La Agencia de Salud Pública vigilará riesgos de origen biológico y nuclear
El Consejo de Ministros podría analizar este martes el proyecto para la creación de la anhelada Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un organismo todavía pendiente de constituirse cuando se cumplen ya cuatro años desde el estallido de la pandemia de Covid-19, que dejó miles de muertes y puso sobre la mesa las carencias del Ministerio de Sanidad.
El pasado viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la aprobación «de manera inminente» del nuevo organismo, previsiblemente este mismo martes, para que el Congreso pueda tramitar su creación en el próximo trimestre.
Las bases de la nueva entidad ya fueron adelantadas por LA RAZÓN en febrero del año pasado, tras tener acceso al proyecto de ley que, salvo pequeñas modificaciones, va a ser aprobado por el Gobierno. En él se incluye la necesidad de reforzar la vigilancia de salud pública y el desarrollo a nivel de la Administración General del Estado y de las comunidades y ciudades autónomas de «estructuras dotadas de los medios humanos, tecnológicos y los recursos presupuestarios necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones». No obstante, no se especifica qué organismos públicos que ahora forman parte del Instituto de Salud Carlos III quedarán adscritos a la agencia. También asumirá la mayoría de las funciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón.
La vigilancia se centrará en las amenazas que pueden suponer un riesgo para la salud pública, entre las que se encuentran las de origen biológico, químico, ambiental, nuclear y radiológico, así como las de origen desconocido.
El documento al que tuvo acceso LA RAZÓN era, sin embargo, parco en algunos detalles, y remite la regulación de muchos de ellos a un futuro estatuto. Uno de los aspectos más espinosos tiene que ver con la obligación del suministro de datos, ante los obstáculos con los que se topó el CCAES para recabarlos de otros organismos y, sobre todo, de las autonomías.
Según el proyecto de ley, «todas las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como las personas físicas y jurídicas», estarán obligados a suministrar a la futura Agencia cierto tipo de información. Entre ella, los datos necesarios «en el tiempo, forma y calidad requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de los fines generales de este órgano, en especial, evaluar el estado de salud de la población, realizar funciones de seguimiento y vigilancia en salud pública, así como la detección precoz y la evaluación de riesgos para la salud».
Estos datos serán establecidos mediante real decreto, «previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», lo que equivale a decir que serán las consejerías de salud las que avalen o no su transferencia a la agencia. El proyecto especifica que la Sanidad privada tendrá también que aportar la información que se le requiera en este contexto de preparación de respuestas a las emergencias de salud pública.
La agencia ejercerá competencias de naturaleza técnico científica y, en particular, la coordinación y evaluación de la Red de Vigilancia de Salud Pública, la identificación, evaluación y comunicación de riesgos para la salud pública, así como la coordinación de la preparación y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias, «sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades». También prestará asesoramiento técnico a las administraciones y sociedad civil en el ejercicio de actuaciones de salud pública.
En un primer momento estaba prevista una inversión de 27,4 millones de euros para la Red de Vigilancia de Salud Pública y de 9,45 millones para dotar de equipamiento tecnológico al Centro Estatal de Salud Pública. La Red Estatal estará constituida por un nodo central en la futura Agencia y por nodos autonómicos situados en las consejerías de Sanidad.
La puesta en marcha de este organismo fue una promesa que el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo antes de abandonar la cartera. De momento han pasado tres ministros más (Carolina Darias, José Manuel Miñones y la propia Mónica García) y el proyecto aún sigue sin ver la luz.