Las peticiones de asilo abren otro frente a Interior con el caos en Barajas y la oposición de la Fiscalía a usar los CIE
Las estancias bajo custodia policial que acogen a demandantes de asilo e inadmitidos en el aeropuerto de Barajas viven desde hace meses una situación de colapso. El pasado lunes, día 15, registraron un récord de 330 personas alojadas, 86 más que cuando Fernando Grande-Marlaska aseguró 11 días antes que se trataba de un problema “puntual” que estaba “controlado”. El recurso de la Fiscalía a resolver la situación ingresando a los demandantes de asilo en centros de internamiento para extranjeros (CIE) ha terminado de abrir definitivamente otro frente al Ministerio del Interior.
La fuga el pasado fin de semana de dos grupos custodiados por la Policía del aeropuerto, de forma improvisada y después de que Interior aplicara las primeras medidas de urgencia, plantea el interrogante de si las condiciones sanitarias y de higiene de esas personas por una parte, y de seguridad del aeropuerto, por otra, quedan al albur de que sigan creciendo las demandas de asilo o el número de inadmitidos.
El análisis policial focaliza las razones del colapso en el incremento de solicitudes de protección internacional por parte de personas de origen africano con pasaporte keniata que luego resultan, en su mayoría, somalíes –muchos de ellos refugiados en Kenia previamente–, así como también por parte de senegaleses. Los ciudadanos africanos suelen partir del aeropuerto de Casablanca (Marruecos) con un billete a Sudamérica para un avión al que no suelen llegar a subirse. Aprovechando la escala en Madrid, los solicitantes de asilo manifiestan su voluntad de pedir protección, por lo que deben esperar en el aeropuerto hasta formalizar la solicitud y recibir la decisión de Interior sobre su admisión a trámite. Si es positiva, pueden quedarse en España y pasan al sistema de acogida. Si es negativa, serán retornados a los países de donde provienen.
El pasado diciembre, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció en los juzgados la “sobreocupación” de las salas destinadas en Barajas a los solicitantes de protección internacional, tanto la de la Terminal 1 como las que se habían habilitado posteriormente en esa misma terminal y en la T4. CEAR ya denunciaba entonces el “deterioro de las condiciones higiénicas de las instalaciones y escasez de comida”.
Los jueces asignados al control de extranjeros visitaron las instalaciones y constataron que para las 156 plazas habilitadas para acoger demandantes de asilo e inadmitidos había un total de 244 personas allí custodiadas. Si se compara el número de personas solicitantes de asilo en la frontera en el periodo entre agosto y noviembre, este había crecido de 767 en 2022 a 1.357 en 2023, un 56% más.
Los tres magistrados firmaron un auto en el que requerían al Ministerio del Interior que adoptara “con carácter urgente” las medidas precisas “para poner fin a la situación de hacinamiento”. El escrito recordaba que había 19 menores de edad entre los solicitantes.
La insostenible situación en el aeropuerto de Barajas regresó al primer plano cuando trascendieron dos fugas improvisadas de los solicitantes. La primera de ellas se produjo el 11 de enero a las 4 de la mañana. Siete solicitantes de asilo y dos inadmitidos, todos ellos de nacionalidad marroquí, rompieron el techo del baño de la sala habilitada en la T4 y accedieron a un despacho contiguo de Cruz Roja. Ya en este rompieron una ventana y accedieron a las pistas del aeropuerto.
Los policías nacionales comenzaron una persecución a pie que resultó infructuosa. Fuentes de la seguridad del aeropuerto se quejan de que los mandos de la Policía Nacional del aeródromo no advirtieran de lo que había ocurrido a los servicios de seguridad de AENA.
Dos días después, también de madrugada, 17 solicitantes de asilo alojados en la sala 3 de la T1 rompieron una ventana del dormitorio para salir del lugar. Eran las dos de la mañana. Los policías nacionales no se percataron hasta el reparto del desayuno. La ventana rota daba a una azotea que facilitaba el acceso a la calle.
El carácter improvisado de la fuga –los 17 solicitantes eran marroquíes– queda constatado en que se dejaron sus teléfonos y otros enseres personales. Uno de ellos regresó al mediodía con la pierna escayolada por una fractura durante la huida reclamando su teléfono móvil. La policía volvió a ingresarle en la estancia custodiada.
A raíz de estos incidentes, los sindicatos policiales salieron en tromba a denunciar la escasez de instalaciones, servicios y personal, el riesgo para sus agentes y las condiciones en las que habitan los demandantes de asilo. Pero también un problema subyacente en la seguridad de Barajas, un conflicto interno entre los policías, por una parte, y el comisario al mando y su segundo.
La Confederación Española de Policía hablaba de “una deficiente planificación” por parte de ambos. La Jefatura Superior debía, además, tomar medidas y reforzar el dispositivo del aeropuerto. Nada de eso ha ocurrido, dejando a los policías nacionales del puesto fronterizo ante una situación que sobrepasa sus capacidades y que les sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad física y jurídica en el caso de detectar a tiempo esas fugas y tratar de evitarlas”, decía la nota.
Los sindicatos policiales denunciaban la existencia de chinches y cucarachas en las duchas y en los baños y la proximidad de la comida que se facilita a los demandantes con los residuos que produce su estancia allí. Los huidos durante el fin de semana llevaban una media de un mes allí. Eran sobre todo hombres que convivían con mujeres y niños en las tres salas habilitadas en la actualidad.
Ante la falta de efectivos que denuncian los agentes, el Ministerio del Interior responde que ha aumentado el personal destinado a atender las solicitudes de protección internacional para agilizar la concesión o denegación y descongestionar las estancias. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que también se han habilitado nuevos despachos para los trámites y se han mejorado las condiciones higiénicas.
Desde el miércoles pasado, Interior se hizo cargo de la limpieza de las instalaciones, según un portavoz del Ministerio. El departamento ofreció fotos de las instalaciones limpias si bien confirman las estrecheces en las que los demandantes deben pasar largas temporadas.
Pero al tiempo, el Ministerio del Interior adoptaba otra medida que desatascaría en parte Barajas pero que ha chocado con la oposición frontal de la Fiscalía: enviar a medio centenar de demandantes de asilo desde Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. La medida de Interior fue avalada por un juez de Madrid, pero el Ministerio Público recurrió la decisión el jueves al considerar que no se podía aplicar la normativa de Extranjería a personas que huyen de sus países si han manifestado su intención de pedir protección.
El juez había razonado su decisión en que el CIE opera en este caso como una “extensión de las salas de alojamiento de asilo del aeropuerto como dependencia habilitada de urgencia (...) en tanto no se resuelve su expediente de solicitud por parte de la Oficina de Asilo y Refugio”.
La fiscal, por su parte, lo rebate y afirma en su recurso que el “internamiento en el CIE” es una medida prevista para los extranjeros en situación irregular para los que se ha decretado su expulsión o para quienes, a su llegada a España, se les deniega la entrada. El caso de Barajas afecta a personas solicitantes de protección internacional que están a la espera de que se tramite su expediente de asilo, añade.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización que presta servicio de asistencia jurídica en las salas de asilo de Barajas, rechaza el ingreso de los solicitantes de asilo en estos centros de detención. "Mientras la solicitud esté en trámite entendemos que no pueden ser trasladadas a un centro ideado para su expulsión. Ante la situación indigna e infrahumana de las salas de asilo, habrá que buscar otras instalaciones adecuadas, en el aeropuerto o en otro lugar", sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de la ONG.
La abogada añade que a pesar de “haber tomado algunas medidas” para aliviar la situación de las salas de asilo tras sus quejas a los juzgados de control y al Defensor del Pueblo, consideran que continúa habiendo una “sobreocupación” en estos espacios, así como un “deterioro de la higiene” en las zonas donde los demandantes de protección internacional duermen y pasan el día a la espera de la resolución de la solicitud de protección internacional.
Muñoz asegura que en las últimas semanas se ha reducido el tiempo que los solicitantes pasan en estas salas a la espera de la respuesta de Interior sobre la admisión o rechazo de su solicitud de asilo. “En diciembre, las personas que atendíamos pasaban de media 20 días en Barajas. Ahora se ha reducido a una semana de media”, sostiene la abogada.
La aparente agilización del procedimiento se debe, apunta la letrada, al refuerzo del número de entrevistadores enviados al aeropuerto por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, la ONG muestra su preocupación ante la “falta de formación” de parte del nuevo personal destinado a este fin ante la emergencia. “Deben tener formación específica en asilo, es importante guiar al entrevistado para ir estableciendo los hechos que motivan la solicitud. Nos hemos encontrado con entrevistas que adolecen de falta de información, lo que repercute en la coherencia del relato y puede tener consecuencias para el solicitante”, añade Muñoz. La abogada también advierte de que la insuficiencia de intérpretes destinados por Interior a este fin también genera retrasos en el caso de determinadas nacionalidades.
Ante el aumento de la llegada de ciudadanos con pasaporte keniata, el Gobierno ultima la aprobación del visado de tránsito a las personas procedentes de Kenia, lo que supondría de facto la imposibilidad de hacer escala en Madrid para quienes cuenten con pasaporte keniata y, por lo tanto, cerraría esta vía segura para pedir asilo en España. Cada vez que se produce un pico de solicitudes de asilo de una determinada nacionalidad, que suele coincidir con importantes crisis en sus países de origen, es habitual que las autoridades españoles acaben aprobando este tipo de visados para cerrar el acceso legal a España a sus demandantes de asilo. Ocurrió en 2011 con los sirios que trataban de utilizar esta vía para salvar su vida. En 2020, también se cerró el paso a los yemeníes que huían de la guerra en su país, que ha desatado una de las peores crisis humanitarias de la última década.
"Cada vez que hay una nacionalidad que destaca en número de peticiones de asilo por Barajas, se imponen estos visados de tránsito, que se convierten en un obstáculo más para las personas que tienen protección internacional", lamenta la abogada de CEAR. "Los somalíes que están llegando por esta vía, aunque sea con pasaporte de Kenia, son personas que están huyendo de la compleja política que vive el país. Si se impone este visado a personas con clara necesidad de protección, se cierra una de las pocas vías seguras que tienen para pedir asilo, lo que las empuja a las mortales rutas del Mediterráneo o el Atlántico", concluye Muñoz.
Hasta la exigencia de visado para quienes cuenten con pasaporte keniata, cuya aprobación se prevé para este 20 de enero, Interior ha empezado a permitir la salida del aeropuerto a los somalíes que han manifestado formalmente su intención de solicitar asilo, sin necesidad de esperar a la tramitación de su solicitud ni la respuesta sobre su admisión a trámite, según fuentes conocedoras del funcionamiento de las salas de asilo de Barajas. Esta medida, poco habitual, se ha tomado como parte de la estrategia de descongestión de las salas de asilo del aeródromo. Afecta solo a las personas que aseguran huir de Somalia, debido al altísimo porcentaje de concesión de asilo de sus nacionales, ante la terrible crisis humanitaria que sufre el país.