Puerto Banús quiere seguir explotando otros 40 años playas andaluzas que los tribunales declararon de dominio público
Puede que en España nada se asocie más al lujo que un pequeño rincón de Marbella concebido por el promotor mimado del franquismo que construyó el Valle de los Caídos y el arquitecto que se inventó Beverly Hills. José Banús y Noldi Schreck inauguraron Puerto Banús el 18 de mayo de 1970 con una fiesta antológica por la que desfilaron Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, Julio Iglesias, Roman Polanski o Hugh Hefner, entre otros personajes de la aristocracia y la farándula. Desde entonces, en las 15 hectáreas y 915 atraques del puerto deportivo de Marbella se agolpan yates y boutiques de firmas de lujo, magnates y personajes de dudosa reputación, que dan vida a un exuberante ecosistema propio.
Tras más de medio siglo condensando la marca Marbella, Puerto Banús afronta en los próximos meses un momento decisivo. Al igual que ocurre en otros puertos andaluces de postín (Sotogrande, Puerto Sherry...), la concesionaria histórica del dominio público portuario (Puerto José Banús, S.A., en manos de la familia Vidiella desde que falleció José Banús, en 1984) aspira a seguir explotándolo durante 25 años más de los que ahora tiene concedidos. Por ahora, la concesión vence en 2042, después de que en 2020 el Gobierno andaluz modificara la norma para salvar a las concesiones portuarias del plazo genérico de treinta años de la Ley de Costas de 1988. Si se concediera la nueva prórroga, podría seguir en Marbella hasta el 4 de marzo de 2067, cuando vence el plazo original dado al constructor por el gobierno franquista: 99 años en total.
En el Puerto lo dan por descontado (“es un trámite”, dicen), pero lo cierto es que antes la entidad tiene que demostrar que la prórroga tiene interés público, social, turístico y estratégico, algo que los ecologistas cuestionan. Además, debe presentar una auditoría del estado del puerto y un proyecto con una inversión mínima de 7,8 millones de euros. Y aquí ha surgido un escollo: en los últimos años se han dictado sentencias advierten de que las playas adyacentes, que Puerto Banús trata como suyas, incluyen dominio público ajeno a la concesión. Esto afectaría al menos a unos 14.000 metros cuadrados con lucrativos chiringuitos, kioscos, hamacas y toboganes acuáticos que pagan una renta vital para el negocio de la concesionaria. Prescindir de esos ingresos daría un tajo a las cuentas de Puerto Banús.
La propia Agencia de Puertos de la Junta de Andalucía (APPA) ha pisado el freno en el expediente de prórroga. Para “no condicionar” el expediente, la jefa del área de dominio público portuario de APPA pidió por escrito a Puerto de José Banús que modifique su solicitud e indique “expresamente” que los acrecimientos de la playa son “actualmente zona controvertida”, y que su inclusión en el puerto queda condicionada a un expediente informativo de Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.
En ese documento, fechado el pasado junio, APPA recuerda que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya concluyeron que Puerto Banús estaba arrendando al restaurante la Marina de Puerto Banús y el kiosco Levante Beach un espacio de la playa de Levante que no era suyo. Los dos empresarios afectados alegaron que durante años han pagado una renta a Puerto de José Banús, S.A., pero no les valió de nada frente al deslinde que hizo Costas en 2007. A juicio de APPA, todo esto aconseja un pronunciamiento expreso de Costas para trazar la línea en la que empieza la zona portuaria bajo concesión.
La concesionaria cree que esas dos resoluciones no son aplicables y dice que “no comparte” la controversia. En su respuesta a APPA, insiste en que tiene derecho también a la “superficie variable” por los acrecimientos de la playa que siguieron a la construcción del puerto. Dos normas de 1970 lo dejarían claro. Según esa interpretación, las playas son suyas: una parte de los 14.645 metros cuadrados ganados al mar sería suya en propiedad, y la otra se integraría el dominio público, aunque también le correspondería en régimen de concesión administrativa.
Al cierre de este artículo, Puerto Banús no había respondido al cuestionario remitido por este medio y el Ministerio no había explicado en qué punto está el expediente informativo de Costas al que alude la Agencia de Puertos andaluza.
Puerto Banús recibe unos 700.000 visitantes al año, y su negocio depende en gran medida de dónde se ponga la frontera del puerto. También el valor de la concesión, sobre cuya venta se especula periódicamente. De hecho, en la actualidad las playas generan tanto como alquilar atraques, cuyo coste va de los 45 euros diarios por amarrar barcos pequeños en temporada baja a los 2.297 euros que cuesta en verano el único atraque para yates de 50 metros de eslora y 9 de manga. En 2021 Puerto Banús ingresó en torno a dos millones de euros por arrendar sus atraques, y 1.930.000 por las “terrazas y playas concesionales”.
En la playa de Levante, tiene concedidas licencias a una coctelería, un restaurante, dos chiringuitos, una superficie recreativa y 350 hamacas. En la de Levante, a un club de playa, un restaurante, un negocio de alquiler, un parque acuático y otras doscientas hamacas. En total, unos 6.000 metros cuadrados en cada playa. De hecho, hace tiempo que los servicios no portuarios generan mucho más negocio en Puerto Banús que los servicios portuarios (4.202.000 euros frente a 3.056.000 en 2021).
Por eso, la escisión de una parte cuestionaría la capacidad de realizar la inversión a la que se condiciona la prórroga, cifrada en 7.820.000 euros, en un momento en que el negocio recupera la velocidad de crucero. Según sus cuentas, ingresó en total 7.258.000 euros en 2021, un ejercicio en el que pagó un canon público de 355.063 y que cerró con ganancias de 258.000 euros. Son cifras alejadas de los 423.000 euros de beneficio de 2019, el año previo a la pandemia. Y más alejadas aún del supuesto impacto total en la economía malagueña, cifrado en 954 millones por un informe de PriceWaterhouse Coopers que cita Puerto Banús. Esto supondría más del 2,5% del total de la provincia.
Puerto Banús simboliza el lujo, pero también es paradigma del ladrillo en una Costa del Sol cada vez más expuesta a los temporales. Para Ecologistas en Acción, no hay duda de que las playas deberían quedar excluidas de la concesión. Los ecologistas han presentado alegaciones a la ampliación de la concesión, advirtiendo de que todo esto tiene un impacto material que, previsiblemente, irá a más: “La Agencia Pública de Puertos de Andalucía no puede obviar una realidad de causas y consecuencias provocadas por la masificación urbanística sufrida durante más de cinco décadas en todo el litoral del municipio de Marbella, así como los gravísimos retos ambientales y climáticos a los que se enfrenta de cara al presente y al futuro”. Además, según sus mediciones las playas en cuestión no ocuparían 14.000 metros cuadrados, sino casi 40.000.
Puerto Banús es un “claro referente” de las “fortísimas ocupaciones residenciales del suelo costero”, recuerda Ecologistas en Acción en su escrito, en el que denuncian que los efectos del cambio climático sobre Puerto Banús se despachan con la promesa de instalar pantalanes flotantes. Los ecologistas creen que no se han tomado medidas adecuadas de conservación de las defensas del puerto en estos años ni se contemplan a futuro, y que tampoco se aborda la afección sobre las dinámicas fluviales del arroyo Benabolá y el Río Verde.
Por último, piden que se valore la delincuencia en torno al puerto y la inseguridad y mala imagen que genera, antes de conceder sin más un mayor plazo de explotación a sus actuales responsables. Estrella Muñoz, hermana de la alcaldesa, es la secretaria de dirección de la entidad, a la que muchos en Marbella consideran una herramienta del poder municipal.
La delimitación de la línea de costa es una polémica que Marbella arrastra desde los tiempos de Gil y se reaviva cada poco a cuenta principalmente del paseo marítimo, declarado ilegal por una sentencia del Tribunal Supremo en 1998. A ello se suma una ocupación cada vez más intensivo en las playas de la Costa del Sol, con estructuras permanentes que contrarían los criterios del Ministerio de Transición Ecológica, como los chiringuitos de hormigón y con sótano. Las competencias para conceder licencias de obras o instalaciones no desmontables (como chiringuitos) en las playas andaluzas la tiene la Junta de Andalucía desde 2011.
Por ahora, las denuncias de los ecologistas y los expedientes de Demarcación de Costas tienen poco efecto sobre la arena de la playa. En el extremo occidental de Marbella, Puerto Banús afronta con la incertidumbre de no saber ni siquiera hasta dónde llegan sus límites.