El tribunal del ‘dedazo’ de la Complutense suspende al aspirante que denunció irregularidades y declara desierta la plaza
Un tribunal de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha declarado desierta una plaza en ese centro de estudios tras suspender al único aspirante, que había denunciado irregularidades durante la adjudicación. La entrevista oral, última parte del proceso de selección, se había repetido tres veces por orden primero de Rectorado y después de un juzgado madrileño, que entendieron que esta no se adecuaba a la normativa. A pesar de las repeticiones y de las denuncias de quien había acabado siendo el único candidato al puesto, el resultado ha sido siempre el mismo: el profesor que impidió el dedazo se queda sin la plaza.
Miguel Álvarez Peralta impartía clases en la Universidad de Castilla-La Mancha cuando decidió que quería volver a su Madrid natal. Era 2020 y se había convocado una plaza, de contrato modesto pero fijo, en la universidad en la que se graduó, la Complutense. Pero al poco de presentarse descubrió que el departamento tenía una favorita para el proceso. Empezaron las presiones: mensajes por WhatsApp, documentos sustraídos o intentos de descalificación que tenían como objetivo que se retirase de la selección y adjudicar la plaza al bicho ―como se conoce a la persona a quien el departamento quiere favorecer―. Peralta no se arredró y mantuvo su candidatura. En la fase de valoración del currículum y los méritos sacó unas décimas más que su rival. También aprobó la entrevista posterior, pero con peor nota que ella.
Convencido de que su perfil era más acorde a lo solicitado, Álvarez Peralta denunció las “trapacerías” que consideraba que se cometían en una columna de infoLibre y llevó el caso a televisión. Con esta presión mediática de fondo, la supuesta favorita se retiró. Quedaba él solo en el concurso, pero eso no significaba que le fueran a dar la plaza, como se demostró al repetirse la entrevista por orden de la propia universidad: el tribunal cambió los criterios de evaluación para convertir la puntuación de 1,2 de la primera convocatoria en un 0,8. Como se calcula sobre un máximo de dos puntos, la candidatura del profesor denunciante quedaba suspensa y el puesto desierto.
Álvarez Peralta llevó entonces el caso a la justicia ordinaria, que ordenó repetir la entrevista una vez más, esta vez con los criterios acordes a la normativa. Esta tercera defensa tenía los mismos baremos que la primera, la que aprobó, e incluso un tribunal diferente porque uno de los miembros originales había fallecido y otro fue inhabilitado por un defecto de forma. Dio igual: el docente obtuvo un 0,7. Suspenso otra vez.
Álvarez Peralta considera que la diferencia de puntuación que finalmente le deja fuera es “un castigo por haber denunciado públicamente” la situación. “Es un aviso a navegantes: si te atreves a denunciar vas a sufrir duras consecuencias y costes económicos, emocionales y profesionales”, asegura Álvarez Peralta, quien considera que esto lanza un mensaje a para "que la gente respete los dedazos”.
La Complutense no ha respondido a las preguntas de elDiario.es ni para valorar el caso ni para aclarar qué pasará ahora. El profesor va a reclamar para intentar una cuarta repetición de la entrevista o la inhabilitación del tribunal "por su comportamiento". Si el Rectorado deniega su petición, el proceso quedaría definitivamente cerrado. Sin embargo, cuando se convoca una plaza es porque hacen falta más manos en el departamento en cuestión, por lo que el paso más probable es que se publique otro concurso.
Entre todo este proceso de reclamaciones y denuncias, Álvarez Peralta consiguió volver a su ciudad natal: trabaja desde febrero del año pasado en la Universidad Rey Juan Carlos con un contrato similar al que ofertaba la UCM. Está inmerso en un proceso penal en el que el exjefe del departamento convocante de la plaza le acusa de daños al honor por publicar las capturas de pantalla donde presiona al profesor denunciante para que se retire del concurso. Además de este juicio pendiente, el madrileño considera iniciar otro: está consultando con abogados la posibilidad de demandar al tribunal de Ciencias de la Información por prevaricación.