El presidente de Guatemala y la fiscal Porras se reúnen diez minutos en un intento frustrado por destensar las relaciones

Llegó, saludó y se retiró. La esperada reunión para discutir «temas de libertad de prensa, derechos humanos y colaboración institucional» entre el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras , fue tan efímera, que no pasó de los diez minutos. Porras fue la principal impulsora de las acciones judiciales que buscaban evitar la toma de posesión presidencial de Arévalo el pasado 14 de enero y a nular los resultados de los comicios de junio 2023. Porras ni siquiera se bebió el café. Se ha retirado después de dar inicio la reunión a la que había sido invitada por el presidente y su Gabinete de Ministros. Para retirarse, Porras se ha aferrado a la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que considera que la normativa la faculta para no tener que permanecer en ninguna reunión de ningún funcionario público en donde se traten temas que puedan poner «en riesgo» la independencia de la fiscalía, que no está supeditada a ningún organismo del Estado y que cuenta con autonomía total de los poderes estatales. «Ante el planteamiento del presidente, me vi en la necesidad de retirarme porque la ley me prohíbe participar en una reunión de ministros, para no interferir en sus resoluciones», ha alegado la fiscal, al ser cuestionada fuera de la Casa Presidencial, donde se dieron cita las autoridades. Arévalo, en una conferencia de prensa posterior, definió la reunión como «frustrada« y señaló que la excusa planteada por Porras «no es aplicable» conforme a la ley, puesto que en ningún momento de la reunión peligraba la autonomía de la fiscalía. Arévalo explicó que la agenda del encuentro estipulaba claramente que solo tratarían temas relacionados a los procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa , y que también conversarían sobre los avances en una investigación relacionada con la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la gestión de Giammattei; una compra que la prensa independiente denunció con pruebas alegando sobreprecios e inflamientos de contratos que podrían ser lesivos para el Estado. Noticia Relacionada estandar Si La fiscal general de Guatemala da plantón al presidente Arévalo cuando tenía que dar cuentas de su gestión Juan Diego Godoy Consuelo Porras rechaza la invitación para discutir diversos temas relacionados con la labor de la fiscalía en los últimos años y asegura que «no voy a renunciar» El mandatario también se ha aferrado a la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente al artículo 4 que señala textualmente que en aras de la coordinación institucional, «el Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la junta, con voz pero sin voto». Incumplimiento de funciones «La fiscal ha incumplido con sus obligaciones. Por ende, el Gobierno analizará en las próximas horas las medidas legales que tomará. Ella no está cumpliendo con la ley y la Procuraduría General de la Nación está estudiando el caso», ha dicho el presidente. Expertos han barajado una posible denuncia por incumplimiento de funciones, hecho que podría llevar a Porras a ser juzgada por un tribunal y, en caso de haber una sentencia firme condenatoria, la misma ley establece que la fiscal podría ser destituida, una intención que Arévalo ha hecho pública, tras las persecuciones jurídicas al margen de la ley que diversos jueces y fiscales afines a Porras emprendieron desde junio 2023, cuando el presidente ganó la contienda electoral. No es la primera vez que ambos intentan reunirse. La semana pasada, Porras rechazó la invitación que el presidente de la nación le había hecho a su despacho, con el mismo motivo. En esa ocasión, la fiscal añadió que era ilegal sostener una reunión privada con el presidente, porque eso ponía en riesgo la autonomía de su institución. Sin embargo, no dio la misma excusa cuando se reunió con el expresidente Giammattei en múltiples ocasiones durante todo su mandato (2020-2024) ni con su antecesor, Jimmy Morales , quien la nombró al cargo en 2018. El periodo de la fiscal concluye, oficialmente, en 2026, y en un video publicado en sus redes sociales, Porras ha dicho tajantemente que no renunciará al cargo. El fantasma de la renuncia Arévalo ha cuestionado el trabajo de la funcionaria a la que señala de cometer «arbitrariedades en sus investigaciones». La responsabilizó del clima de inestabilidad política que rodeó el proceso electoral, pasada la primera vuelta de junio 2023, y luego de avivar el bulo del «fraude electoral», que impulsaron grupos cuestionados y sancionados de extrema derecha y cercanos al expresidente Giammattei, que no estaban dispuestos a permitir el ascenso de Arévalo y su partido político Semilla al poder. Por ello, la reunión que no pudo ser, estuvo rodeada del fantasma de la renuncia. En campaña electoral y durante el periodo de transición, Arévalo aseguró a la prensa que le pediría la renuncia a Porras, una vez asumiera el cargo, a sabiendas de que la fiscal no está obligada a acatar su solicitud de renuncia. El artículo 14 de la Ley indica que solo se puede remover a la fiscal «por la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función , siempre y cuando haya sentencia condenatoria». Actualmente, la fiscal no ha sido acusada formalmente de la comisión de un delito de esta índole pero a raíz de su retiro de la reunión del Gabinete de Ministros, es probable que, si así lo considera el Gobierno, enfrente algún proceso judicial por «incumplimiento de funciones«.