Ante la incertidumbre del campo de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas de agricultores y ganaderos por diferentes puntos de la comunidad autónoma, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán , ha comparecido este jueves en las Cortes regionales, donde ha desgranado algunas de las medidas adoptadas y pendientes de llevar a cabo por el Ejecutivo castellanomanchego para responder a esta situación y a las reivindicaciones del sector. Entre ellas, Martínez Lizán ha anunciado que «en próximos días» el Gobierno autonómico va a poner en marcha un convenio firmado con entidades financieras de la región «en el que se pondrán unos préstamos para los agricultores con tipos preferentes a la hora de pagar los intereses y costes de apertura». Con ello, según ha destacado, atenderán una de las medidas demandadas por el sector, como es disponer de liquidez para sus explotaciones. Noticia Relacionada Sector Agrario estandar Si El recorte a las ayudas PAC que recibe Andalucía beneficia a Castilla La Mancha Natalia Ortiz La región, uno de los últimos reductos de poder autonómico del PSOE, recibe 50 millones de euros anuales más Un anuncio que ha aprovechado para recordar las ayudas movilizadas hasta ahora - 72 millones de euros del Gobierno de España para Castilla-La Mancha y otros 30 millones que aportará la Junta de Comunidades - para hacer frente a la sequía, «una cuestión importante, sobre todo por las condiciones que se han desarrollado en este último año, en el que todos los sectores han atravesado grandísimas dificultades en el desarrollo de la actividad por inclemencias meteorológicas». En total, 102 millones de euros que entre febrero y marzo, según ha informado, van a llegar a las cuentas de los agricultores, «facilitando pues una liquidez para poder seguir desarrollando esas necesidades agronómicas que tienen las parcelas de nuestros agricultores y ganaderos». Por otro lado, para intentar dar respuesta a otra de las reclamaciones del sector primario de la región, el consejero ha adelantado que para este año están previstos 240 controles de oficio para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria . En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha revisado en los últimos cuatro años 679 expedientes y ha aplicado 126 sanciones por incumplimiento de esta normativa. «Todo esto sin haberse producido ni una sola denuncia en este caso a la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas», ha apuntado Martínez Lizán. Comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en las Cortes de Castilla-La Mancha JCCM Sobre las demandas agrarias, el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha reconocido que no solo en España, sino en varios países, « hay un clamor por la aplicación de la PAC en la Unión Europea que hay que analizar «. Sin embargo, ha hecho algunas matizaciones a algunas de las reivindicaciones, como por ejemplo las críticas a los ecorregímenes. Así, ha indicado que el 80% de la superficie de la región que los podía solicitar se han acogido de una manera u otra a los diferentes ecorregímenes, por lo que van a hacer «los máximos esfuerzos para poder modificar y ajustarlos a las necesidades reales de nuestra región y que de esa manera les sea más fácil adquirir ese complemento económico que puede facilitar su desarrollo e implementación». «Lo que no es nada bueno es que hayamos escuchado mensajes de que estos ecorregímenes no sirven para nada y que los agricultores no los piden», ha afirmado. Por otro lado, el consejero ha defendido otras medidas del Gobierno regional, como su actuación para erradicar la viruela ovina y caprina y el apoyo a los afectados por la enfermedad hemorrágica epizoótica , que van a disponer en los próximos días también de una ayuda de dos millones de euros. Entre otras cuestiones, también ha señalado que, en materia de regadíos, han sido 186.000 las hectáreas modernizadas y transformadas, con una inversión de más de 260 millones de euros. Y ha anunciado además que se van a desarrollar 25.000 hectáreas más para pasarlas de secano a regadío, con una inversión total de 250 millones de euros . En cualquier caso, Martínez Lizán ha manifestado que comprenden a las personas que realizan estos actos de protesta, «lo que no quita para que se hagan con el máximo respeto por los ciudadanos, que son también los usuarios finales de los productos que realizamos en nuestras explotaciones». «En este sentido, yo creo que además también hay unas reglas del juego que son las que tenemos que cumplir y que en ese sentido están determinadas en cuanto a la participación que se establece desde la Unión Europea, que es quien realmente articula todas las medidas de la política agraria común, para este próximo período, hasta 2027, y que lógicamente tiene unos canales de interlocución que son a través, lógicamente, del Ministerio de Agricultura« , ha concluido.
