Los hermanos Ruiz-Mateos culpan al patriarca fallecido para librarse del fraude de 300 millones de Nueva Rumasa
Hubo un tiempo, en los convulsos 2009 y 2010, en que no había periódico, radio o televisión que no incluyera en sus espacios de propaganda las campañas de captación de fondos de Nueva Rumasa. Los anuncios de marcas insignes del conglomerado como Dhul o Clesa dieron la bienvenida a la nueva década tras las campanadas en tres cadenas nacionales. Después de la expropiación de 1983, parecía que el controvertido José María Ruiz-Mateos había logrado reconstruir su imperio empresarial e incluso tenía capacidad para salvar a toda empresa española en apuros.
En realidad, tras ese ingente despliegue, sólo había un intento de huida hacia adelante ante un escenario de asfixia financiera y crisis generalizada de sus negocios. Nueva Rumasa —la segunda y fallida oportunidad de Ruiz-Mateos— cayó finalmente en 2011. Y, con ella, miles de pequeños inversores que confiaron en su capacidad de gestión y en sus tipos de interés de hasta el 10%, muy por encima de los ofrecidos por la banca.
Más de una década después, la Audiencia Nacional enjuicia a los seis hijos varones del empresario, fallecido en 2015 a los 84 años, por la estafa en la emisión de pagarés por valor de más de 337 millones de euros garantizados con empresas de dudosa viabilidad. Unos hechos ante los que todos han tratado de ponerse de perfil con una estrategia similar: la culpa es del padre muerto. Y, si acaso, compartida con el “consejo de asesores” del que se rodeaba y del que no formaban parte a pesar que los documentos mercantiles los sitúan como administradores y apoderados de las principales empresas del grupo.
Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso, herederos del negocio, se enfrentan a una petición de hasta 16 años de cárcel por delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Se sientan en el banquillo junto a otros nueve responsables de Nueva Rumasa. Entre ellos, Ángel de Cabo, que compró el grupo tras declararse en quiebra. La madre, Teresa Rivero, quedó fuera de este procedimiento.
A las hermanas —Patricia, Nuria, Almudena, Begoña, Paloma y Rocío— se las acusa como partícipes a título lucrativo. Esto es, por beneficiarse de esos supuestos delitos aunque sin tener conocimiento de los mismos. Según contó El Mundo, a petición del padre, las hijas renunciaron a cualquier derecho sobre la empresa familiar para que ésta siguiera en manos de los hombres de la familia. A cambio, obtendrían cada mes una compensación económica. Socorro, la primogénita, falleció en 2017.
Sus diferentes responsabilidades dentro del conglomerado empresarial han acabado llevando a los seis varones al banquillo. Durante la última semana, todos ellos han desfilado por una de las salas de vistas que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid). Y, uno tras otro, han repetido un argumento similar: negar cualquier responsabilidad sobre la emisión de pagarés y dirigir las miradas hacia el progenitor fallecido, a quien han dibujado como un personaje con tintes autoritarios, al que admiraban, pero al que no se podía llevar la contraria.
Según su versión, no tenían "ninguna autoridad, ni poder, ni capacidad de decisión" y no eran más que unos simples trabajadores más de las empresas de su padre, a las que se incorporaban tras completar sus estudios superiores, principalmente en Estados Unidos. Ninguno de ellos ha reconocido las altas responsabilidades como administradores o apoderados en las diferentes empresas del grupo que aparecen en el sumario y que sustentan la acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Su tesis es que todo era cosa del patriarca, que los colocaba en uno u otro puesto sin ni siquiera comentárselo.
"Yo era un empleado de mi padre. En ese momento había 10.000 personas en Nueva Rumasa y yo era un empleado más", arrancó Álvaro, el primer miembro del clan en pasar por el banquillo y en inaugurar una tesis seguida después a pies juntillas por los otros hermanos. Durante su interrogatorio, que se alargó durante una hora, se refirió en todo momento a Nueva Rumasa como "el grupo de mi padre" y afirmó que él se limitaba a realizar labores de exportación de productos de Trapa y Elgorriaga, por las que cobraba una nómina “normal” de 3.000 euros mensuales.
Sin embargo, el escrito del fiscal le sitúa como administrador único de la empresa de lácteos Clesa, una de las principales del grupo. Y su nombre también aparece como persona responsable en uno de los folletos de emisión de pagarés que se editó para el público. Una evidencia que trató de rebatir afirmando que su padre era quien hacía y deshacía, sin contar con sus herederos. "Mi padre es el propietario y decide de forma unilateral (...). Mi padre pone y quita", dijo en otro momento del interrogatorio.
"Yo recibía instrucciones y órdenes de mi padre. A mí me nombró él y yo acepté". Fue el hilo argumental del interrogatorio de Zoilo, administrador de otra de las compañías del grupo y a quien Anticorrupción atribuye —junto a otros de los hermanos— el control de la operativa de las sociedades extranjeras, "generalmente radicadas en paraísos fiscales", a las que pertenecían formalmente las compañías de Nueva Rumasa. Ante las preguntas del fiscal, Zoilo recurrió incluso a la "admiración" y la "confianza plena" que sentía por su padre para justificar un supuesto acatamiento ciego de sus decisiones.
También como un simple "hijo del dueño" se presentó ante el tribunal otro de los encausados, José María, que contrapuso el "prestigio profesional" del "consejo de asesores" de Ruiz Mateos frente a la menor experiencia de los herederos. "Nosotros no teníamos ni esa experiencia, ni ese bagaje ni esos conocimientos. Nosotros éramos hijos del dueño", aseveró. "El único consejo de administración era mi padre y el espejo", dejó caer el quinto de los hijos en pasar por el banquillo, Francisco Javier. Este último afirmó que nunca se le ocurrió "preguntar" a su padre por la marcha de los negocios, ante el temor incluso a perder el trabajo por la "desconfianza" que él podía percibir.
En la misma tesis ahondó Pablo, que se encargó de la sección hotelera del grupo y llegó a ser consejero delegado de Nueva Rumasa. Sin embargo, ante el tribunal insistió en que nunca ejerció como tal y fue su padre el responsable de su nombramiento. "La emisión [de pagarés] parte de mi padre, él ideó el tema", afirmó respecto al asunto que centra un juicio que se dilatará hasta el mes de abril.
En contraposición, el escrito del fiscal anticorrupción defiende que cada uno de los acusados ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación "un poder de decisión propio" por mucho que todos desempeñaran su trabajo bajo la "dirección última" del patriarca. Y afirma que ante las dificultades económicas que asolaron al grupo todos decidieron urdir un plan para apelar al ahorro del público mediante "agresivas" campañas en medios de comunicación nacionales en las que ofrecían invertir en sus sociedades más conocidas a cambio de remunerar esas inversiones con elevados intereses.
Son los famosos pagarés de Nueva Rumasa que, en los años siguientes, dejaron atrapados a miles de pequeños inversores. Para lograr ese objetivo, sostiene el fiscal, cuidaban que esas campañas mostraran siempre una imagen de "solvencia y bonanza empresarial" que sabían que "carecía de todo sustento". En su escrito insiste en que a pesar de la situación de "insolvencia" de las sociedades del grupo, los acusados afirmaban recurrentemente en su publicidad que se trataba de una "inversión segura".
Durante las sesiones de esta semana, el fiscal ha llegado incluso a mostrar a los acusados fotografías de esos anuncios, que los presentaban como altos directivos de Nueva Rumasa, trajeados y, en ocasiones, rodeados por más empleados del grupo ataviados con sus uniformes de trabajo. Los hermanos, sin embargo, negaron en todo momento que esos anuncios constituyeran una prueba de su capacidad ejecutiva y poder de mando en el holding. "Yo era un empleado más, por muy Ruiz-Mateos que me apellide", llegó a decir con cierta molestia uno de ellos. La vista se retomará este lunes con interrogatorios a más acusados.