El Reino Unido intenta ahora atraer a los jóvenes trabajadores europeos que perdió tras el Brexit

Cuatro años después de la salida oficial del Reino Unido de la UE, el Gobierno conservador y la oposición laborista, que puede estar pronto en el poder, buscan maneras de volver a abrir su mercado laboral a jóvenes europeos ante la falta de mano de obra en sectores clave. 

El primer ministro, Rishi Sunak, repite su objetivo de cortar la migración neta —la diferencia entre quienes se van y quienes llegan al país—, y el 1 de enero anunció como un triunfo una nueva regla que impide que los estudiantes extranjeros lleven a sus familiares al Reino Unido. A la vez, su Ministerio del Interior planea acuerdos de movilidad juvenil para que sea más fácil contratar a trabajadores de algunos países de la UE que ya no ocupan los puestos de camareros, cocineros, tenderos y transportistas como antes del Brexit. 

El alcalde de Londres, el laborista Saqid Khan, reabrió el debate al pedir hace unos días un mecanismo especial que facilite los viajes y los empleos para europeos menores de 35 años y que se aplique al menos a su ciudad, uno de los lugares más afectados por la pérdida de estudiantes y trabajadores de la UE. Su propuesta es la de firmar un acuerdo recíproco, es decir, valdría también para los británicos que quieran vivir y trabajar en países de la Unión.

Khan se presenta a la reelección en las elecciones de mayo en una ciudad donde se estima viven más de un millón de ciudadanos de la UE, muchos de los cuales tienen derecho a voto en los comicios municipales. En Londres, además, la mayoría de los británicos votó a favor de quedarse en la UE en el referéndum de 2016.

Los jóvenes son los más enojados y afectados por las restricciones que ha impuesto la salida del Reino Unido de la UE. La mayoría de los británicos de cualquier edad están ahora en contra del Brexit, según las encuestas, y el porcentaje llega al 70% entre los que tienen entre 18 y 24 años —que no pudieron votar en 2016 porque no habían alcanzado la mayoría de edad— y al 66% entre quienes tienen entre 25 y 49.

“Este es el tipo de propuesta que atraerá a muchos votantes en Londres. Es también una posición más fuerte que la que ha tomado Keir Starmer en el Partido Laborista en su conjunto, porque obviamente están luchando en un contexto político diferente en todo el Reino Unido”, explica a elDiario.es Joël Reland, investigador académico especializado en las relaciones entre la UE y el Reino Unido del think-tank UK in a Changing Europe. “En realidad, no puede hacer mucho cuando se trata de cambiar la relación comercial con la UE”. 

Khan es uno de los pocos políticos incluso en su partido que se atreve a hablar del Brexit y sus soluciones. Pero su idea es algo que el propio Gobierno conservador lleva meses rumiando.

La falta de trabajadores también está empujando al Ministerio del Interior británico a buscar convenios de movilidad juvenil como los que ya tiene con Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Ahora bien, hasta ahora el Reino Unido ha intentado negociar de manera bilateral, en lugar de con la Comisión Europea, que abriría la puerta a un plan más amplio como el que sugiere el alcalde Khan. 

Los Estados miembros de la UE ya tienen convenios bilaterales de este tipo incluso con los países con los que han firmado acuerdos comerciales gestionados por la Comisión Europea. Pero el Reino Unido no es para los europeos un país más.

“Es un caso especial. Los 27 Estados miembros solían tener acceso al Reino Unido. Y potencialmente si uno o dos lo recuperan, si unas personas lo recuperan y otras no, eso crea división entre los Estados miembros y ejerce presión sobre la Comisión”, explica Reland, que cree que los países con los que el Reino Unido firmaría un plan serían Francia, España, Alemania o Italia, es decir, los países grandes con muchos empleados y que no tienen el estigma de las caricaturas apuntaladas durante años por la prensa local conservadora contra trabajadores de países de Europa central y del Este.

El diario The Times publicó en julio del año pasado que España está entre los países que el Gobierno conservador británico considera para este posible convenio además de Alemania, Francia y Suiza. El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social de España, competente en este tipo de acuerdo, "no ha recibido propuestas o contactos al respecto", según una portavoz consultada por elDiario.es. El Ministerio sí sabe de las intenciones del Reino Unido de firmar acuerdos de este tipo con varios países.

España tiene, hasta ahora, convenios de movilidad para jóvenes con Corea, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El actual ministro de Exteriores, David Cameron, ha defendido de momento las negociaciones bilaterales, pero la UE está interesada en explorar un marco conjunto para esos posibles acuerdos. 

Pedro Serrano, embajador de la UE en el Reino Unido, comentó el martes en una conversación con su homólogo británico en Bruselas que los europeos siempre están “vigilando” para “detectar” lo que describió como “la vieja tradición británica” de ir directamente a los países grandes de la UE para hacer acuerdos bilaterales y mover a la Unión en la dirección deseada. Pero también reconoció que en este caso las competencias son compartidas. La UE está consultando con los gobiernos un posible marco conjunto y tiene mucho interés en la movilidad juvenil porque es algo que “las sociedades de ambos lados quieren” y para la UE es importante que los jóvenes “sigan forjando la identidad común europea”.

“Una de las cosas que la gente echa de menos es la facilidad para que haya más intercambios entre nuestras sociedades”, dijo Serrano en el encuentro organizado por UK in a Changing Europe. También comentó la falta de claridad de momento por parte del Gobierno británico: “Necesitamos una posición a nivel gubernamental”, dijo. 

Lindsay Croisdale-Appleby, embajador británico ante la UE, explicó que “es más fácil negociar con los Estados miembros”, aunque, en la conversación más general sobre la relación entre el Reino Unido y la UE, reconoció que todo depende de hasta dónde quieran ir los nuevos líderes tanto del Gobierno británico como de las instituciones de la UE después de las elecciones este año. 

En el Reino Unido, los laboristas ganarán las próximas elecciones generales con holgura, según las encuestas. Y ya sugieren que aprovecharán la revisión de 2026 del acuerdo de comercio y cooperación con la UE para intentar mejorar los detalles de la relación que ha traído más pobreza, menos trabajadores, más papeleo y más sufrimiento para sus propios ciudadanos. Sin embargo, para la Comisión Europea, se trata en principio de una revisión “técnica”, no de una cita para reabrir el acuerdo que costó años negociar. 

En cualquier caso, Starmer suele evitar ahora el Brexit para no reabrir heridas y no centrar el debate en la migración que los tories tratan de agitar como tema de campaña.

El Partido Conservador defiende medidas contra la migración, también la legal, para la que el Gobierno está imponiendo más restricciones, por ejemplo para la reunificación familiar. Sin embargo, las quejas del sector de salud pública, uno de los más afectados por la falta de trabajadores, han obligado a Sunak a rectificar algunos de los requisitos anunciados a finales del año pasado.

Además, todavía quedan decenas de miles de ciudadanos de la UE pendientes del papeleo para que se les reconozcan sus derechos de trabajo y residencia en el Reino Unido porque estaban en el país antes de que entrara en vigor el Brexit. A 30 de septiembre de 2023, todavía quedaban unas 140.000 solicitudes por revisar, entre ellas las de más de 5.700 españoles.

Tras varios artículos del Guardian sobre ciudadanos de la UE atrapados en el limbo del papeleo post-Brexit, el Ministerio del Interior británico volvió a relajar hace unos días un criterio que había endurecido: ha decidido volver a considerar el desconocimiento del papeleo de preasentamiento como una posible causa justificada para el retraso de la presentación de las solicitudes. 

A la vez, el Gobierno británico sigue sin cumplir la sentencia del Alto Tribunal del Reino Unido de diciembre de 2022 que le obliga a simplificar el proceso de asentamiento de los ciudadanos de la UE que estaban en el país antes de la entrada en vigor del Brexit.

La agencia oficial para la vigilancia de los derechos de los ciudadanos (IMA, en sus siglas en inglés) le pidió explicaciones al Gobierno hace unos días para que el Ministerio del Interior “haga una declaración pública que aclare los derechos de los ciudadanos” según los acuerdos de salida con la UE. Miranda Biddle, la directora de la autoridad independiente, dijo: “Aunque el Ministerio del Interior ha sido eficaz en muchos casos, algunos ciudadanos sufren la incertidumbre que tiene efectos en su capacidad de vivir, trabajar y criar familias”.