Arturo Peris, agricultor de secano en el Matarraña, en Teruel: “Si nada cambia, estamos abocados a desaparecer"
Arturo Peris es agricultor de secano en el Matarraña, Teruel. Tiene 43 años y dos hijos pequeños. No le gustaría que alguno de ellos decidiera dedicarse a trabajar en el campo como él lo hizo en su día. Sus tatarabuelos ya eran agricultores, una tradición que apostó por mantener viva, a pesar de la negativa inicial de su padre. “Él sabía que la agricultura iba a ir a peor, y no quería para mí una vida de disgustos y de incertidumbre mirando al cielo” explica Arturo, que confiesa que su hija pequeña ya entiende por qué los días que llueve su papá está más contento.
En la agricultura, la viabilidad de la explotación no se mide solo por el tipo de cultivo sino también por la extensión de tierra que trabajas. Para que una familia viva del campo las explotaciones de leñosos como media tienen entre 80 y 100 hectáreas. En cereal de secano son necesarias cerca de 300 hectáreas para obtener rentabilidad.
Arturo Peris tiene una explotación de leñosos de cien hectáreas en zona de secano; esto significa que el agua que beben sus árboles depende únicamente de la lluvia que precipite a lo largo del año. Para rentabilizar su producción Peris ha ido comprando tierras y ha apostado por tener cultivos diferentes; aquello de “no poner todos los huevos en la misma cesta”. Actualmente trabaja 50 hectáreas de almendro en secano, y otras 50 de olivo. “Es la fórmula que he encontrado para hacer viable mi explotación, que es de tamaño medio y que solo da para que viva una familia, y no piensen que con cochazos y vacaciones. Más bien con hipoteca, algún préstamo y haciendo muchas cuentas”, aclara el agricultor.
La gente joven de hoy en día se lo piensa mucho antes de hacerse cargo de la explotación familiar, ya sea agraria o ganadera, “pero no por falta de ganas y de vocación” apunta Arturo Peris, “sino porque no ven un futuro claro” añade y concluye “si las cosas no cambian, la agricultura está abocada a desaparecer entre los pequeños agricultores, y entonces, no sé qué van a comer los que ahora están leyendo estas líneas”.
Las protestas del campo que las últimas semanas han copado los telediarios, las tertulias y las portadas de las principales cabeceras de medios en toda España, no son de ahora. “La gente lleva mucho tiempo mostrando su malestar, pero las organizaciones agrarias iban frenando el envite con la esperanza, suponemos, de llegar a acuerdos con la administración”, confiesa el agricultor del Matarraña. Los sindicatos del campo son el enlace entre los profesionales de la agricultura y la ganadería, y el gobierno central, en este caso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, y en última instancia, a través de este con la Unión Europea; donde se toman las decisiones sobre la Política Agraria Común.
Como otros cientos de agricultores en la provincia de Teruel, y los miles del resto de España que se han echado a las carreteras, Arturo Peris también ha participado en las marchas lentas y en la toma de accesos a ciudades y pueblos convocadas los últimos días. Las considera “necesarias” y advierte que se sumará a las movilizaciones que se sigan convocando hasta que “los que tienen capacidad de decidir nos escuchen y veamos que empiezan a hacer algo, más allá de las palabras y las buenas intenciones”.
Las protestas en Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Rumania e Italia han sido el acicate que ha terminado por movilizar a los agricultores y agricultoras también en España. Se han convertido en “movimiento social con movilizaciones de una envergadura tal que no se habían vuelto a vivir desde la crisis lechera de 2009”, como recuerda Edouard Lynch, historiador del mundo agrícola y profesor en la Universidad Lumière-Lyon 2, en declaraciones a medios.
Las primeras convocatorias no tienen origen claro, pero tuvieron la capacidad de unir a un sector “desesperado” al que en algunos casos “no le queda mucho que perder ya” explica el agricultor turolense. Peris asegura que mucha gente, al igual que le ha sucedido a él, se ha unido a las convocatorias con trasfondo político porque “aunque no me representen ideológicamente, la fuerza colectiva es lo importante”. Como participante en las marchas, este agricultor asegura que “quienes participan se están manteniendo al margen de la radicalidad política”, que los propios agricultores “no quieren que los políticos sean la cara visible” de este movimiento, y que han llegado a frenar actitudes poco constitucionales en durante las manifestaciones, rechazando por ejemplo “cierto tipo de banderas y comentarios fuera de lugar”, explica.
“Sin la PAC y sin Europa, España sería yerma”, afirma tajante Arturo Peris. Una idea que cree que muchos profesionales tienen clara. El problema no está pues en la concepción de la política sino en que es “más teórica que práctica” porque en su opinión “se ha tenido poco en cuenta a los agricultores en las reformas”.
Creada en el año 1962, la política agrícola común (PAC) es una política común de todos los países de la Unión Europea que se dirige fundamentalmente al sector agrario y al medio rural. La PAC representa en su origen una asociación entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y sus agricultores. La política ha vivido varias reformas con fines adaptativos. La última modificación entró en vigor en 2023 con un Plan Estratégico de medidas para cuatro años, es decir, hasta 2027.
Aunque, los meses previos a su puesta en marcha, las novedades para este nuevo periodo se iban transmitiendo a los agricultores a través de charlas impartidas por personal técnico de los sindicatos agrarios -recordamos: principales interlocutores con el Ministerio y este con Europa-, algunos matices “se iban quedando en el aire”, apunta Peris, porque “ni los sindicatos sabían en muchas ocasiones cómo iba a resultar la implantación de las nuevas medidas”. Un año después, el sector pide la flexibilidad y simplificación de la actual PAC, una moratoria indefinida para la puesta en marcha del cuaderno digital de explotación, y aligerar la carga burocrática para poder cobrar antes las ayudas.
“Teruel es la España despoblada, aquí tenemos muchas zonas grises de cobertura, y todos los sistemas de control del campo que nos han puesto nuevos necesitan internet para funcionar y muchas veces, no funcionan”, explica Arturo Peris. “Este es un sector que siempre funciona con prueba error, y eso supone pérdidas económicas importantes para los perjudicados que siempre somos nosotros”.
La media de edad de los profesionales del campo supera los sesenta años. Muchos de esos agricultores, que no saben manejar un smartphone, tienen ahora el control de su explotación en una Tablet; el cuaderno de campo digital. La situación es inviable para la gran mayoría.
Esto está haciendo que el 90% de los agricultores tengan que pagar a una empresa externa para que les lleve los asuntos digitales ante el miedo de cometer un error que suponga una infracción que pueda retrasar meses el cobro de las ayudas. “Un gasto más” añade Arturo, que denuncia que detrás de la digitalización del campo, y de la carga de los controles que está recayendo sobre los agricultores, está la reducción de funcionarios públicos y la carencia de controles e inspecciones “en parte por falta de personal”, apunta. Y añade este ejemplo: “si antes un trabajador de una Oficina Comarcal Agraria (OCA) llevaba 300 PACs; detectaba un error, iba a la explotación y lo certificaba. Ahora, con la digitalización, teniendo que ser nosotros los que subamos las fotografías y la información geolocalizada a la herramienta, un mismo funcionario puede hacerse cargo de 3000 expedientes”.
Los agricultores como Arturo denuncian que la PAC pretenda hacer “café para todos” sin tener en cuenta las peculiaridades de un país geográficamente tan diverso como España. Los ecorrégimenes propuestos desde Europa en la nueva reforma para hacer una agricultura medioambientalmente más sostenible y responsable, y de los que cada país se ha acogido a aquellos modelos que ha considerado que ayudarían a flexibilizar la PAC en un intento de adaptarla a las necesidades de cada territorio, no están funcionando en España. “La presión a la que estamos sometidos es enorme, sobre todo los cerealistas, que tienen que hacer cuentas de cuánta parte de tierra dejan para una cosa y cuánta para otra con el fin de cumplir con los requisitos que muchas veces son hasta contraproducentes”, denuncia Peris.
Producir mejor para consumir alimentos más sanos. Ese es uno de los objetivos de la Política Agraria Común, pero para los agricultores choca frontalmente con el sistema de mercado y comercio con países externos. Denuncian que los productos agrícolas extracomunitarios no cumplen las normativas internas de la UE y que, por lo tanto, la política europea es “hipócrita y entra en contradicción”. Peris lo explica con un ejemplo muy plástico. El puerto de Castellón es el principal receptor de cítricos de España. Las mercancías que llegan desde fuera tienen un 40% de descuento en las tasas portuarias que el producto nacional no tiene. Si un barco llegara de Almería a Castellón cargado de limones, no se podría beneficiar del 40% de descuento que sí que tiene un barco que llegue de Sudáfrica, “con un producto que no cumple ninguna normativa ni de producción ni de derechos laborales de la mano de obra”. El incremento en el arancel tiene que repercutir en el precio, por lo que siempre será más caro comprar un limón de Almería que uno extranjero. “Aunque el productor de Almería esté vendiendo a pérdidas”, subraya Peris.
Los agricultores consideran necesario revisar los acuerdos con países como Marruecos, “aunque este utilice la frontera como arma, no podemos ser siempre el sector primario los paganos” y con grandes competidores como Nueva Zelanda, Chile, México, Kenia e India.
“Porque el sistema no tiene capacidad para hacer controles ni inspecciones”, explica Arturo, que recuerda el problema endémico de la falta de personal en la administración pública en el sector primario. Bajo su experiencia, la realidad de los agricultores, sobre todo de aquellos que tienen producto perecedero, es que las cadenas de distribución y los intermediarios ofrecen un precio al agricultor que sabe que no puede competir con un gigante y que, si él no lo acepta, otros lo harán. Por eso algunos terminan dejando el producto en el campo. Además, “muchos no están sindicados, con lo que no tienen una organización agraria que atienda su denuncia, y tampoco tenemos claros cuáles son los mecanismos y las herramientas para defendernos. Nos sentimos desprotegidos, y en esa tesitura, los que están muy mal, aceptan el precio. Tenemos gastos que pagar como cualquier familia”, apunta.
La Ley de la cadena alimentaria, es una normativa que fue aprobada en diciembre de 2021 y que los agricultores y ganaderos consideran que se está incumpliendo de manera sistemática. Ante situaciones de "precios anormalmente bajos”, los convocantes de las movilizaciones explican que es la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) la que debe actuar con inspecciones de oficio.
Arturo sale de casa con su tractor, que hace tres años le costó más de cien mil euros, más IVA, y tardó en llegarle nueve meses. “Era el momento de la pandemia y se dilató la espera, aunque ahora las máquinas siguen tardando en llegar hasta cinco meses desde que la encargas, no ha mejorado mucho”, explica. El juego de ruedas traseras de su tractor cuesta unos tres mil euros “y no son de las más caras”, apunta. Ahora, la pantalla de la torre de repostaje marca cien euros por un depósito de combustible lleno con capacidad para 100 litros. Con un depósito puede trabajar solo un día, y hay épocas en las que está en marcha más de dos semanas seguidas. Los cambios de aceite suben hasta los ochocientos euros “y las averías te las aprendes a reparar tú porque acercarte por un taller es un coste que intentas ahorrar”, confiesa.
Al precio del combustible, cuyo descuento los agricultores están pidiendo que se haga en origen, en el punto de repostaje, y no a final de año, para no tener que adelantar tanto dinero, hay que añadir dos casuísticas más: las restricciones de uso de fitosanitarios en las producciones agrarias, y la sequía.
“Si antes podíamos hacer dos y hasta tres tratamientos, y eran pocos, ahora solo podemos hacer uno lo que significa que, si mis árboles tienen una enfermedad, no puedo tratarlos”, denuncia Peris que le recuerda a la administración pública que los agricultores “no son los principales contaminadores del planeta” y que las medidas a las que les están sometiendo “son desproporcionadas, nos están ahogando”. Sus almendros han tardado entre cinco y seis años en dar una cosecha rentable. Durante esos años, el mantenimiento y cuidado de esos árboles ha supuesto una inversión con un retorno cero. Cada almendro que enferma puede tardar meses e incluso años en recuperarse. Si se seca, hay que arrancar y empezar con otro árbol desde cero.
La sequía que se viene dejando sentir desde octubre ya ha hecho mella en la producción de secano de Peris en el Matarraña. “La lluvia de noviembre no llegó, vamos ya con sed de cara a primavera y esta semana dan temperaturas de 20 grados”, apunta el agricultor que ve cómo este año podría quedarse sin cosecha si los 80 litros por metro cuadrado que necesitarían sus árboles no caen del cielo “y a estas alturas, ya no los espero” añade con resignación.
Un año sin cosecha significa “destinar la ayuda de la PAC para comer y pagar la hipoteca los créditos de adelantar pagos, simiente y tratamientos, dependiendo de la explotación, y por supuesto, no tener dinero para invertir en la siguiente siembra”, relata Arturo Peris. Una situación que está haciendo que muchas explotaciones lo estén pasando “realmente mal” y por eso salen a las carreteras. “Cuando a un agricultor le cuesta tres veces más que mí llenar su depósito y lleva su tractor a una movilización, es porque no le queda ya nada que perder”, declara el turolense.
Este agricultor de 43 años quiere dejar claro que “la situación del campo es muy grave” y vaticina que “si las cosas no cambian, las explotaciones familiares llegarán a desaparecer” y el campo quedará vacío, así como los pueblos. “Lo estamos viendo en el fruto seco”, advierte, “los fondos de inversión se están metiendo en las explotaciones, pero cuando otro producto les de mayor rentabilidad, dejarán los árboles y ¿qué quedará entonces?”, se pregunta Peris.
En este panorama de subida de insumos, adelanto del incremento del coste en el gasóleo de uso agrícola, una PAC excesivamente burocratizada, con una normativa que no se ajusta a la realidad de las explotaciones agrarias ni a las producciones españolas, los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, y el caldo de cultivo del resto de países de Europa, en Aragón, los agricultores y ganaderos también han salido de sus campos para hacerse visibles en las principales ciudades. Porque, según datos de las entidades agrarias en Aragón, la situación se está llevando por delante a más de 200 explotaciones al año.