Cárcel y corrupción
Si la ley se interpreta como pretende el gobierno, cualquiera podría asociarse con una institución para obtener contratos sin concurso ni control, burlando las previsiones establecidas para frenar la corrupción.
“Si hubiese corrupción en los escáneres de Racsa, metan a la cárcel a quien tengan que meter”, dijo el presidente Rodrigo Chaves para criticar la decisión de la Contraloría General de la República sobre la extraña contratación. La afirmación carece de sentido. No se trata de meter a nadie en la cárcel, sino de aplicar la ley.
La normativa se dictó, entre otras razones, para desestimular la corrupción o, al menos, dificultarla, no para impedirla, porque ese ideal es inalcanzable. Hay mil ejemplos de corrupción sin encarcelamientos y la ausencia de presos no es prueba de ineficacia de la legislación, cuyo fin es incrementar la transparencia para disminuir el abuso.
En efecto, como dice el Ejecutivo, la Contraloría interpretó la ley para aplicarla al caso concreto. No hay otra forma de producir una resolución administrativa o judicial. Si el gobierno discrepa de la interpretación, hay vías para objetarla, pero en este caso la interpretación de la Contraloría es un razonamiento jurídico sólido.
El legislador nunca pretendió cobijar, bajo la excepción del artículo 3, inciso b de la Ley General de Contratación Pública y el numeral 6 de su reglamento, cualquier contratación directa entre entidades públicas, sin más requisitos. Las normas ordinarias solo pueden obviarse si el oferente acredita su capacidad de ejecutar directamente lo acordado. La ley deja abierta la posibilidad de contratar con terceros cuestiones especializadas y accesorias constitutivas del 30 % de la prestación contratada. Racsa ni produce ni comercializa escáneres y para entrar en el negocio formó una “alianza estratégica” secreta con empresas privadas.
Si la ley se interpreta como pretende el gobierno, cualquiera podría asociarse con una institución estatal para lograr contratos sin concurso ni control, burlando las previsiones establecidas para frenar la corrupción. El propósito nunca fue permitir a las empresas públicas fungir como puentes para la contratación de terceros sin observar las normas ordinarias, sobre todo si los términos de las “alianzas estratégicas” se mantienen ocultos, como ocurre en el caso de los escáneres.
La corrupción no se combate abriéndole oportunidades para luego investigar si fueron aprovechadas y “meter a la cárcel a quien haya que meter”. El presidente lo sabe. Durante la campaña electoral hizo de la corrupción un caballo de batalla. Lleva casi dos años en el poder y no ha metido a nadie a la cárcel. ¿Significa que aquella corrupción no existía?
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.