Proyecto para acabar con el negocio de las dietas municipales

¿Cómo se explica que la dieta de un regidor de un cantón de Alajuela ascienda a ¢10.560, mientras que en otro cantón de la misma provincia se paguen ¢268.276,87 y que al cabo del período de cuatro años el primero haya recibido ¢3 millones y el segundo ¢77 millones, sin considerar aumentos?

La escandalosa diferencia es la norma en las 82 municipalidades. (Después del 4 de febrero serán 84).

Diferencias mayúsculas se encuentran incluso si comparamos ayuntamientos con presupuestos relativamente similares. Por ejemplo, en un cantón caribeño un regidor gana ¢52.582,66 y en uno herediano ¢199.438,08, es decir, un 279 % más.

Si bien el cálculo propuesto en el Código Municipal de 1998 (basado en el presupuesto municipal) fue una buena iniciativa, la posibilidad de que cada concejo acordara sus incrementos anuales —con la excepción de que fuera hasta en un 20 %, siempre que el presupuesto municipal ordinario hubiera aumentado en relación con el precedente en una proporción igual o superior al porcentaje fijado— terminó por desvirtuar el cálculo y puso de cabeza la simetría entre los pagos que reciben los regidores y síndicos.

¿Cómo resolverlo? Abandonando la figura de la dieta por la asistencia a una sesión específica y, en su lugar, que se remunere por asignación mensual, cuya retribución final también contemple la asistencia de los regidores a las comisiones municipales. Esta es la forma de cálculo empleada para los diputados por asistir tanto al plenario legislativo como a las sesiones de las comisiones.

La fracción de la Unidad Socialcristiana presentó un proyecto de ley para corregir este problema. El texto define una asignación mensual para los regidores (propietarios y suplentes) y síndicos: la mitad corresponde al salario base de un oficinista 1, según la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, y el otro 50 % a un monto que se obtiene de calcular el porcentaje del salario anteriormente referido, de acuerdo con el rango en que se ubique el presupuesto ordinario de la municipalidad. Para estos efectos, se agrupan las municipalidades en cinco diferentes grupos.

Por supuesto, siempre existirán diferencias entre una municipalidad y otra, pero ya no serán tan amplias, ni en el futuro se ensancharían. Con el texto de ley propuesto, por ejemplo, el regidor del cantón alajuelense citado al principio percibiría ¢42.368,33, mientras que el otro, ¢107.846,67.

Uno de los beneficios de la propuesta es eliminar la facultad que tienen los concejales de decretar sus propios aumentos, que es la principal razón por la que hoy las municipalidades con similares presupuestos y cantidad de síndicos exhiben diferencias abismales en cuanto al monto de dietas.

A pesar de que 53 de los 82 ayuntamientos verían aumentado el valor de sus dietas, la propuesta significaría un ahorro para las municipalidades por aproximadamente ¢500 millones durante el cuatrienio (solo en el pago de los regidores propietarios).

Asimismo, el proyecto promueve que los aumentos en el salario del alcalde se realicen conforme a la inflación, como en el caso de los diputados y empleados del sector público; se abandona así la disposición de que este pueda solicitar igual aumento que los miembros del concejo.

Otro elemento que incorpora la iniciativa es limitar la asignación de viáticos a los regidores y síndicos fuera de la Gran Área Metropolitana, salvo cuando se trate de casos justificados, por ejemplo, visitas a lugares fuera de su jurisdicción.

El despilfarro que se efectúa por pago de viáticos es necesario detenerlo. Según datos de la Municipalidad de San José, a los 22 miembros del Concejo Municipal les corresponden ¢11.100 por concepto de alimentación y otros ¢11.100 por transporte. Al sumar estos ingresos fijos a la dieta, en realidad por cada sesión un regidor (propietario) recibe ¢217.446,09, es decir, al año, el municipio gasta ¢1.687.200 para que los miembros del Concejo se trasladen a las instalaciones del gobierno local y para sufragar sus gastos de alimentación.

Es primordial acabar con el desorden y la inequidad imperantes en el pago de dietas y viáticos en las municipalidades. Los ahorros que se derivarían de la propuesta de ley son significativos.

A algunos regidores y síndicos no les parecerá la propuesta porque verán disminuidas sus jugosas dietas y no podrán seguir aprobando aumentos para sí mismos. Lo cierto es que a los puestos de elección popular llegamos a servir, no a servirnos.

El autor es diputado.