El espionaje político del PP de Rajoy persigue a Feijóo

El espionaje político del Gobierno de Mariano Rajoy a políticos y funcionarios catalanes ha vuelto con fuerza a las actualidad informativa después de que elDiario.es y La Vanguardia hayan publicado esta semana los documentos que prueban el uso de policías para investigar y crear pruebas falsas contra dirigentes independentistas y su entorno. Unas notas que se trasladaban después al ministro del Interior, Jorge Fernández, que no solo les daba el visto bueno, pedía que se le informase primero a él. La llamada Operación Catalunya apunta a la línea de flotación de la estrategia de deslegitimación del actual Gobierno y de las instituciones del Estado, lanzada por Alberto Núñez Feijóo, quien ha decretado la ley del silencio a menos de un mes de las elecciones gallegas.

Feijóo ha rehuido a lo largo de toda la semana valorar la documentación publicada, y que señala claramente que la ‘policía política’ remitió al Gobierno de Rajoy 34 investigaciones a cargos catalanes y a sus familias en año y medio. Todo a partir de informes , muchas de ellos apócrifos (sin firmar ni número identificativo del agente que las escribe).

Pero no solo Feijóo. En el PP se ha extendido el silencio de forma oficial. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, así se lo exigió el pasado martes a los diputados y senadores en una reunión a puerta cerrada en la que les pidió no hablar con los periodistas y gestionar cualquier comunicación por el cauce oficial del equipo de prensa de Génova.

Un equipo que tampoco ha querido contestar preguntas sobre el uso del aparato del Estado para atacar a rivales políticos del partido.

El único que ha tenido que hacer una referencia a la llamada Operación Catalunya ha sido el propio Tellado. Pero no para responder sobre las implicaciones para su partido, sobre qué piensa hacer el PP con un escándalo que señala al uso de dinero público para fines partidistas, ni sobre el expediente abierto a Jorge Fernández Díaz desde hace años y que todavía está sin resolver. Tampoco sobre el impacto que puede tener en la credibilidad del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o sobre cómo el independentismo puede utilizar la guerra sucia para legitimarse o para parapetarse y ocultar otras causas reales, como de hecho está haciendo. 

A Tellado le preguntaron qué pensaba de que el PSOE haya dicho que la Operación Catalunya es “el ‘watergate’ del PP”. El portavoz parlamentario se limitó a tachar de “cortina de humo” unas informaciones que achacó al “entramado mediático del PSOE”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido cuentas al PP tras la revelación de una documentación que, para empezar, señala directamente al exministro del Interior por supuestamente haber mentido en sede parlamentaria durante una comisión de investigación, lo que podría suponer un delito. “Es una ofensa que me pregunte si yo conocía ese informe”, dijo Jorge Fernández entonces.

El PP se escuda desde hace años en despreciar el asunto como un “tema viejo”. Es el argumento que ofrecen dirigentes y portavoces en conversaciones informales que luego piden no publicar. Así reaccionó el partido, por ejemplo, cuando se desvelaron las conversaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo, la ex número dos del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.

Porque el entramado parapolicial que sirvió al Gobierno supuestamente para fabricar campañas contra dirigentes políticos catalanes fue utilizado también para otras misiones en favor del PP y ordenadas por el Ejecutivo de Rajoy, siempre según las actuaciones judiciales y revelaciones periodísticas de los últimos años.

Fue esa misma policía política la que fabricó pruebas contra Podemos y su entonces líder, Pablo Iglesias. Como en el caso de Catalunya, la información falsa acababa publicada en medios de comunicación con titulares que apuntaban a investigaciones judiciales que siempre quedaron en nada.

Y fue también esa policía política la que puso en marcha diferentes operaciones para intentar eliminar las pruebas de la corrupción masiva del PP. A eso se refería Cospedal en sus conversaciones con Villarejo, por ejemplo, cuando decía sobre los llamados ‘papeles de Bárcenas’: “La libretita... sería mejor poderla parar”.

Parte de esa documentación fue efectivamente interceptada y eliminada, lo que ha lastrado la investigación de la llamada Operación Kitchen, que instruye en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón. Este mismo viernes, el magistrado imputó en una nueva línea, una “kitchen paralela” que tenía como objetivo extorsionar al abogado de Bárcenas, al que fuera número dos de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, y al número dos de la Policía de entonces, Eugenio Pino.

La Kitchen ha derivado en 36 piezas separadas. Todas apuntan, en mayor o menor medida, a María Dolores de Cospedal, todopoderosa secretaria general del PP de Rajoy. Pero también al Ejecutivo que lideraba el jefe de la derecha.

Los documentos de la Operación Catalunya no solo ponen de relieve las maniobras presuntamente ilegales cometidas por el Gobierno para atajar el proceso soberanista. También las que se pusieron en marcha para detener la oleada de pruebas que demostraban la financiación ilegal del PP y el reparto de sobresueldos en dinero negro que durante lustros se repartieron sus dirigentes en las plantas altas del edificio situado en el número 13 de la madrileña calle de Génova. Una sede cuya reforma también se pagó en B, por otro lado.

Pese a las evidencias que se acumulan sobre el uso de las instituciones contra los rivales políticos del PP en la era de Rajoy, el nuevo líder del partido insiste desde hace meses en que es este Gobierno el que intenta cooptar las instituciones. Lanza esas acusaciones prácticamente desde que aterrizó en Madrid, en abril de 2022. El CIS, el INE, Indra, el Tribunal Constitucional o el Congreso. No hay institución u organismo cuya labor el PP no ponga en duda si no se pliega a sus designios. 

Esta misma semana, el protagonista sin papel en el libreto judicial, Mariano Rajoy, participó en una conferencia organizada por la web especializada Confilegal y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la Gürtel. Un acto contra la ley de amnistía en el que todos los participantes criticaron la norma todavía en tramitación.

Pero el expresidente tuvo un par de frases para defenderse a sí mismo. Según Rajoy, hay un claro objetivo en esta legislatura: “Condenar a todos los que nos opusimos en su día a lo que se hizo por parte de los golpistas [con] la constitución en el Congreso de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales”.

El PP en tromba, el actual y el pasado, acusan al Gobierno de atacar a los jueces y su independencia, y defienden a capa y espada la actuación, por ejemplo, de García Castellón. “En España los jueces, los magistrados, son imparciales. No prevarican, sino que ejercen su competencia”, dijo el viernes Gamarra. “Era el discurso de los independentistas, ahora es el Gobierno el que asume el discurso”, zanjó.

Pero Rajoy y el resto del PP parecen tener memoria selectiva porque el propio expresidente y toda su cúpula estrenaron en España las denuncias de la existencia de una policía política a las órdenes de un Gobierno para atacar a rivales políticos. La diferencia es que, de existir, nunca se probó.

Fue un 22 de septiembre de 2010. El diputado del PP Rafael Hernando acusa al por entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de “organizar una policía política con control y funcionamiento político para investigaciones políticas contra la oposición parlamentaria, y con él al frente”. 

Más de una década después, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha extendido un manto de silencio sobre unos hechos que quiebran el relato que sitúa a la derecha como defensora de la legitimidad del Estado y sus instituciones, de jueces y policías. Y que salpica a uno de sus mentores políticos, Mariano Rajoy, quien vio cómo el Congreso le censuraba y echaba de la Moncloa antes de tiempo en una moción de censura tras la primera sentencia del ‘caso Gürtel’ que condenaba a su partido.

El estallido de la investigación en 2009 a la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, y de la que se aprovechó el PP, derivó en una macrocausa dividida en varios sumarios y épocas. Ya se han dictado un puñado de sentencias, y todavía quedan muchas otras por enjuiciar. Además de las derivadas posteriores, como los intentos de destruir las pruebas que atesoraba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, para lo que se contó con los servicios del excomisario José Manuel Villarejo, hoy poliimputado en una decena larga de sumarios que instruye la Audiencia Nacional.

En febrero de ese año, tras filtrarse parte de las pesquisas del juez, un Mariano Rajoy en la oposición convocó al Comité Ejecutivo Nacional del PP, los colocó a todos en la sala de prensa de la sede nacional del partido y pronunció una frase para la hemeroteca: “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Es una trama contra el PP, que es una cosa muy distinta”.

Rajoy apuntó directamente al entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hoy presidente del Tribunal Constitucional. Pero el PP no solo señaló a cargos políticos. Cargó contra el juez, Baltasar Garzón, e incluso contra la Policía. 

Entonces, la independencia judicial y el Estado de derecho no parecía estar en riesgo por las críticas directas a magistrados, fiscales y agentes.

La guerra del PP contra Rubalcaba (al que luego han puesto como ejemplo contra Pedro Sánchez, igual que ha ocurrido con Felipe González) llegó al punto de que Cospedal pidió a Villarejo que espiara al hermano del entonces ministro del Interior, “su punto débil”, según el excomisario. Cospedal se reunió en secreto con Villarejo en su despacho de Génova para hablar del ‘caso Gürtel’.

El PP eligió a Rubalcaba como su gran enemigo. Le acusó de utilizar el sistema Sitel (que en su momento compró un Gobierno de la derecha, con Rajoy como ministro del Interior y Cospedal como su secretaria de Estado) para espiar a los dirigentes de populares. De aquella época es la famosa imagen de Rafael Hernando puño al aire intentando agredir a Rubalcaba en los pasillos del Congreso.

También el que fuera número dos de José María Aznar tanto en el PP como en el Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, aseguró que “la policía que investiga al PP es una policía de camarilla”. “Hay una camarilla policial, instalada en Canillas [una de las sedes centrales de la Policía Nacional en Mdrid], dedicada a fabricar y preconstituir pruebas”, dijo. Cascos puso en duda “la imparcialidad de instructores, policías y fiscales”. El PP le respaldó.

Pero no hay que irse tan lejos en la hemeroteca. Hace unos meses, el senador y dirigente del PP José Antonio Monago acusó de “lawfare” al juez Ricardo de Prada, uno de los magistrados que condenaron al partido por el ‘caso Gürtel’. Una acusación que retiró, pero que demuestra el doble rasero del partido al defender (o no) a la Justicia según le convenga a sus intereses.