí ahora un importante problema, que es ver si acepta o no la inclusión del delito de terrorismo como amnistiable.
Junts aduce que su enmienda sobre el terrorismo tiene como objetivo blindar la amnistía para «incluir todos los casos de persecución contra el independentismo sin excepciones». Esquerra, por su parte, subraya que la enmienda busca «suprimir la exclusión de los casos de terrorismo para blindar la amnistía al máximo, a la vez que se garantiza la inclusión de todos los casos».
Tanto Junts como ERC han querido, por tanto, apretar las tuercas al PSOE. Ambas formaciones pretenden incluir una enmienda al artículo 2 para que los delitos de terrorismo no queden excluidos de la amnistía. En concreto, el artículo 2 recoge todos los delitos y actos que quedan excluidos de la amnistía y, entre ellos aparecían «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017»: sin embargo, con la enmienda de Junts y ERC, se pretende borrar este precepto.
Los posconvergentes, en sus enmiendas, han ido un poco más allá y también han introducido un cambio en el artículo 1 de la ley de amnistía, que pretende ampliar el plazo de actos amnistiables hasta el 1 de noviembre de 2011 (dos meses más de lo previsto inicialmente). Además, con el objetivo de garantizar que la amnistía «tenga efectos inmediatos en su aplicación», han optado por plantear la creación de una disposición adicional nueva que pueda sortear el recientemente aprobado artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la cuestión prejudicial previa y permite a los jueces elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podrían paralizar la aplicación de la amnistía. Cabe recordar que la ley de amnistía, que incluye 17 artículos, estipula en el artículo 10 que la medida de gracia se debe aplicar en dos meses tras su entrada en vigor.
De esta manera, la enmienda de Junts estipula que cuando un tribunal que deba aplicar la medida de gracia «constate su posible discordancia con una norma europea o con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», será de aplicación lo previsto en los artículos 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea y 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «con suspensión del procedimiento, aunque sin afectación a la vigencia y aplicabilidad general de la presente Ley Orgánica». Es decir, de esta manera, los posconvergentes quieren evitar que los jueces puedan paralizar la aplicación de la amnistía cuando activen una cuestión prejudicial previa.
Asimismo, Junts también ha presentado una enmienda al artículo 7 de la ley de amnistía, que aborda los efectos de la amnistía «sobre indemnizaciones y restituciones». Los posconvergentes quieren eliminar el apartado dos del artículo que dice lo siguiente: «Tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa». De esta manera, Junts quiere eliminar el rechazo explícito a que la amnistía pueda dar derecho a los independentistas a la restitución de cantidades abonadas por multas que las autoridades les hayan impuesto en algún momento del «procés».
Las enmiendas dejan una imagen de división y caos en el bloque de investidura porque PSOE y Junts no han sido capaces de pactar ninguna y, además, todas las enmiendas han entrado en el registro sobre la bocina: de hecho, las enmiendas de los socialistas entraron un segundo más tarde. El PP critica esta circunstancia y ha anunciado que va a presentar los informes técnicos y jurídicos para aclarar por qué el Congreso ha aceptado las enmiendas pese a haber entrado más tarde en el registro.