Hasta ocho años de cárcel para cubanos que estafaron a la Empresa Eléctrica
Entre los acusados hay siete funcionarios de la Empresa Eléctrica: un administrativo, un informático, un inspector y varios cobradores
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AREQUIPA, Perú – Unos 21 cubanos fueron sancionados por el Tribunal Provincial de La Habana tras estafar con “carácter continuado” a la Empresa Eléctrica de la Isla. Las penalizaciones oscilaron desde multas económicas hasta los ochos años de cárcel.
Un reporte de la estatal Televisión Cubana indica que entre los acusados hay siete funcionarios de la Empresa Eléctrica de la capital: un administrativo, un informático, un inspector y varios cobradores. El resto de imputados fueron 14 clientes del sector residencial, considerados “grandes consumidores”, en el municipio Plaza de la Revolución.
A los acusados se les responsabilizó por falsificar documentos bancarios y de comercio para que dicho número de clientes pagasen menos en su factura, a cambio de dinero, equipos “u otras dádivas”.
El Tribunal Provincial de La Habana realizó el juicio tras una investigación interna de la compañía eléctrica estatal. No obstante, el reporte no especificó si las sentencias son firmes.
Las autoridades vinculadas al proceso señalaron que entre los principales implicados figuran el administrador provincial de gestión comercial de la Empresa Eléctrica, quien «alteraba la base de datos» para falsear la factura.
Por su parte, un directivo de la compañía estatal explicó que algunos clientes habían dejado de pagar más de 100.000 pesos (equivalentes a 833 dólares al cambio oficial).
En las últimas semanas la prensa oficial del régimen ha iniciado una de sus campañas mediáticas en colaboración con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y otros órganos gubernamentales, con el fin de dar una imagen de control, autoridad y orden en medio de la crisis económica y la criminalidad que asolan al país.
Como parte de esta nueva cruzada, a inicios de febrero la televisión estatal también reportó sobre unas 130 toneladas de pollo, el equivalente a “la canasta familiar de una provincia mediana”, que fueron robadas de la Empresa Comercializadora de Alimentos COPMAR, de La Habana.
Se trató de 1.660 cajas de pollo hurtadas, que eran vendidas a 3.800 pesos en el mercado informal. La investigación, meticulosamente televisada, tenía entre sus objetivos desviar la opinión pública sobre la escasez de alimentos y exonerar al Gobierno de su responsabilidad en la crisis alimentaria existente en Cuba.
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